Confederación Sindical de Comisiones Obreras | 24 abril 2024.

CCOO lamenta la decisión del Parlamento Europeo de impedir que los tribunales europeos se pronuncien sobre el ICS

    En opinión de CCOO, estamos ante un hecho grave si nuestros representantes en el Parlamento Europeo niegan la posibilidad de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie sobre la compatibilidad del Sistema de Tribunales de Inversión (ICS) contenido en el Acuerdo Económico y de Comercio (CETA), firmado entre la UE-Canadá.

    24/11/2016.

    Hace tan sólo unos días, CCOO instaba a los eurodiputados españoles a votar a favor de la iniciativa presentada por 89 miembros del Parlamento Europeo, en la que se solicitaba el dictamen del TJUE sobre la compatibilidad del ICS con la legislación Europea. Hoy conocemos el lamentable resultado de la votación: 258 votos a favor, 419 en contra y 22 abstenciones. Si el resultado en sí mismo es preocupante, la posición de rechazo a la propuesta, manifestada por los eurodiputados del PSOE y del PP, es decepcionante. Es especialmente frustrante cuando, sin embargo, al menos 63 eurodiputados del Grupo Socialista y Socialdemócrata Europeo (S&D) de otros países, sí votaron a favor de la iniciativa. Entre los parlamentarios españoles que también han votado a favor, se encuentran los eurodiputados de Izquierda Plural (IU-ICV-ANOVA) y Podemos.

    En CCOO pensamos que negar la posibilidad de obtener las mayores garantías jurídicas, con independencia de cuál hubiese sido el resultado, deslegitima de entrada el instrumento en cuestión y nos lleva a concluir que, efectivamente, los intereses de los inversores extranjeros prevalecen sobre los de los ciudadanos, europeos y canadienses.

    CCOO reitera su rechazo a un tratado de comercio e inversión como el CETA, que supondrá la devaluación de los derechos y los estándares europeos en cuestiones como las relaciones laborales, el medioambiente, la seguridad alimentaria o los servicios públicos y que con un instrumento como el ICS, subordina las decisiones de los parlamentos nacionales y europeo y a sus tribunales, a los intereses de los inversores, sin ni siquiera haber permitido que el TJUE se pronuncie sobre su compatibilidad con las normas fundamentales europeas.

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