Pensiones de orfandad y viudedad en casos de VG, de Vanesa Ortiz Alguacil y Carmen Briz Hernández

    El juzgado de lo Social de Toledo ordena a la Seguridad Social incrementar las pensiones de tres huérfanos de violencia machista con efecto retroactivo desde 2009. Un logro más de los servicios jurídicos de Comisiones Obreras de Toledo.

    04/12/2017.
    Un momento de la rueda de prensa, Alicia Gail y José Luis Arroyo, secretaria de Mujer y secretario general de Comisiones Obreras de Toledo, respectivamente, fotografía de Francisco Javier Rodríguez.

    Un momento de la rueda de prensa, Alicia Gail y José Luis Arroyo, secretaria de Mujer y secretario general de Comisiones Obreras de Toledo, respectivamente, fotografía de Francisco Javier Rodríguez.

    HASTA HACE muy poco no se tenía en cuenta ni se contabilizaba estadísticamente los casos de menores en situación de orfandad tras el asesinato de sus madres por violencia de género. Desde 2013, 169 menores han perdido a sus madres. El 17 de mayo de 2017, el Congreso de los Diputados dio paso a que hijos e hijas de asesinadas por violencia machista reciban una pensión de orfandad, también en los casos en que las madres no hubieran cotizado a la Seguridad Social. El camino que han de recorrer las familias afectadas no es precisamente sencillo. Este es el caso de una familia de Toledo, tal y como relata la abuela: “Desde que asesinaron mi hija, mis tres nietos han estado conmigo, aunque tuve que pelear por la tutela, porque no te la dan desde el principio. En otras comunidades te dan la tutela directamente en el juicio, por ejemplo en Valencia”. ¿Tan difícil es agilizar este proceso o es falta de voluntad política?

    Esta familia, ya golpeada por el maltrato, tuvo que enfrentarse, además, a la falta de información y de recursos materiales: “El único salario que entra en casa es el mío y una cantidad pequeña que recibía por los niños. Soy mileurista y pago una vivienda todos los meses. Me vi muy pillada”, relata la abuela. Las asistentes sociales tenían conocimiento de que cada menor recibía una cantidad muy pequeña en concepto de pensión de orfandad y jamás le informaron de que podrían reclamar la pensión de viudedad para complementar la cantidad percibida. El consejo de esta valerosa mujer es claro: “Recomiendo a las familias moverse, no estancarse, recurrir a quien haga falta para conseguir lo que por derecho debe corresponderles a las familias que han sido víctimas de violencia de género. En mi caso, como afiliada a Comisiones Obreras, recurrí al asesor jurídico del sindicato y allí me informaron de que podría reclamarse a la Seguridad Social”.

    Cada menor percibía 150 euros mensuales en concepto de pensión de orfandad, esta cantidad aumentó al cabo de unos años a 179 euros y ha sido ahora, por fin, cuando se ha incrementado llegando a los 300 euros por menor.

    Paradójicamente, en los casos de violencia machista en donde la mujer es asesinada, el beneficiario de la pensión de viudedad es su asesino (en el caso que abordamos se encuentra en prisión con una condena de 15 años). Sin embargo, esta familia ha luchado duro para conseguir que dicha pensión se repartiera entre los tres menores: “Si la asesinada no estaba en demanda de empleo no pueden sus hijos o hijas recibir la viudedad que le correspondería al padre. Tiene que ser demandante de empleo. Se agarran a eso y no consigues la pensión de viudedad para los menores”.

    Comisiones Obreras de Toledo se implicó en el caso de esta familia y consiguió que el juzgado de lo Social de Toledo ordenara a la Seguridad Social el incremento de las pensiones de los menores con efecto retroactivo desde 2009. En un primer momento, la Seguridad Social recurrió la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha y Comisiones Obreras, en rueda de prensa, explicaba que no se entendía la dureza y la contundencia del recurso. Sin embargo, siete días más tarde, la Seguridad Social retiró el recurso.

    Por fin algo de justicia y tranquilidad para esta familia, que ahora más que nunca desea implicarse en la información a otras que se puedan encontrar en parecidas circunstancias: “Estaría muy bien abrir un departamento en el sindicato para gestionar las ayudas a las víctimas de la violencia de género, un servicio especial para asesorar e informar sobre derechos. Por ejemplo, muchas personas desconocen que el cambio de apellidos de los niños no cuesta nada, es un servicio gratuito por tratarse de víctimas. Hay que solicitarlo a través del juzgado y tras pasar por un tribunal, en un proceso que dura entorno a los cuatro meses, se determina si se concede o no el cambio. Eso significa cambiar toda la documentación: carnés de identidad, pasaportes, bancos, etc… Muchas otras abuelas, tal vez mayores que yo y con menores recursos, no saben moverse en estos ámbitos y no están acogiéndose a los derechos que les corresponden”.

    Vanesa Ortiz (@CCOOclm) forma parte Área de Secretaría General y Comunicación CCOO de Castilla La Mancha y Carmen Briz (@RevTrabajadora), periodista, del equipo de la Secretaría Confederal de Mujeres e Igualdad de Comisiones Obreras.

    Revista Trabajadora, n. 62 (noviembre de 2017).

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