Tratado vinculante: NO a los intentos de eliminar la financiación del grupo de trabajo negociador

    CCOO, junto a varias organizaciones de la sociedad civil, hemos enviado una carta al Ministro de Asuntos Exteriores para exponerle nuestra preocupación por algunas informaciones que indican que la Misión Permanente de la Unión Europea ante Naciones Unidas, en Nueva York, ha propuesto que no se atribuya financiación al Grupo de Trabajo Intergubernamental encargado de la negociación de un Tratado vinculante sobre Derechos Humanos y Empresas trasnacionales.

    22/12/2017.
    Sede de Naciones Unidas en Nueva York

    Sede de Naciones Unidas en Nueva York

    Según la información a la que hemos tenido acceso, la delegación de la Unión Europea que participa en el 5ª Comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas, encargada de asuntos presupuestarios, está tratando de eliminar la financiación del Grupo de Trabajo intergubernamental de composición abierta (IGWG), creado en junio de 2014 mediante la Resolución 26/9 del Consejo de DDHH de la ONU, con el propósito de crear un mecanismo a nivel internacional, que proporcione a las víctimas y las comunidades afectadas el acceso a la justicia frente a las violaciones de los derechos humanos cometidas por las empresas multinacionales.

    Ante estas noticias, y respondiendo al llamamiento global de actuar para impedir que se bloquee el trabajo del IGWG, a través de la retirada de los recursos financieros, CCOO junto con otras organizaciones sociales, medioambientales, de derechos humanos, hemos enviado una carta al Ministro de Asuntos Exteriores, solicitando:

    Que el Gobierno de España despliegue, en su labor diplomática y de cooperación internacional, todos los esfuerzos posibles y necesarios para que se respete el consenso adoptado en el Consejo de Derechos Humanos de continuidad del trabajo del Grupo Intergubernamental de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos.

    Que el Gobierno de España, como parte de sus obligaciones internacionales de protección de los derechos humanos frente a las intervenciones de terceros, participe activa y constructivamente en el desarrollo de un ordenamiento internacional que regule las actividades de las empresas transnacionales en relación con los derechos humanos.

    Que el Gobierno de España, con este propósito, apoye decididamente el proceso de trabajo desarrollado por el Grupo Intergubernamental de Trabajo sobre empresas y derechos humanos, en el marco de la Resolución 26/9 del Consejo de Derechos Humanos, hasta concluir con su labor.

    Que el Gobierno de España, como Estado miembro del Consejo de Derechos Humanos, adopte una posición activa, propositiva y flexible en el marco de las negociaciones con el objeto de alcanzar un instrumento internacional de naturaleza vinculante que permita hacer frente a las violaciones de derechos humanos que sufren individuos y comunidades como consecuencia del impacto de las actividades de las empresas transnacionales.

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