CCOO recuerda que es obligación de quienes gobiernan canalizar los flujos migratorios de forma eficaz y segura

    El Ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, lejos de rectificar, ha ahondado en la irresponsabilidad en la que incurrió la pasada semana tratando de implicar a la sociedad civil en un hipotético y surrealista fomento de la inmigración clandestina con destino a España.

    19/07/2017.

    En su comparecencia parlamentaria de ayer el ministro del Interior, lejos de enmendar su error, redundó en su negligencia para manifestar que España no es responsable de la huida de los extranjeros de sus países.

    Para CCOO, las medias verdades esconden, sin duda, mentiras enteras: España Sí es responsable de proporcionar mecanismos legales, ágiles y eficaces que permitan proteger, de manera ajustada al marco legal internacional, a las personas que huyen de sus países por las causas previstas en la Convención de Ginebra. Luego sí existe responsabilidad, que se plasma en esa obligación de proteger conforme a la normativa internacional a aquellos que huyen por dichos motivos.

    En esta línea, la indigna -por insignificante- cantidad de solicitantes de protección internacional que España ha asumido desde el año 2015 indica claramente cuál es la voluntad de un Gobierno que trata de esconder sus miserias y sus responsabilidades, bajo la excusas consabidas de mal pagador: de un compromiso asumido ante la UE de 17.000 personas España escasamente ha acogido a 1.487. Una cifra muy alejada comparativamente, tanto en términos absolutos como relativos, de la de otros países de la UE, incluso con peores condiciones, a priori, que España como es Portugal.

    El sindicato advierte que existe una realidad que son los flujos migratorios, y que es obligación de quienes gobiernan canalizarlos adecuadamente de una manera eficaz y justa. Eso debe ser una política de inmigración.

    CCOO subraya que mientras que eso no se produzca y las personas se vean obligadas a huir en términos peligrosos para sus vidas, a falta de canales legales, seguros y eficaces, todos los gobiernos de la UE -incluido el Gobierno de España- tienen responsabilidad en la tragedia que vivimos en el Mediterráneo.

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