Confederación Sindical de Comisiones Obreras | 25 abril 2024.

CCOO recibe en su sede a la Delegada saharaui para España, Jira Bulahi

    La Delegada saharaui expuso durante la reunión con la Secretaría de Internacional y Cooperación las principales preocupaciones que ocupan a su representación en España y sus demandas fundamentales para las organizaciones sindicales ante la próxima celebración de la 43ª EUCOCO (Conferencia Europea de apoyo y solidaridad al pueblo saharaui) que tendrá lugar este año en Madrid los días 16 y 17 de noviembre: https://eucoco2018madrid.org/43a-eucoco-presentacion/.

    19/09/2018.
    La Delegada saharaui con responsables de CCOO

    La Delegada saharaui con responsables de CCOO

    Durante la reunión, la delegada saharaui recordó los principales avances y retrocesos en la consecución de los derechos del pueblo saharaui en esta última etapa. Bulahi expresó también su preocupación ante la explotación de los recursos naturales, que, de manera ilegal, se vienen produciendo en el territorio del Sáhara Occidental y que vulneran los derechos económicos del pueblo saharaui, tal como ha expresado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en sus sentencias de diciembre de 2016 y del 27 de febrero de 2018 donde se afirma que los Acuerdos de Pesca firmados entre la Unión Europea y el Gobierno de Marruecos no se pueden aplicar en el territorio del Sáhara Occidental, al no formar parte de la soberanía de Marruecos.

    Bulahi afirmó que la única vía legal para negociar acuerdos relativos al Sáhara Occidental es a través del consentimiento del pueblo saharaui expresado por su representante reconocido por Naciones Unidas, el Frente Polisario, y exigen de la misma manera de las empresas que operan en el Sáhara Occidental, un compromiso ético, firme y público, para actuar sobre la base del respeto a la legalidad internacional en lo relativo al consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental en relación a toda exploración, desarrollo o utilización de sus recursos naturales.

    Durante la reunión, se recordó la cuestión derivada de las reclamaciones de los trabajadores saharauis, al respecto del reconocimiento del derecho a percibir prestaciones por parte del INSS, contando para ello con la colaboración de los trabajadores afectados, el Comité de trabajadores y jubilados de Fosbucraa en el Sáhara Occidental ocupado y de UGTSARIO en los campamentos de refugiados de Argelia. Las centrales sindicales españolas, CCOO y UGT, en colaboración con la UGTSARIO, valoraron y estudiaron el caso de los saharauis con derechos derivados de haber trabajado para empresas españolas hasta 1976 (jubilaciones, pensiones de viudedad e incapacidad).

    En el mes de septiembre de 2003, los tres sindicatos iniciaron una línea de trabajo para obtener más información sobre casos concretos de trabajadores saharauis, de modo que se pudiera profundizar en el conocimiento de los requisitos exigidos, dar a conocer los procedimientos a seguir, para lo que se celebraron diferentes y se cursaron cursaron solicitudes en un número superior a tres mil de hojas de vida laboral de los trabajadores afectados, estando la mayoría de estos expedientes registrados en la oficina de la Seguridad Social de Canarias.

    Con la decisión unánime de los grupos parlamentarios, el Congreso incorporó a la Ley 27/2011, del 1 de agosto, la Disposición adicional cuadragésimo segunda, sobre Cotizaciones efectuadas por personal saharaui de empresas españolas antes del 26 de febrero de 1976, que mandataba al Gobierno para presentar un Informe en el plazo de dos meses que recogiese el listado de personas afectadas, el coste y la articulación de los pagos. En reiteradas ocasiones, las organizaciones sindicales se han dirigido a los diferentes responsables en el Ministerio en solicitud del necesario cumplimiento y desarrollo de la misma, particularmente en todo lo referido a las justas reclamaciones de los trabajadores saharauis en empresas españolas antes de la retirada del Sáhara Occidental sin que, hasta la fecha y transcurridos siete años, se haya logrado su cumplimiento ya reconocido en la legislación española.

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