Confederación Sindical de Comisiones Obreras | 28 marzo 2024.

La CES lanza la campaña “Más democracia en el trabajo”

    La Confederación Europea de Sindicatos (CES) ha puesto en marcha una campaña para reforzar la participación de los trabajadores, esencial para mejorar los derechos laborales colectivos.

    11/05/2018.
    Logo de la CES

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    La participación de los trabajadores no se encuentra entre las prioridades de la agenda política europea. Sin embargo, una mayor democracia en el trabajo es fundamental para relanzar la Europa social, tan necesaria en estos momentos. Un compromiso de los políticos europeos con la democracia en el trabajo puede mejorar directamente la vida laboral, los derechos laborales colectivos y la participación concreta de los trabajadores en la sociedad y la economía.

    Con este objetivo, la Confederación Europea de Sindicatos (CES) ha puesto en marcha una campaña para reforzar la participación de los trabajadores en el contexto de una demanda social de más democracia ciudadana y de más democracia en el trabajo.

    Para ello, la CES ha elaborado un “Llamamiento europeo” que ya han firmado dirigentes sindicales de toda Europa, entre ellos, el secretario general, Unai Sordo, y los responsables de las Federaciones y Uniones territoriales de CCOO, de UGT, del TUC británico, del DGB alemán, de varios sindicatos franceses y de la CGIL italiana, además de personas a nivel individual como Thomas Piketty, Wofgang Streeck, Richard Hyman o Manfred Weiss. También un grupo importante de eurodiputados.

    En el llamamiento, los firmantes abogan por cinco reformas:

    - Elegir la economía real. Deben imponerse fuertes restricciones a las empresas ficticias y a los traslados de sede social: debe autorizarse el registro a las empresas solo en el país donde tengan actividades comerciales reales. Deberían también establecerse normas para evitar que las empresas puedan eludir el pago de impuestos allí donde crean el valor real, incluyendo en particular un sistema de información pública país por país, una base impositiva armonizada y una política de ‘tolerancia cero’ para todos los paraísos fiscales.

    - Crear una autoridad independiente sobre movilidad de las/os trabajadoras/es. Suficientemente dotada de personal y financiación. Esta autoridad debe tener poderes efectivos, en particular para proponer y hacer cumplir las normas que protegen a las/os trabajadoras/es de la UE cuando se requiera coordinación a nivel comunitario.

    - Fortalecer la participación de las/os empleadas/os en las empresas. Las/os empleadas/os deberían tener derecho a elegir representantes en los consejos de administración de las empresas, como ya es el caso en 18 de los 28 Estados miembros y en el 44% de las empresas más grandes de la UE. Para los países que integrasen este nuevo derecho, esto debería hacerse de acuerdo con sus tradiciones y prácticas de relaciones industriales. En términos generales, los derechos de los sindicatos y de los comités de empresa también deberían mejorarse.

    - Crear un deber de vigilancia en relación a (empresas) subcontratistas. Las nuevas reglas deben obligar a las grandes empresas a cuidar y responsabilizarse de toda su cadena de suministro a fin de evitar la violación de derechos humanos y sociales básicos por parte de sus subcontratistas.

    - Crear un marco de información vinculante adaptado a los desafíos del siglo XXI. Las normas contables no deberían dejarse en manos de un organismo privado (el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad) principalmente interesado en el valor para el accionista; deben tener en cuenta la sostenibilidad. Deben seguir desarrollándose informes extra-financieros que proporcionen más transparencia en asuntos sociales y medioambientales, incluidas las cuestiones de igualdad de género, que deben abordarse de manera mucho más enérgica.

    Las reformas mencionadas no son exhaustivas, pero muestran la dirección que deberían tomar las nuevas medidas: las/os trabajadoras/es de la UE no deben quedar fuera de la construcción de la UE por más tiempo. Estas vitales reformas -que sientan las bases de nuevos derechos, y obligaciones para las empresas- proporcionan una impronta para un nuevo modelo europeo a la vez capaz de aunar a Estados cuyos derechos están demasiado fragmentados, y de distinguirnos de los modelos anglosajones y del capitalismo asiático. Este nuevo modelo europeo se basa en el legado de un humanismo que ha de convertirse en una fuerza en la globalización.