Confederación Sindical de Comisiones Obreras | 28 marzo 2024.

La Defensora del Pueblo pide al Ministerio del Interior que se tomen medidas para incrementar el voto por correo desde el exterior

    En respuesta a una reclamación del secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, sobre las dificultades para ejercer el voto a los españoles/as residentes en el exterior

    26/05/2016.

    La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha remitido una carta al secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, en la que responde a las reclamaciones del dirigente sindical, a propósito de las dificultades para ejercer el voto a las que se enfrentan las personas de nuestro país residentes en el exterior. La Defensora del Pueblo cree que el mecanismo establecido por la LOREG (Ley Orgánica del Régimen Electoral) del sistema de voto rogado, y el retraso en la recepción de la documentación electoral por los electores/as, se debe en gran medida, no a la actuación de la Administración española, que en algún caso puntual puede producirse, “sino a la inevitable intervención de los sistemas postales extranjeros, dado que la LOREG exige que la remisión de dicha documentación se haga por correo certificado, sistema que en algunos países es básicamente inexistente”.

    Tras recordar que el organismo que preside había realizado con anterioridad estudios para determinar la viabilidad del voto electrónico vía internet, procedimiento que se pospuso por la falta de seguridad y las dudas respecto al secreto del voto, Soledad Becerril concluye su carta a Toxo, informándole de la siguiente recomendación formulada al Ministerio del Interior:

    “Reforzar los mecanismos de coordinación entre los distintos departamentos ministeriales que participan en la gestión del voto por correo desde el exterior, de cara a eliminar los obstáculos y agilizar los procesos, ante las próximas elecciones del 26 de junio de 2016, de tal modo que la participación electoral de este colectivo en el exterior se incremente y permita su legítima participación en los asuntos públicos, tal y como está reconocido constitucionalmente”.