Confederación Sindical de Comisiones Obreras | 29 marzo 2024.

El Comité Económico y Social Europeo debate tres importantes dictámenes

    El Pleno del CESE ha debatido hoy en Bruselas tres importantes dictámenes, cuyos ponentes son los consejeros de CCOO en dicho organismo, José Antonio Moreno y Javier Doz.

    19/10/2016.
    Sede del Comité Económico y Social Europeo en Bruselas

    Sede del Comité Económico y Social Europeo en Bruselas

    Los dictámenes elaborados por José Antonio Moreno son los que tratan sobre la creación de un Mecanismo europeo de control del Estado de Derecho y los derechos fundamentales, y la propuesta de la Comisión de Reforma del Sistema Europeo Común de Asilo. Javier Doz, por su parte, ha sido ponente del Dictamen que analiza la última propuesta de Directiva sobre la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.

    El primer dictamen, realizado por iniciativa del CESE, pretende complementar el mecanismo de respuesta institucional de la UE frente a los Estados miembros donde se produzcan violaciones de los principios del Estado de Derecho y de los derechos fundamentales. Actualmente, Polonia está sometida a un procedimiento por parte de la Comisión por violación reiterada del Estado de Derecho. Pero este tipo de procedimiento es a posteriori. El Dictamen propone configurar un mecanismo permanente y periódico de monitorización de la situación de respeto a los DDHH en los estados miembros de la UE con participación de la Comisión, el Consejo, el Parlamento Europeo y la sociedad civil, a través del CESE.

    El Dictamen sobre el Derecho de Asilo analiza la reforma del denominado Sistema de Dublín, esto es, el mecanismo de determinación de la competencia de un país para conocer y tramitar una solicitud de protección internacional. La propuesta de la Comisión propone avanzar en la configuración de un sistema europeo común de asilo (denominado SECA), ante el fracaso de la política de “reparto de los refugiados” planteada desde otoño de 2015, que no ha sido ni asumida ni cumplida por muchos estados miembros, especialmente los del denominado “Grupo de Visegrado” que han saboteado cualquier acercamiento al respecto. La propuesta objeto de dictamen –aunque no configura un sistema real común y obligatorio para toda la UE– sí avanza en establecer criterios de proporcionalidad, equidad y solidaridad entre los estados miembros, a fin de asumir la responsabilidad derivada de las obligaciones internacionales en materia de protección de las personas. Asimismo, se amplían las competencias de la Agencia Europea para el Asilo. Por ello, el Dictamen respalda la propuesta.

    Finalmente, el Dictamen que trata sobre la última Directiva europea, la 5ª, contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, apoya las medidas contenidas en la propuesta de la Comisión que llega cuando todavía no se ha transpuesto, en los Estados miembros, la 4ª Directiva y les pide que lo hagan antes del 1 de enero de 2017. Los cambios y la urgencia están motivados por algunos resultados de las investigaciones de los atentados yihadistas de París y Bruselas y por la Publicación de los Papeles de Panamá. Las nuevas medidas propuestas por la Comisión se refieren: al control de las identidades de los titulares reales de empresas, fideicomisos, fundaciones, de los responsables de las transacciones, utilizadores de monedas virtuales y tarjetas prepago (con alguna limitación), etc; a la creación de registros nacionales automatizados y al acceso a los mismos por las Unidades de Inteligencia Fiscal de los Estados miembros; a la ampliación de las entidades que están obligadas a denunciar las actividades sospechosas y sanciones reforzadas para los “terceros países de alto riesgo” (“paraísos fiscales”), etc.

    El Dictamen pone de manifiesto la enorme contradicción que supone inutilizar parte de la Directiva porque la lista de los “paraísos fiscales”, publicada por la Comisión el 14 de julio de 2016, no incluye a los verdaderos (ni uno solo de los 21 mencionados en los Papeles de Panamá) sino a un solo Estado no colaborador, Corea del Norte, y a otros que podrán salir de la misma si cumplen sus compromisos con el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional, estructura de la OCDE encargada de elaborar las normas contra los delitos financieros internacionales y las listas de países y territorios que no colaboran), como Irán, Iraq, Siria, Yemen, Afganistán y otros. También pide que haya un capítulo contra el fraude fiscal, el blanqueo y los paraísos fiscales en todos los tratados de libre comercio o asociación económica; que la directiva pueda aplicarse a los territorios de la UE con regímenes fiscales especiales; que se legisle de un modo más articulado con los delitos conexos; y que se estudie reforzar las sanciones contra autoridades y particulares que utilicen los datos personales registrados de un modo ilegal o abusivo.