CCOO denuncia el incumplimiento del Gobierno español y de la Unión Europea de las obligaciones internacionales de asilo

    Este martes, 26 de septiembre, ha finalizado el plazo fijado por el Consejo de la Unión Europea en 2015 -a propuesta de la Comisión – que establecía un acuerdo para acoger a 180.000 personas susceptibles de ser protegidas conforme a la legislación internacional de asilo. Tanto la UE, con escasamente 40.000 personas, como España, con algo más de 1.900 sobre una cifra comprometida de 17.000, han incumplido de forma flagrante sus obligaciones internacionales, según denuncia CCOO.

    26/09/2017.

    Las causas son muchas, entre ellas, un acuerdo inicial ridículo en lo cuantitativo (recordemos que la UE tiene 500.000.000 de habitantes), y que además de incorrecto, con unos criterios selectivos por origen nacional muy limitados y discriminatorios. También la carencia de voluntad política efectiva y de mecanismos coercitivos de la Comisión para hacer cumplir el acuerdo sobre los “estados rebeldes”, especialmente los del llamado Grupo de Visegrado. A ello, hay que sumar la pacata actitud del Gobierno de España, al cual se le debe exigir un papel más proactivo, especialmente tras el acuerdo por unanimidad del Congreso de los Diputados de otoño de 2015, que debía haber impulsado un nuevo modelo de protección internacional con mayor agilidad, medios y garantías.

    CCOO entiende que el problema emana de la carencia de voluntad política de las instituciones y de los estados de la UE, pero que la solución solo pasa por la UE, en el sentido de que se ha de terminar de configurar el Sistema Europeo Común de Asilo (ECAS) con la aprobación de los nuevos reglamentos y directivas en trámite, a fin de establecer un modelo único eficaz y garante de los derechos de las personas necesitadas de protección internacional que vincule a todos los estados miembros de la UE, con objeto de compartir la responsabilidad internacional derivada del cumplimiento de la Convención de Ginebra sobre el derecho de asilo.

    Para CCOO, al Gobierno de España hay que exigirle que no esgrima “excusas de mal pagador” y muestre voluntad real para hacerse cargo de solicitantes, no sólo desde otros países UE (reubicación), sino desde países terceros (reasentamiento), y que agilice las solicitudes ya presentadas en territorio español, especialmente en Ceuta y Melilla.

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