Confederación Sindical de Comisiones Obreras | 28 marzo 2024.

Brasil debe cumplir el mandato de Naciones Unidas respecto a los derechos políticos del expresidente Lula da Silva

    CCOO solicita en una carta al ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Josep Borrell, que intermedie con su homólogo brasileño para que el país americano cumpla con sus obligaciones legales internacionales. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra dictó una medida provisional en relación con los derechos políticos del ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que ha sido desatendida por el Gobierno de Brasil.

    14/09/2018.
    Valeska Teixeira y Cristiano Zanin, abogados de Lula [Foto de CUT Brasil]

    Valeska Teixeira y Cristiano Zanin, abogados de Lula [Foto de CUT Brasil]

    El incumplimiento por parte de Brasil de sus obligaciones legales internacionales, especialmente si se tiene en cuenta que ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y es signatario del Protocolo Opcional de dicho Pacto, es extremadamente preocupante puesto que pone en cuestión el papel de los órganos judiciales internacionales y supone el menosprecio a sus decisiones.

    Todas las encuestas han venido situando al ex presidente Lula como el candidato favorito en las elecciones del próximo octubre. Ante la voluntad de la judicatura brasileña de impedir a Lula ser candidato por su condición de preso, la medida provisional dictada por el Comité de Derechos Humanos de la ONU deja claro que excluirlo de las listas de candidatos le ocasionaría un daño irreparable, mientras el comité considera todos los detalles del caso antes de emitir su veredicto definitivo previsto para 2019.

    La democracia y el Estado de derecho en Brasil se vienen vulnerando reiteradamente desde el impeachment a Dilma Rousseff, el acceso al poder de Temer y la acusación sin pruebas y el posterior juicio sin garantías a Lula.

    La prohibición de que Lula sea candidato a las elecciones de octubre, que según los sondeos hubiera ganado, y la declaración pública por parte del gobierno de Brasil de que no tiene ninguna obligación de respetar los dictámenes del Comité de Derechos Humanos de la ONU es el último paso en la estrategia de las élites y de la derecha más reaccionaria, que desprecia las obligaciones legales internacionales para conseguir su objetivo de impedir que, de nuevo, un gobierno progresista que promueva la igualdad y la justicia social se imponga en Brasil y la región.