La marcha de la economía apunta a que en 2017 se recuperará el PIB perdido a lo largo de la recesión y que incluso se superará en un 2,5% el nivel real previo a la crisis. Esta recuperación se reparte, sin embargo, de manera muy desigual: mientras que los beneficios se elevan un 5,5% por encima de su nivel de pre-crisis, continúan por debajo la remuneración de asalariados (-0,5%), el empleo (-10,1%) y la inversión (-25,7%). La razón es una política económica que renuncia a fomentar las actividades productivas desde la inversión y el presupuesto público, y que impulsa el crecimiento mediante el aumento de la desigualdad en el mercado de trabajo.

La variación anual de los precios en mayo, 1,9%, se desacelera siete décimas con respecto a la de abril, debido a que se supera el período de caída en los precios del petróleo observada durante los primeros meses del año pasado. El índice general converge con la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni energía), que, a su vez, recorta su variación en dos décimas, hasta el 1%. Es de esperar que la diferencia entre ambas tasas se mantenga en los siguientes meses y se recorte en el último trimestre, cuando los precios del petróleo volvieron a repuntar. La escasa inflación estructural, que muestra el mantenimiento de la inflación subyacente en el entorno del 1% durante los últimos 10 meses, es un motivo de preocupación, pues se basa en la desaceleración de la demanda interna, lo que significa menos empleo y una reducción más lenta del elevado paro. El crecimiento se mantiene, no obstante, alrededor del 3% gracias al aumento de la demanda externa, pero las mejoras con origen en el sector exterior se filtran poco al resto de la sociedad debido a que las exportaciones están muy concentradas y son poco intensivas en trabajo.

El aumento anual de los precios en mayo se explica por una aceleración en el precio de los servicios de comunicación (2%) y un incremento, aunque a tasas más moderadas, del transporte (3,4%), que recorta su variación en tres décimas por la caída de los carburantes; asimismo cae el precio de los paquetes turísticos, tras la semana santa, y se produce una menor subida en las prendas de vestir y calzado en comparación a la del año pasado. Los precios cayeron una décima en variación intermensual por la caída de los paquetes turísticos, del precio del crudo y el transporte aéreo, que compensaron las subidas del precio del vestido y calzado por la nueva temporada primavera-verano, de las frutas frescas, carne, aceite y grasas, y del gas y la electricidad en los hogares.

El Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) cae seis décimas en España hasta el 2%, y recorta una décima su diferencia con el de la Eurozona (1,4% anual, cae medio punto). El IPCA subyacente (sin energía y alimentos frescos) se situaba en abril en el 1,2% interanual en España, igual que en la Eurozona y todavía muy por debajo del 2% referencia del Banco Central Europeo. La baja inflación y el débil crecimiento económico europeo justifican mantener la política monetaria expansiva del BCE y aplicar una política presupuestaria expansiva en el conjunto de la UE que abandone las políticas de austeridad como objetivo prioritario, e impulse el crecimiento y el empleo, para reducir los 16,2 millones de desempleados de la Eurozona, de los que más de la cuarta parte reside en España.

Los salarios, la principal fuente de renta de los hogares, han tenido un incremento del 1,27% hasta mayo en los convenios colectivos, mientras que los precios aumentaron un 2,53% de media en el mismo periodo, resultando una pérdida de poder de compra del 1,23% en los salarios pactados durante los primeros cinco meses del año. Entre los empleados públicos la merma ha sido aún mayor, pues la subida presupuestada de sus remuneraciones fue del 1%. Junto a estas dinámicas, el salario medio se sigue recortando (-0,8% anual en el IV trimestre de 2016), debido a la devaluación en los salarios de entrada y de los trabajadores que conservan su empleo (vía artículo 41 del ET reformado en 2012), así como por la ubicación de gran parte del nuevo empleo en sectores de poco valor añadido. En paralelo, las pensiones públicas, otra de las fuentes de renta más importantes para muchas familias de jubilados y hogares vulnerables, sólo aumentaron un 0,25%, con lo que durante los cinco primeros meses del año han perdido un 2,22% de poder adquisitivo.

Fortalecer la negociación colectiva para que los trabajadores y trabajadoras participen de los beneficios de las empresas y acabar con la precariedad en el empleo, exige reequilibrar la capacidad de negociación entre las partes, derogando las dos últimas reformas laborales

El crecimiento económico en España se situó en el 3% en el primer trimestre, previéndose una ligera desaceleración en el conjunto del año. Mientras, los ingresos y los beneficios empresariales continúan creciendo gracias a que las empresas no trasladan a precios toda la caída del precio del petróleo y de las materias primas, al recorte de sus costes de financiación, la bajada del impuesto de sociedades y la devaluación de los salarios provocada por la crisis y la reforma laboral. Es necesario que el crecimiento y los mayores beneficios se repartan ahora en forma más justa, a través de más puestos de trabajo, de empleo más estable, y de salarios que recuperen y ganen poder de compra. La creación de empleo y el aumento del poder adquisitivo de salarios y pensiones son los dos factores que más hacen por consolidar el crecimiento y su sostenibilidad, gracias a la rebaja de la desigualdad que generan. En 2016, los datos todavía provisionales indican que 8,6 millones de trabajadores han dispuesto de un convenio colectivo y han ganado poder adquisitivo, con una subida media del 1,07%, inferior a la referencia del AENC (1,5%) pero muy superior a la inflación media (-0,2%). En 2017, hasta mayo, los convenios colectivos cubren a 4,5 millones de trabajadores, con una subida salarial pactada del 1,27%.

Impulsar los salarios de los trabajadores públicos y privados y la mejora de la protección social, que eviten la pobreza laboral, permitan una vida digna y contribuyan a garantizar la sostenibilidad y suficiencia de las pensiones.

CCOO defiende que el crecimiento de la actividad económica debe servir para recuperar los salarios tras la fuerte devaluación interna sufrida durante la recesión y que continua también durante la etapa de recuperación. España ha acumulado varios años con una inflación por debajo de la media, ganando competitividad vía precios, lo que proporciona un margen que debe ser utilizado para recuperarnos de los durísimos efectos de la devaluación salarial. Las subidas salariales negociadas en 2017 deben garantizar una mejora del poder adquisitivo. En el área pública, Comisiones Obreras insta a la negociación de los aspectos retributivos, de empleo y jornada para 2017 y la rectificación de todos los recortes sufridos durante la crisis. La oferta extraordinaria de empleo público supone una respuesta a la presión ejercida por los sindicatos.

En esta salida de la recesión no debemos permitir que sigan aumentando los niveles de pobreza y desigualdad. Se debe garantizar el poder adquisitivo de las pensiones en 2017con una subida según la inflación prevista y que ha sido rechazada por el Gobierno. Urge incrementar los salarios más bajos mediante la mejora sostenida del SMI (más allá de la insuficiente subida aprobada) que le permita alcanzar los 800 euros en 2017 y aproximarse al objetivo del 60% del salario medio, y concentrar en los parados de larga duración los incentivos a la contratación, para evitar que la mejora salarial recorte sus oportunidades de empleo. Hay que promover un Plan de Choque por el Empleo para crear puestos de trabajo, aumentar la protección social, en particular de las personas desempleadas (la tasa de cobertura está en mínimos), poner en marcha un “Plan de Choque para la Recuperación de los Parados de Larga Duración y redefinir el, hasta ahora muy insuficiente, programa de Garantía Juvenil” e implantar una Renta Mínima Garantizada, promovida por CCOO a través de la ILP admitida a trámite en el Congreso de los Diputados.

Es necesaria una verdadera reforma fiscal progresiva, lejos de las últimas reformas regresivas que reducen la recaudación y agravan los recortes

Hay que incrementar los ingresos públicos y de la Seguridad Social de forma estructural para garantizar la sostenibilidad y suficiencia del sistema público de pensiones en el corto plazo al tiempo que a medio plazo se siguen desarrollando medidas en el marco del Pacto de Toledo. Algunas de las medidas que plantea CCOO para incrementar los ingresos y la sostenibilidad de las pensiones pasan por incrementar los ingresos por cotizaciones (destopando las bases máximas de cotización por contingencias comunes, equilibrando las bases medias de los distintos regímenes, incrementando las bases mínimas a través de la subida del SMI, actuando sobre los tipos; el fraude a la Seguridad Social,…) y financiar con cargo a los presupuestos del Estado, las políticas activas de empleo, gastos de gestión y administración de Seguridad Social, y, al menos temporalmente, garantizar transferencias que contribuyan a financiar parcialmente prestaciones, como las de muerte y supervivencia, con impuestos directos y progresivos sobre la renta, el patrimonio y los beneficios empresariales.

La senda de rebaja del déficit público para 2017 impuesta por la Comisión Europea al Gobierno implica más recortes del gasto público, lo que penalizará el crecimiento económico, disminuirá el ya de por si lento ritmo de rebaja del desempleo y lastrará la recuperación actual. CCOO rechaza las líneas principales de los Presupuestos Generales del Estado para 2017, que “cuadran” las cuentas públicas a costa de la pérdida de poder adquisitivo de empleados públicos y prestaciones sociales, al tiempo que recorta en I+D+i e infraestructuras. CCOO reclama un reforma fiscal que proporcione recursos suficientes (aproximando nuestra presión fiscal a la media europea) y que reparta las cargas de manera progresiva, aumente la imposición directa y sobre el capital (IRPF, Impuesto de Sociedades e Impuesto sobre el Patrimonio) y fomente el crecimiento y la bajada del desempleo mediante un impulso de la inversión pública que aumente la productividad.