Confederación Sindical de Comisiones Obreras | 19 abril 2024.

El Gobierno en funciones obstruye la negociación colectiva en las empresas públicas

    CCOO exige que cese la beligerancia obstinada contra los derechos laborales y salariales de las trabajadoras y trabajadores del sector público, que afecta a Renfe, Adif, Puertos del Estado, Grupo Aena, Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, ENSA, ENWESA, ENRESA, ENUSA, NAVANTIA o CDTI, entre otras empresas.

    20/04/2016.

    CCOO denuncia que el Gobierno ha dado instrucciones para detener y bloquear los procesos de negociación colectiva que se están produciendo en diferentes empresas públicas estatales, con criterios que van más allá de las limitaciones que ya impone la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2016.

    Así, en unos casos impide acuerdos salariales que se limitan a aplicar lo establecido en la Ley de PGE (como es el caso de Puertos del Estado y Grupo Aena, esta última con una Junta General de Accionistas prevista para finales de mayo en la que se repartirán dividendos por primera vez desde su privatización parcial), exigiendo además que no se puedan tratar otras materias en su negociación colectiva. En otros, como es el caso de Renfe y Adif, que firmaron acuerdos hace ya cuatro meses, con nuevas exigencias ajenas a lo que dicta la ley, como que se elimine cualquier ultraactividad del convenio.

    Esta es la causa también por la que se bloquea la aprobación del Convenio Colectivo del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), exigiendo en este caso que cambien una cláusula de mantenimiento del convenio que existe desde hace más de 20 años. En otros muchos casos, como la mayoría de las empresas del sector industrial, bloquean la negociación colectiva en su conjunto a la vez que limitan su capacidad competitiva al impedir el relevo generacional en las empresas (ENSA, ENWESA, ENRESA, ENUSA, NAVANTIA, etc.), o retrasan deliberadamente las subidas salariales en empresas públicas estatales que se encuentran bajo su adscripción, como en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

    Para CCOO, esta actitud gubernamental no obedece a una política de control del déficit público, pues en todos los casos en materia salarial se sujeta a lo que establece la Ley PGE. “Obedece a un intento de dinamitar y acabar con la negociación colectiva. Supone, además, una desautorización expresa desde el Ministerio de Hacienda a los gestores de las empresas públicas y, con ello, a los ministerios de los que dependen, como Fomento, Economía e Industria”.

    CCOO exige al Gobierno en funciones que cese la beligerancia obstinada contra los derechos laborales y salariales de las trabajadoras y trabajadores del sector público. Y que acepte los compromisos que los sindicatos alcanzan en las empresas citadas, abriendo el espacio de negociación con la aplicación de las subidas que en los Presupuestos Generales del Estado se han previsto para el conjunto de las empresas públicas afectadas.

    CCOO va a evaluar la situación, promoviendo una campaña de información y movilizaciones, que fuerce el cambio de escenario, reponga los derechos que se tratan de escamotear y se aprueben administrativamente los compromisos adquiridos entre sindicatos y empresas, con pleno respeto a la autonomía de las partes.

    En los próximos días CCOO coordinará las actuaciones sindicales en las diferentes empresas para dar una respuesta unitaria a esta situación. Igualmente tratará de establecer dichas movilizaciones unitarias con UGT y el resto de organizaciones sindicales.

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