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domingo 19 de mayo de 2013

Política social

lunes 9 de julio de 2012

Más de 300 mil personas tendrán que esperar hasta julio de 2015 para cobrar las prestaciones por dependencia

CCOO denuncia que se incrementa el copago de forma generalizada y regresiva en todo el Estado, y se penaliza a trabajadores y pensionistas con rentas modestas

El Gobierno impulsa un Acuerdo en el Consejo Territorial de Dependencia que conlleva paralizar la implantación del SAAD durante tres años. Más de 300.000 personas ya valoradas con grado moderado de dependencia, a las que hay que añadir todas aquellas que no hubieran hecho aún la solicitud, no empezarán a recibir prestaciones hasta dentro de tres años.

Pese a que el gasto social en Dependencia supone un modesto 0’5% del PIB, muy por debajo de la media europea, el Gobierno ha decidido paralizar la implantación del Sistema cometiendo una doble irresponsabilidad. En primer lugar con las personas, al negarles un derecho que tienen reconocido; y en segundo lugar con el empleo, al impedir que puedan crearse 150.000 nuevos puestos de trabajo, según la estimación de CCOO.

Además se aprobará un incremento generalizado y regresivo del copago, una reducción del número de horas a dispensar por el servicio de ayuda a domicilio, se disminuyen las cuantías de las prestaciones económicas para el cuidado familiar y se endurecen indiscriminadamente los requisitos para acceder a ellas.

El gobierno incrementa el copago de todos los servicios hasta el 90% de su coste. En la actualidad el copago medio en los servicios residenciales era del 80% y en ningún caso superaba el 65% del coste en los servicios de proximidad. El precio de referencia sobre el que aplicar el copago podrá incrementarse por parte de las CCAA.

CCOO rechaza por excesivo y regresivo el copago que se va imponer en dependencia. Es social y económicamente injusto, que rentas modestas se igualen con rentas y patrimonios altos a la hora de pagar el máximo establecido, es decir el 90% del coste de los servicios.

Es inadmisible que personas que dispongan de una pensión de 600€ y residan en una vivienda de su propiedad con un valor catastral medio, tengan que pagar por una plaza residencial un importe muy superior al monto de su propia pensión y por tanto inaccesible.

Se ha incrementado y homogeneizado la cantidad mínima de copago que debe operar en el conjunto del Estado, pero cada CCAA podrá incrementar dicha cantidad; por tanto, es falso el argumento de la igualdad que esgrime el Gobierno, máxime si además la regulación del copago a nivel estatal, no ha venido acompañada de la regulación de una cartera básica y común de las prestaciones garantizadas en cada servicio y para el conjunto del Estado.