Por dignidad y justicia: ¡No más cortes de luz!

    Artículo de opinión de Ramón Górriz, secretario de Acción Sindical de CCOO, y José Campos, secretario de Relaciones Institucionales de CCOO

    07/12/2016.
    NoMásCortesDeLuz

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    En la campaña que bajo el lema “El acceso a la energía, un derecho para tod@s” viene desarrollando la Federación de jubilados y pensionistas de CCOO, se denuncia que al año mueren 7.000 personas por patologías agravadas por no poder mantener sus casas con una temperatura adecuada. Se trata de las consecuencias extremas de la pobreza energética, un fenómeno que afecta en diferentes grados a más de cinco millones de personas en nuestro país y que se ve agudizado con la llegada del invierno.

    La crisis, y el duro ajuste fiscal que el Gobierno está implementando para hacer frente a la misma, han supuesto un gran incremento de la pobreza y la desigualdad social. Una deriva que la precaria salida de la crisis no corrige, puesto que las mejoras sólo son evidentes en la macroeconomía y en los balances de la banca y las grandes y medianas empresas, que en los últimos trimestres suman notables beneficios. Por su parte, las grandes empresas eléctricas han ganado 56.000 millones de euros en estos años de crisis.

    La crisis, las reformas laborales y el austericidio han empobrecido a gran parte de la población, 5,9 millones de asalariados ya cobran menos del salario mínimo, mientras que un 28,6% de los españoles está en riesgo de pobreza y exclusión social, muchos de ellos pensionistas. Un gran número de personas sólo subsisten gracias a la caridad, malvive con los trapicheos de la economía sumergida y/o las ayudas públicas. La pobreza y la exclusión social se abren paso en el paisaje patrio como un daño colateral de las soluciones fiscales y de empleo impuestas por la Unión Europea y aplicadas de forma entusiasta por el Gobierno de Rajoy, en aras de la recuperación y de la estabilidad presupuestaria.

    A estas políticas de empobrecimiento generalizado, a las que, desde CCOO se vienen planteando las correspondientes alternativas, se ha venido a sumar un desmesurado encarecimiento de las facturas de electricidad y gas, con incrementos entre 2008 y 2014, del 73% y del 67%, respectivamente, que han colocado estas tarifas entre las más caras de Europa. Si además se tiene en cuenta que las viviendas que habitan las familias con menos recursos son, por regla general, las que sufren mayores deficiencias de aislamiento, se explica el enorme crecimiento de la pobreza energética durante los últimos años. Por ello, no nos cabe duda de que las políticas sólo serán eficaces en este ámbito si se afrontan de forma integral las referidas causas de la pobreza energética: empobrecimiento de las personas, tarifas energéticas abusivas y pésimo aislamiento de las viviendas.

    El pasado 14 de noviembre, prensa, radio y televisión informaban sobre la trágica muerte de una solitaria anciana de 81 años. Rosa Pitarch Vicente perecía en su hogar asfixiada entre llamas y humo, hacía meses que le habían cortado la luz por impago y desde entonces se alumbraba con unas velas. Ella era una de las 83.000 afectadas por cortes de suministro eléctrico por un tiempo superior a un mes que se producen en España. Con Rosa no funcionó la cautela prevista por la Ley 24/2015 de pobreza energética de Cataluña, que obliga a las suministradoras de luz, agua y gas a informar previamente a los servicios sociales del corte del suministro por impago. Una muerte tan triste como evitable. No hubo ni humanidad ni piedad con ella porque los beneficios económicos siguen siendo muchos para algunos y sus intereses priman sobre la mayoría de las personas y cuentan con el beneplácito o la incompetencia manifiesta de los poderes públicos.

    A lo anterior se ha venido a unir la reciente anulación por los tribunales del sistema de financiación del denominado bono social eléctrico, el único instrumento existente a nivel estatal establecido para intentar paliar esta pobreza energética, pero que ha resultado totalmente insuficiente. Tanto por la escasa cuantía del descuento de la factura que proporcionaba y por dejar fuera a los consumidores de gas, como por no llegar a gran parte de los consumidores vulnerables, mientras se acogían al mismo familias numerosas con altos ingresos y propietarios de segundas residencias.

    Aunque la pobreza de las personas no debiera tener apellidos este caso de “pobreza energética”, dada su trascendencia, ha provocado diversas muestras de protesta popular junto al rasgamiento habitual de vestiduras y fuego cruzado de los grupos políticos, aunque la mayoría de la Mesa del Congreso vetó que el ministro del ramo energético tuviera que incomodarse y dar unas mínimas explicaciones a la Cámara. No obstante, el caso de Rosa, la referida anulación del sistema de financiación del bono social y la actual composición del Congreso de los Diputados, ha permitido plantear el debate parlamentario en torno a esta pobreza energética con una mayor ambición. Así, hace unos días y a instancia de Unidos Podemos, una mayoría de diputados acordó algo tan coherente como instar al Gobierno a impulsar una normativa que reconozca la energía como un bien público y común y establezca la garantía de que todos los hogares tengan acceso a los servicios energéticos esenciales, es decir, que no se puedan producir cortes de suministro por la falta de pago de familias sin recursos. Además de establecer tarifas asequibles y progresivas, reducir la fiscalidad y la puesta en marcha de una serie de reformas del mercado eléctrico, destinadas a combatir los abusos de las compañías eléctricas y mejorar la situación de los consumidores.

    En cuanto a la reacción social al tema de la pobreza energética, ésta se ha concretado el pasado día 24 de noviembre, cuando colectivos y organizaciones sociales presentaron el manifiesto “#NoMásCortesDeLuz”. El escrito, apoyado por el momento por 22 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Comisiones Obreras, contiene una serie de reivindicaciones en línea con lo ya comentado. En primer lugar y de forma urgente, la declaración de una tregua invernal para que este invierno no se produzcan cortes de luz por impago, además de la puesta en marcha de una auténtica tarifa social, reducción de la carga fiscal de estos suministros y una reforma del mercado eléctrico que lo equilibre a favor de los consumidores.

    Se ha puesto en marcha una campaña de recogidas de firmas de este manifiesto en la web nomascortesdeluz.org, en la que decenas de miles de personas ya han firmado y cabe esperar que más organizaciones se adhieran a esta iniciativa. Así mismo, se están preparando actos en diferentes ciudades para el próximo día 21, coincidiendo con el inicio del invierno, en colaboración con las correspondientes organizaciones territoriales y desde nuestro Sindicato hacemos un llamamiento para movilizarse y apoyar estas iniciativas.

    En paralelo a estas iniciativas, la plataforma está elaborando una propuesta detallada de Bono Social Energético, que será presentada a los grupos parlamentarios de cara a los debates para la reforma de la actual regulación. Bono Social cuyos elementos básicos consideramos que deben pasar de forma inexcusables por la inclusión de los suministros de electricidad y gas, se adjudique únicamente con criterios de renta de las unidades familiares, suponga un ahorro sustancial de las facturas, esté financiado por el conjunto de empresas del sector eléctrico y venga acompañado de una reducción de la carga fiscal de estos suministros, en el marco de un modelo fiscal justo, progresivo y suficiente. En este sentido, consideramos que no pueden ser admisibles los intentos de lavado de cara del actual bono social que se traducen de los anuncios del Gobierno, así como de otras iniciativas parlamentarias en este ámbito.

    Tenemos una ardua tarea para transformar la apatía de muchos y la vergüenza de las víctimas en rebeldía. Sumando voluntades en esta iniciativa de #NoMásCortesDeLuz ganaremos en solidaridad y estableceremos nuevas sinergias para la lucha organizada a favor de soluciones más justas y razonables a la crisis. Más derechos y menos caridad.

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