Toxo defiende en el Congreso la ILP que regula una renta mínima estatal para desempleados sin prestaciones

  • La Iniciativa Legislativa Popular impulsada por CCOO y UGT se registró en el Congreso avalada por la firma de 700.000 personas. Esta Renta Mínima estatal garantizaría una prestación de 426 euros/mes para 2,4 millones de parados sin ninguna prestación, de los que el 62% son mujeres.

19/01/2017.
Toxo interviene en el Congreso

Toxo interviene en el Congreso

El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, ha comparecido esta tarde en el Congreso de los Diputados para defender la toma en consideración de la Incitativa Legislativa Popular, impulsada por CCOO y UGT, para la aprobación de una Prestación de Ingresos Mínimos que garantice una prestación a los desempleados sin ingresos mientras se mantenga su situación de necesidad.

Toxo ha señalado que esta prestación se propone como un instrumento estructural, no pensado exclusivamente como fórmula de choque coyuntural frente a la crisis. En opinión de CCOO esta prestación debe desplegar efectos, aunque ya son tardíos, sobre la situación de necesidad que sufren quienes aún padecen la crisis, pero debe, también, ponerse en marcha para servir como red de protección social para todos los ciudadanos en próximas crisis.

Para CCOO es claro que la crisis no ha hecho sino acentuar la incapacidad del sistema de protección social para atender una creciente demanda de colectivos que no encuentran una adecuada cobertura en el esquema tradicional. Se trata, por tanto, de un problema de cobertura e intensidad en la protección social que se ha visto intensificado por la situación económica que venimos sufriendo los últimos años, pero que incluso en momentos de bonanza económica muestra su insuficiencia y precisa de una reforma en profundidad.

En este sentido, el secretario general de CCOO ha incidido en que, pese a la incipiente recuperación económica, aún hay cerca de 4 millones de parados, de los que la mitad no tienen ninguna prestación por desempleo; hay más de 667.000 hogares en los que ninguno de sus miembros percibe cualquier tipo de rentas salariales (salario, prestaciones, pensiones, etc.) según la EPA, y el 6,3% de la población (casi 3 millones de personas) sufre una situación de carencia material severa según la última Encuesta de Condiciones de Vida. De hecho, pese a que el indicador medio de pobreza se ha reducido en 2016, en los grupos de edad más jóvenes (menores de 29 años) y de edad intermedia (mayores de 45 años) sigue creciendo.

Los requisitos básicos de la prestación que ahora arranca su tramitación parlamentaria son tener entre 18 y 65 años de edad, encontrarse en situación de no ocupado, no percibir prestaciones de desempleo, carecer de ingresos individuales y de los miembros de la unidad familiar establecidos en el 75% del SMI. La cuantía general a la que se genera derecho es la equivalente al 80% del IPREM (426 euros/mes), la misma referencia utilizada en el caso de los subsidios de desempleo, dejándose abierta la posibilidad de incrementar dicha cuantía cuando existan además cargas familiares.

CCOO, a partir de explotaciones del INE, calcula que el número potencial de beneficiarios directos de esta prestación será de 2,4 millones de personas, de los que el 62% son mujeres. Asimismo, como consecuencia de lo anterior, se verán beneficiados 2 millones de hogares, en los que residen un total aproximado de 6,6 millones de personas.

CCOO calcula el coste de esta prestación en 12.000 millones euros (1,05% del PIB). Se trata de una cifra importante, pero perfectamente asumible en el marco de nuestra economía, no sólo porque la ratio inversión/beneficio social está sobradamente justificada, sino por el amplio margen fiscal que presenta nuestro país. Debemos recordar que el diferencial de ingresos fiscales y de gasto social, en términos de PIB, de España respecto de los países de la zona euro se sitúa entre 5 y 6 puntos porcentuales.

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