Confederación Sindical de Comisiones Obreras | 28 marzo 2024.

El Gobierno prorroga los contratos de las agencias privadas de colocación sin realizar evaluación

    CCOO considera que no están funcionando los mecanismos de seguimiento y control, y que las agencias de colocación están incumpliendo la obligación de comunicar mensualmente los contratos suscritos, las personas atendidas y el número de ofertas de trabajo captadas, lo que no permite evaluar realmente la colaboración público-privada y mejorarla, en su caso.

    04/11/2016.

    Para CCOO, nuevamente asistimos a un ejemplo de los grandes déficits de nuestras políticas públicas, la carencia de seguimiento y evaluación de las mismas cuestión de gran importancia para el diseño, implementación y corrección de los posibles problemas detectados en su aplicación.

    La norma que regula el Acuerdo Marco con agencias de colocación para la colaboración con servicios públicos de empleo en la inserción en el mercado laboral de personas desempleadas contempla un instrumento (la Comisión de Seguimiento) responsable de la dirección, inspección y control del Acuerdo. Sin embargo, tras dos años de la selección de las agencias privadas adjudicatarias del Acuerdo Marco y su puesta en marcha, la Comisión de Seguimiento se reunió por primera vez el pasado 27 de julio (en la que no participan los interlocutores sociales), después de haber decidido el SEPE la prorroga por dos años de los contratos de las agencias de colocación, cuando la normativa que lo regula establece que cómo mínimo la Comisión ha de reunirse dos veces al año.

    A fecha de hoy sólo se dispone de un informe provisional, donde no están contemplados los datos del conjunto de Comunidades Autónomas y Servicio Público de Empleo Estatal, y en el que los datos proporcionados son globales y referidos exclusivamente a:

    personas enviadas desde los servicios públicos de empleo (189,979),personas atendidas por las agencias (81.635),personas colocadas (8.051)Envíos a ofertas de empleo (67.743)Acciones de información (84.334), orientación (129.852), y formación (16.212)No comparecencias (9.330)Rechazos, ofertas de empleo (287), orientación (1.138) y formación (106)

    Desde CCOO entendemos que un informe de evaluación debe abordar no sólo las cifras globales de personas atendidas, colocadas, etc., debe incluir como mínimo información sobre las características de los usuarios, actuaciones realizadas, resultados obtenidos, porcentaje de inserción, características de los contratos y ejecución presupuestaria detallada. Deben ser informes lo más completos posible, de modo que sea útil para evaluar realmente la colaboración público-privada y mejorar, en su caso, el contenido.

    Nos preocupa que no estén funcionando los mecanismos de seguimiento y control de los contratos. Asimismo nos inquieta que se esté incumpliendo con la obligación de las agencias de colocación de comunicar mensualmente los contratos suscritos, las personas atendidas, y el número de ofertas de trabajo captadas.

    Y como colofón, a pesar de las reiteradas demandas de información de las organizaciones sindicales sobre la evaluación y sus resultados, que se responda por parte de los responsables de la administración que no había disponibilidad de datos, cuando en el mes de agosto ya se había transmitido a los medios de comunicación estos resultados provisionales, y fue posteriormente en el mes de octubre cuando se envía a los interlocutores sociales el informe provisional. Por último, se desconoce cuál ha sido el criterio utilizado para prorrogar los contratos, si todavía no se ha realizado la preceptiva evaluación previa.

    La colaboración público-privada puede ser positiva siempre que no suponga un recorte de los servicios públicos y su asfixia, para financiar a las entidades privadas, y es imprescindible que se evalúe periódicamente su funcionamiento.

    CCOO considera que los servicios públicos de empleo (SPE) constituyen una pieza clave para dinamizar el mercado de trabajo y ayudar a las personas desempleadas a mejorar sus posibilidades de encontrar un empleo, y que las políticas activas de empleo (PAE) son un instrumento necesario para dar respuesta a las necesidades de empresas y trabajadores y mejorar su conexión con la política educativa y formativa. Por ello, reitera la necesidad de incrementar la inversión pública en los SPE y PAE. En el caso de los SPE para dotar a las oficinas de empleo de los recursos necesarios tanto de personal como de las herramientas adecuadas, para facilitar y garantizar su eficacia y su papel relevante en la intermediación en el empleo y no sustituir la iniciativa pública por la privada para aquellas tareas y funciones que son responsabilidad única de los SPE.