El mantenimiento de la paz durante estas seis décadas en el continente, la democracia y un mercado común y una moneda (casi) única son los principales logros de la integración europea. Asímismo, cabe destacar los altos niveles de educación, innovación, desarrollo tecnológico, protección de los derechos humanos y libertad de movimiento que se han alcanzado en Europa.

Para España, la entrada en la UE ahora hace 31 años, supuso el regreso al ámbito internacional, la constatación de que la democracia se había restablecido, la modernización de la economía, el desarrollo de un incipiente estado del bienestar. Pero también un impacto sobre los trabajadores y sus organizaciones, puesto que la economía, pero también las condiciones de vida y trabajo, pasaron a referenciarse a nivel europeo.

Sin embargo, a pesar de todos estos aspectos positivos que deben destacarse, el proyecto de construcción europea ha fallado en una cuestión fundamental: no ha sido capaz de culminar el modelo social europeo.

Europa no ha conseguido ser la Europa de las personas, la justicia, los derechos y el progreso. La pretensión de la Cumbre de Lisboa en 2000 de conseguir la mayor competitividad económica al tiempo que la máxima cohesión social ha fracasado. En cambio, la desigualdad y la desprotección social crecen entre los y las ciudadanas de la Unión.

Las instituciones europeas se han ido mostrando incapaces y al tiempo, poco comprometidas, en la armonización fiscal, financiera y, sobretodo, social con normas comunes que superen las lógicas nacionales, como sí lo han hecho con las políticas económicas y monetarias.

El pilar social europeo, que debía suponer el aumento de la dimensión social de Europa o lo que es lo mismo, mejorar las condiciones de vida y trabajo y la protección social, asegurar servicios públicos de calidad, más y mejor trabajo y garantizar el diálogo social, parece que quedará en una mera declaración de intenciones sin dotación presupuestaria suficiente ni un carácter vinculante que permita exigir su cumplimiento por parte de los Estados, a diferencia de lo que ocurre con las cuestiones económicas y monetarias.

La deslegitimación de las instituciones europeas va en aumento. Arrastran graves déficits democráticos y la ciudadanía se siente muy alejada de la toma de unas decisiones a nivel europeo que tienen un impacto directo sobre su vida. Pero esta desconfianza y alejamiento se debe, principalmente, a las políticas de la UE que han socavado derechos a los ciudadanos que debían depositar su confianza en ella. La mala gestión lleva al euroescepticismo, el ultranacionalismo, la xenofobia y el resurgimiento de la ultraderecha en Europa.

Por otro lado, el Brexit supone un duro golpe al proyecto de integración europea. La salida de Reino Unido puede ser el inicio de un proceso de desintegración de la UE por el aumento del euroescepticismo en parte de los estados miembros. En todo caso, evidencia que la Unión ha dejado de ser atractiva para parte de los europeos, aunque tampoco puede perderse de vista que el interés de los británicos con la UE ha sido como Unión Comercial, sin asumir el compromiso con las políticas de solidaridad europeas (Unión Social y Política). El reto es que la negociación de la salida de Gran Bretaña de la UE se realice, no como un acuerdo de libre comercio, sino como un acuerdo social y económico que garantice, entre muchos otros derechos, la salud, el medio ambiente, Schengen, los derechos, los puestos de trabajo y las condiciones de vida de los trabajadores.

Si el gran momento de la Unión Europea coincidió con la firma del Tratado de la Unión en Maastrich en 1992 y el establecimiento de un área económica con una moneda común, 2005 con el fracaso de la Constitución europea, puede considerarse el embarrancamiento del proyecto europeo y el inicio de la renacionalización de las políticas.

A pesar de los esfuerzos de la Comisión Europea con la publicación del Libro blanco sobre el futuro de Europa, más elementos ensombrecen el aniversario de la creación de la Unión Europea. El documento de la Comisión, en un ejercicio de autocomplacencia y ausencia absoluta de autocrítica ni propósito de enmienda, propone cinco escenarios posibles para el futuro de Europa, que van desde el inmovilismo hasta que la UE asuma mayores competencias, pasando porque la UE quede reducida a un mero mercado único, exista una mínima intervención europea o se establezcan alianzas entre Estados en determinadas materias. Sobre cada uno de los escenarios se proyectan las diversas políticas y se establecen las ventajas y desventajas. Finalmente, se insta a los Estados a establecer debates sobre estas propuestas.

En su reflexión sobre hacia donde debe dirigirse Europa, la Comisión olvida mencionar la crisis de la cohesión social en Europa. Tampoco hace alusión a la vergonzosa gestión de la crisis humanitaria de los refugiados, ni al incumplimiento de la normativa internacional sobre asilo y refugio, ni de los derechos humanos ni a la insolidaridad de la mayoría de los estados miembros ante la pasividad de las instituciones europeas, ni al ruin acuerdo con Turquía para la expulsión de personas refugiadas de la UE.

No se cuestiona el fracaso que han supuesto las políticas de austeridad y de recorte de derechos para la recuperación económica y el crecimiento, y sobre todo cómo han impactado sobre las personas, especialmente las más vulnerables, cómo estas políticas se han debilitado y, en demasiados casos, han dilapidado el Estado del Bienestar y los sistemas de protección social. No se entra a analizar el debilitamiento del diálogo social y el papel de los sindicatos, como consecuencia de estas políticas que recortan también derechos sindicales.

No se cita a los millones de europeos condenados a la pobreza, la exclusión, el desempleo y la precariedad laboral que han generado las reformas laborales impuestas. Unas reformas centradas en demoler la negociación colectiva y los derechos laborales y sindicales, que imponen la devaluación interna de costes salariales para ganar competitividad. Tampoco cómo los ajustes de los sistemas de pensiones condenan a la pobreza a pensionistas y empeorarán las futuras pensiones.

No se analizan las nefastas condiciones de miles de trabajadores transfronterizos sin derechos y que sufren abusos y dumping social en Europa.

La laxitud en la lucha contra el fraude, la evasión y la elusión fiscal y la falta de voluntad por armonizar las políticas fiscales en Europa, también han sido obviadas.

Los ciudadanos del sur de Europa continúan sometidos a los dictados de la Troika mientras el sistema bancario fue “rescatado” con dinero público, al tiempo que las personas que siguen soportando los efectos de la crisis siguen oyendo hablar de recuperación económica a una Comisión Europea que no asume ninguna responsabilidad sobre la gestión de aquella, ignorando que es desigual entre Estados y que, en la mayoría de los casos, los ciudadanos no la están percibiendo.

En ningún momento se insinúa un cambio de rumbo de la política europea hacia un modelo social; de hecho ni se menciona el pilar social europeo, ni la reversión de esas políticas de austeridad que han contribuido a prolongar e intensificar los efectos de la crisis, como una forma de reducir la desigualdad en Europa.

Nuestra confianza en el proyecto europeo

Desde CCOO y desde el sindicalismo europeo representado por la Confederación Europea de Sindicatos, seguimos creyendo en el proyecto europeo. La UE debe basarse en la cooperación, la solidaridad y la justicia social si quiere evitar el colapso. Queremos una Europa mejor y más justa. Y para ello son necesarias políticas diferentes, mayor participación ciudadana, una convergencia al alza de los derechos, la protección social, la mejora de las condiciones de vida y trabajo y la reducción de la desigualdad.

Es imprescindible un crecimiento económico sostenible y para ello es preciso un plan de inversiones más ambicioso que el Plan Juncker que permita el crecimiento y la creación de empleo de calidad. Para ello, la UE debería ser capaz de movilizar inversión pública a través del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y del Tesoro de la UE.

Europa debe refundarse políticamente, porque solo podrá recuperar la confianza de la ciudadanía si se aplican las reformas necesarias.

Este 60 aniversario de la constitución de la Unión Europea y la necesidad de modificaciones de los Tratados como consecuencia de la salida de la Gran Bretaña de la UE pueden ser una buena ocasión para redefinirse.

La refundación de la UE debe basarse en tres elementos. El primero es que se produzca la auténtica unión económica y monetaria, al tiempo que la armonización fiscal que evite el dumping entre los estados e impulse una fiscalidad progresiva. El segundo es relanzar la dimensión social europea con un pilar social que incluya objetivos básicos, sociales y laborales, entre otros, un salario mínimo, la protección por desempleo, un ingreso mínimo garantizado, una prestación social europea... Este contrato social que propusimos desde la CES debe asegurar servicios públicos de calidad y universales y la restauración de la negociación colectiva y el diálogo social. El último elemento es el fortalecimiento de la democracia con mayores competencias para el Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales sobre la gobernanza económica.

En la declaración que surja de la Cumbre de Roma de los 27 estados miembros, que se celebrará para conmemorar el 60 aniversario de la firma del Tratado constitutivo de la Unión, tampoco debería olvidar incluir una respuesta clara y diferenciada a la migración y las personas refugiadas, el compromiso de armonización de la política de asilo, el refuerzo de la libre circulación y una posición sobre seguridad que en ningún caso fomente el odio entre comunidades ni pretenda justificar recortes de derechos y libertades.

60 años después de su constitución, Europa tiene futuro siempre que recupere la esencia inicial del proyecto europeo y la confianza de los europeos. Como dijo Jacques Delors «Si la elaboración de políticas europeas compromete la cohesión y sacrifica las normas sociales, el proyecto europeo no tiene posibilidad alguna de recibir el apoyo de los ciudadanos europeos».