Declaración de CCOO ante la conmemoración del Día Internacional del Migrante

    CCOO, con motivo de la celebración el 18 de diciembre del Día Internacional del Migrante, reclama una política común de la UE sobre migraciones, un estatuto común y único tanto de solicitud como de reconocimiento del derecho de asilo, una política común de migración laboral y la adecuada celeridad en el reasentamiento de solicitantes de asilo de otros países de la UE en España, entre otras reivindicaciones para asegurar los derechos de las personas migrantes.

    18/12/2017.
    Día Internacional del Migrante

    Día Internacional del Migrante

    La situación de los países de origen - bien en términos bélicos, bien en términos de imposibilidad de desarrollo vital bien por catástrofes medioambientales– origina flujos que resultan imparables precisamente por la fortaleza de las causas que los generan, esto es, el riesgo para la propia integridad física de las personas y la nula protección de los derechos humanos fundamentales, comenzando por el propio derecho a la vida y a la subsistencia digna.

    La catástrofe bélica en Siria o las dramáticas condiciones de países como Eritrea, Somalia, Yemen, Irak, Afganistán o Paquistán han generado flujos de población hacia Europa – no sólo hacia la U.E.- en busca de protección internacional bajo el manto legal de la Convención de Ginebra de 1951: por lo tanto, no se trata de solidaridad para con aquellas personas que huyen de situaciones ciertas y confirmadas de riesgo – incluyendo entre ellos colectivos extremadamente vulnerables, como los niños- sino de obligaciones contraídas por los países europeos en el marco de los tratado internacionales, incluyendo el Convenio Europeo de Derechos Humanos y -en el ámbito de la U.E.- las Directivas de 1995 y 2013 sobre el derecho de asilo y la protección internacional.

    Por ello no se trata de un ejercicio bienintencionado de solidaridad sino desde COMISIONES OBRERAS exigimos a la UE y a los estados miembros el cumplimiento de su responsabilidad legal internacional cumpliendo la normativa vigente que garantice el respeto a los derechos humanos puesto que deriva de obligaciones internacionales.

    Resultan inaceptables las actuaciones de algunos estados no sólo levantando nuevas barreras –similares en su ferocidad a las de Ceuta y Melilla- sino fomentando discursos racistas y demagógicos contra personas que – como en otros momentos de la historia de Europa- viene buscando la protección que sin duda merecen: con ello se está poniendo en cuestión el propio valor de la UE y sus principios fundamentales como paradigma en el respeto y la garantía de los DDHH.

    Asimismo, ejercicios como la realización de filtros entre los potenciales solicitantes de asilo en función de su origen étnico o nacional de manera unilateral, arbitraria y discriminatoria, dejando en un limbo vital a aquellos que no encajan, resulta claramente ilegal puesto que además de incumplir el mandato legal internacional, genera una discriminación inaceptable entre refugiados de primera y refugiados de segunda.

    En el ámbito de lo positivo valoramos la reciente decisión del Tribunal de Justicia de la UE de considerar ajustado al derecho de la UE el programa de distribución adoptado por el Consejo de la UE en otoño de 2015 así como la reciente decisión de la Comisión de demandar ante dicho Tribunal a los estados que no han acogido ningún refugiado (Polonia, Hungría y República Checa) a fin de que sean sancionados por dicho incumplimiento.

    Sí existe un espacio de solidaridad que es la que debe darse dentro de los propios estados miembros de la UE en el sentido de ayudar a aquellos países que son la primera frontera de llegada de personas en huida: la acogida ni es ni debe ser una cuestión particular sino que es una cuestión integral de toda la UE y la Comisión y el Consejo deben avanzar en garantizar mecanismos obligatorios de solidaridad dentro de la UE y plantearse si aquellos países de la UE que rechazan la misma deben beneficiarse –a su vez- de otros mecanismos internos también de solidaridad (fondos europeos, etc).

    Desde COMISIONES OBRERAS venimos a reiterar y demandar la inclusión –tal y como ya ha hizo la Comisión en su documento de mayo de 2015- de una política común de la UE sobre migraciones, tanto por motivos de protección internacional como por motivos económicos.

    En esta línea es ya imprescindible fijar un estatuto común y único tanto de solicitud como de reconocimiento del derecho de asilo y derechos y obligaciones derivados en todos los países de la UE que evite la diáspora – movimientos secundarios- de los solicitantes de asilo hacia aquellos países que tengan un modelo mejor o más dotado y avanzar en la consolidación del CEAS o Sistema Común Europeo de Asilo cuya propuesta de finales de 2015 no es totalmente satisfactoria pero si debe generar un único sistema de asilo común , obligatorio, ágil y eficaz para la UE como un primer y necesario paso.

    Asimismo, la necesidad de una política común de migración laboral que garantice canales estables, transparentes, agiles y eficaces que permitan la llegada legal a la UE de aquellas personas que lo entiendan como un proyecto viable, al tiempo que exigimos la necesidad de articular también un estatuto común de procedimientos de solicitud, tramitación y obtención de autorizaciones de entrada, residencia y trabajo en la UE, incluyendo un catálogo común para toda la UE de los derechos y obligaciones para los extranjeros de terceros países en la UE.

    Finalmente el Gobierno de España debe actuar con la adecuada celeridad en el reasentamiento de solicitantes de asilo de otros países de la UE, pero la administración española tampoco gestiona el tapón de expedientes de asilo acumulados sin resolver en la Oficina de Asilo y Refugio y – especialmente- de los solicitantes que permanecen en los CETI´s de Ceuta y Melilla. Por otro lado seguimos en el misterioso limbo de los datos: España no dispone de datos oficiales a día de hoy de cuantos solicitantes totales de protección tenemos, cuantas personas disponen de estatuto de refugiados en España, qué distribución geográfica mantienen o cual es la “cartera” exacta de servicios de que disponen: el Ministerio del Interior actúa con una preocupante opacidad.

    Es necesario plantear un cambio en la narrativa oficial sobre la inmigración que facilite una percepción adecuada por parte de la población española, sin dramatismos ni alarmas: por eso exigimos pedagogía a los poderes públicos en el tratamiento de las migraciones. En esa línea exigimos la reforma integral inmediata del régimen de los CIEX y un cambio radical en su enfoque y funcionamiento que garantice el cumplimiento íntegro de los derechos de los internos reconocidos en la Ley. Si ello no se puede garantizar los CIEX deben ser cerrados en tanto que no respeten el marco legal, mucho peor si se trata de espacios “inventados” para detener inmigrantes en situación irregular.

    Recordar al Gobierno de España su compromiso y la necesidad social de garantizar la asistencia sanitaria universal, gratuita y de calidad para todas las personas que vivan en España, incluyendo los extranjeros en situación irregular y exigir la ratificación del Convenio 189 de la OIT sobre empleo doméstico –al igual que otros países de la UE- facilitaría las condiciones de trabajo de muchas trabajadoras de origen extranjero en nuestro país.

    Madrid, 12 de diciembre de 2017

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