Confederación Sindical de Comisiones Obreras | 28 marzo 2024.

CCOO comparte la mayoría de las recomendaciones del Tribunal de Cuentas sobre la formación de demanda

"Se ha perdido una oportunidad de mejorar la formación en las empresas"

    El Tribunal de Cuentas ha fiscalizado la formación que se bonificaron las empresas para sus trabajadores en el año 2012. CCOO lleva años reclamando en los órganos que gobiernan la formación estatal las medidas que ahora recomienda el órgano fiscalizador, entre las que destacan la necesidad de aumentar el porcentaje de los recursos públicos destinados al control de la formación de demanda y la revisión en profundidad del papel que desempeñan las entidades organizadoras en la formación de las PYME, que en la práctica parecen más interesadas en ofertar su catálogo de cursos que en las necesidades reales de formación. Para CCOO, con la Ley 30/2015 que regula el Sistema de Formación se ha perdido una gran oportunidad de mejorar la formación en las empresas y acercarla a las necesidades de trabajadores y empresas, acordadas en la negociación colectiva.

    11/09/2015.

    Durante el año 2012, las empresas españolas obtuvieron bonificaciones la formación de cerca de 560 millones de euros y formaron a más de 3,2 millones de trabajadores. El Tribunal de Cuentas ha presentado su anteproyecto de informe, aun en fase de alegaciones, y lo ha hecho con un error metodológico de bulto: olvidando examinar la información del plan de formación a la representación legal de los trabajadores, que es el primer requisito normativo para que una empresa pueda aplicarse las bonificaciones por cursos formativos. En opinión de Javier López, Secretario Confederal de Formación, “resulta muy sorprendente que no se fiscalice el cumplimiento de la obligación de informar a la representación sindical de toda la formación que se hace en las empresas, el primer control al que tiene que someter cualquier curso de formación que la empresa quiera bonificarse; estamos hablando de casi 600 millones de euros que se han bonificado sin el preceptivo control de sus trabajadores”.

    Incidencias en siete de cada diez cursos controlados

    No obstante, CCOO comparte la mayoría de las recomendaciones realizadas por el órgano fiscalizador. En primer lugar, el tribunal considera que el porcentaje de recursos públicos sometidos a control es “claramente insuficiente”. De las actuaciones de verificación sobre los cursos que se están llevando a cabo, en “tiempo real”, el 68% no se pudieron realizar por falta de información o incumplían la normativa vigente.

    Ante este elevado porcentaje de incumplimientos, y a pesar de que el Servicio Público de Empleo Estatal verificó el 5% de los recursos públicos destinados a la formación de demanda al que obliga la norma, a ojos de la fiscalización no es suficiente para asegurar su calidad. “Desde todas las instancias de gobierno del Sistema, CCOO hemos insistido en la necesidad de aumentar los controles sobre la formación en las empresas, especialmente la gestionada por las entidades ajenas a las compañías y dirigidas principalmente a las agrupaciones de las PYME”, asegura Javier López.

    Atendiendo al casi 70% de grupos de formación que presentaron incidencias en su verificación, para CCOO “resulta enigmático que no se haya realizado ninguna encuesta a alumnos, como se hizo con el informe de fiscalización de la formación de oferta, ni se hayan tomado medidas adicionales que verifiquen la participación de los alumnos, especialmente de los trabajadores que realizaron las acciones formativas a distancia organizadas por entidades de formación para las empresas de menos de cinco trabajadores, en las que esta modalidad es inusualmente alta”, dice Francisco Moreno, Adjunto Confederal de Formación.

    Todo lo contrario: la recién publicada Ley 30/2015 del Sistema de Formación para el Empleo ha desregulado aún más la formación que programan las empresas, permitiendo, por ejemplo, la impartición de cursos de dos horas de duración. Para CCOO es ilógico que la nueva ley admita la realización de cursos de una duración tan escasa que cualquier control resulta imposible. “Seguimos sin comprender las razones que han motivado la admisión de cursos de dos horas que, en la práctica, son imposibles de controlar, y que no parece que vayan a contribuir ni al desarrollo de los trabajadores ni a un mejor posicionamiento competitivo de las empresas”, asevera Francisco Moreno.

    Entidades organizadoras

    Sobre la realización de la formación, el Tribunal de Cuentas recomienda la revisión en profundidad del papel que desempeñan las entidades organizadoras que “no ejecutan la formación encomendada de acuerdo con los principios establecidos legalmente”. Por ello aconseja aumentar la verificación y el control sobre la formación que gestionan, extremo que CCOO ha reclamado con insistencia en los últimos años.

    Además el Tribunal señala que, en muchas ocasiones, las acciones de formación cursadas responden más a la oferta de dichas entidades que a las necesidades particulares de empresas y trabajadores. Se incumple, a su juicio, el objetivo de la formación de demanda, que debe responder a las necesidades específicas de empresarios y trabajadores. Para CCOO, la publicación de la Ley 30/2015 es la evidencia de que el Gobierno no tiene ninguna intención de reordenar la formación de las empresas, ya que ha mantenido la relevancia de las entidades organizadoras. “Se ha perdido una oportunidad histórica para acometer con seriedad y rigor los cambios que la formación en las empresas necesita para cualificar a los trabajadores y posibilitar que las empresas puedan competir en óptimas condiciones, y esperamos que en el desarrollo reglamentario de la ley se incida en esos cambios”, concluye CCOO.

    El informe de fiscalización está pendiente de su publicación definitiva, una vez que supere la fase de valoración del propio Tribunal de las alegaciones de las partes implicadas: Ministerio de Empleo, Servicio Público de Empleo Estatal y Fundación Tripartita.