Confederación Sindical de Comisiones Obreras | 25 abril 2024.

El proyecto de Ley de PGE debe recoger las obligaciones legales derivadas de la nueva ley de formación profesional para el empleo

    El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016 no ha tenido en consideración algunos aspectos esenciales para la financiación y la calidad de la formación en todo el territorio estatal, reivindicados por CCOO desde hace tiempo y que han sido incorporados a la nueva Ley de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral.

    04/09/2015.

    Aspectos tan importantes para CCOO como la partida específica para financiar acciones formativas en la red pública de centros para la formación profesional y el retorno a los Presupuestos del año siguiente de los remanentes de crédito destinados a la formación que puedan producirse al final de cada ejercicio, han quedado fuera del proyecto de PGE. Tampoco disponen los presupuestos de una partida específica para la cualificación en materia de negociación colectiva en el ámbito de las relaciones laborales y del diálogo social, de gran importancia para el esperado desarrollo económico y social de nuestro país.

    CCOO destaca que la Disposición adicional octava de la recién aprobada Ley de Formación Profesional obliga a que los remanentes de crédito destinados al sistema de formación profesional que puedan producirse al final de cada ejercicio se incorporen al ejercicio siguiente. Sin embargo, el Gobierno ha incumplido esta disposición en menos de una semana. “Hace unos días, CCOO celebrábamos la incorporación, al texto definitivo de la Ley de Formación Profesional para el Empleo, de la reanualización de los fondos procedentes de la cuota de formación profesional. Hoy exigimos al Gobierno que cumpla la legalidad vigente e incorpore estas cantidades no utilizadas a los PGE 2016”, explica Javier López, secretario confederal de Formación.

    Otra de las partidas específicas que el Gobierno no ha previsto en los PGE de 2016, y que también recoge el texto definitivo de la nueva ley de formación, es la destinada a financiar la red pública de centros para la formación en el ámbito laboral, para asegurar una oferta formativa de calidad a los trabajadores ocupados y desempleados. La satisfacción de CCOO al aprobar el Senado la semana pasada la Ley de Formación Profesional donde se incluía “una financiación específica y suficiente” para una formación eficaz y útil, se ha transformado en crítica e indignación al comprobar que no se introduce la financiación de los centros públicos. “Es imposible ofrecer buena formación sectorial y relevante para el empleo y el desarrollo profesional, si no se cuenta con el sistema público de universidades, centros de FP o de educación de adultos, etc.”, aclara Javier López.

    En esta misma línea, el Gobierno parece no darse por enterado del compromiso adquirido para financiar, a través de una dotación específica en los PGE, la formación para la capacitación de los trabajadores y trabajadoras, de empresarios y de los representantes de ambos, en las funciones relacionadas con la negociación colectiva y el diálogo social en las relaciones entre empresas y trabajadores.

    En opinión de Francisco Moreno, de la Secretaría de Formación de CCOO, “conocer los derechos y obligaciones, disponer de herramientas para la mejora y el desarrollo del diálogo y el acuerdo en el ámbito laboral, es fundamental en el ejercicio de sus tareas. Es necesaria la formación y especialización en materia de negociación colectiva y diálogo social. No es de recibo que el Gobierno contradiga sus propias leyes”.

    Paradójicamente, la disposición adicional de la Ley de PGE sobre destino de la cuota de Formación Profesional, alude a la financiación de la formación teórica de los contratos para la formación y el aprendizaje. Este tipo de formación ya tiene su regulación, que determina que la financiación corre a cargo de la partida presupuestaria de incentivos a la contratación y no de formación. Su mención en este apartado concreto puede interpretarse que se financia con la cuota de formación profesional. En el trámite parlamentario de la ley de formación profesional se suprimió la referencia a la financiación de la formación teórica de los contratos de aprendizaje, para que no quedase ninguna duda o interpretación en este sentido. Al aparecer en el texto de los PGE-2016, CCOO nos preguntamos cuál es la intención del Gobierno.

    Los PGE son la plasmación de la voluntad política del gobierno de poner en práctica lo que legisla. La no inclusión en el Proyecto de todos estos aspectos, que son cruciales para la evolución del Sistema de Formación Profesional para el Empleo, parece indicar que el carácter urgente de la reforma de la Formación Profesional para el Empleo, se ha diluido, quedando en evidencia que a la Administración solo le interesaba establecer e incentivar la libre concurrencia, normalizando así un trato de favor hacia los centros privados de formación.

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