La movilización ciudadana ha impulsado las primeras medidas contra la pobreza energética

    Las calles de decenas de ciudades españolas han sido escenario este miércoles de manifestaciones para exigir la prohibición de los cortes de luz a las personas sin recursos económicos, convocados por la plataforma #NoMásCortesDeLuz, de la que forman parte CCOO y otras 25 organizaciones. Para CCOO y UGT, la movilización ciudadana ha impulsado y acelerado la puesta en marcha de las primeras medidas que, aunque insuficientes, son un primer paso en la buena dirección.

    22/12/2016.
    Cabecera de la manifestación celebrada en Madrid

    Cabecera de la manifestación celebrada en Madrid

    Miles de personas se han manifestado este miércoles en 60 ciudades contra los cotes de luz a las familias sin recursos y las tarifas abusivas. Junto a estas reivindicaciones, la Plataforma #NoMásCortesDeLuz defiende la creación de una tarifa social, en sustitución del actual bono social, el reconocimiento y devolución por parte de las grandes eléctricas de los 3.500 millones de euros que cobraron indebidamente en conceptos de Costes de Transición a la Competencia (CTCs); una Auditoría al sistema eléctrico, con el objetivo de determinar el precio real de las tarifas eléctricas, y la aAplicación del tipo de IVA superreducido a la electricidad, que pasaría del 21% actual al 4%.

    En un comunicado conjunto CCOO y UGT valoran estas movilizaciones #NoMasCortesDeLuz, impulsada por diferentes organizaciones sociales y sindicales, que contó con la participación de miles de personas.

    Acuerdo insuficiente

    Para CCOO y UGT, el acuerdo anunciado por PP y PSOE de prohibir los cortes de luz a las familias más vulnerables es un primer paso en la buena dirección, aunque insuficiente, para reducir los altos niveles de pobreza en nuestro país, que debe ser completado con la creación de una auténtica tarifa social (de reducida cuantía dirigida a las familias con bajos niveles de renta) que sustituya al actual bono social, ya que éste solo supone la reducción de un 25% en la tarifa y no protege a las rentas más bajas.

    Este acuerdo para la prohibición de los cortes de suministro eléctrico a las familias en situación de pobreza energética severa resulta insuficiente, puesto que debe completarse, de forma inexcusable, con una extensión del mismo a los suministros de gas y la puesta en marcha de un procedimiento urgente que permita su aplicación inmediata. En este sentido, los sindicatos no consideran admisible que se retrase su aplicación al mes de marzo o abril, condenando de esta forma a miles de personas a pasar frío este invierno debido a los plazos de tramitación de las normas. No nos cabe duda de que, si hay voluntad política, se pueden arbitrar mecanismos para adelantar esa protección.

    En cuanto a la negociación que ha dado lugar a este acuerdo, que intenta frenar las movilizaciones, además de excluir al resto de fuerzas parlamentarias que han venido manifestando su apoyo a las propuestas presentadas contra la pobreza energética, desde ambas organizaciones denunciamos que no tiene cabida en un tema de tanto calado social como éste. Situación que debería corregirse para intentar el apoyo unánime del Parlamento.

    Para hacer frente de forma efectiva al grave problema de la pobreza, esta primera medida debe complementarse con la regulación de una tarifa social que ampare a todos los consumidores de luz y gas cuyos ingresos se encuentre por debajo de los límites que se establezcan. Tarifa que se debe estructurar en varios tramos en función de las rentas y con diferentes niveles de ayuda y para cuya tramitación parlamentaria se debería contar con la participación de las organizaciones sindicales que venimos presentando propuestas en este ámbito.

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