Confederación Sindical de Comisiones Obreras | 20 abril 2024.

Artículo de opinión de Ignacio Fernández Toxo y Francisco carbonero sobre la Ley Mordaza

El despertar de las conciencias

    Noviembre del 75, los sindicalistas andaluces del proceso 1001 son puestos en libertad en la cárcel de Jaén y varios meses más tarde, el 9 de mayo de 1976, varios activistas son puestos en libertad tras pasar un mes en la cárcel por impago de las fuertes multas que les fueron impuestas por intento de encabezar una manifestación.

    10/11/2015.

    9 de mayo de 2015, Ángel, estudiante del grado universitario de Estudios Ingleses, durante una manifestación en Jaén contra la LOMCE, recibe una paliza, es detenido acusado falsamente de agresión al guardia de seguridad de la universidad, -Ángel no había entrado en el recinto-, y, tras cambiarse la acusación inicial, le piden 2 años y medio de cárcel y 30.000 euros de multa por, según la versión policial que no real, romperle el pie a un policía y no querer identificarse.

    Entre una fecha y otra han pasado casi 40 años, España ha pasado de una dictadura a una democracia, hay más derechos gracias a que miles de personas, muchas de ellas sindicalistas, no se dejaron amedrentar y antepusieron sus ideales al miedo bajo el convencimiento más absoluto de que las cosas podían cambiar en este país.

    En estos años los sindicatos conseguimos el reconocimiento constitucional que nos atribuye la labor y también la responsabilidad de velar por los derechos de los trabajadores y trabajadoras, y hasta hace unos meses las personas podían expresar libremente sus opiniones en la calle o participar en una manifestación sin que eso le pudiese suponer ir a la cárcel, una multa desorbitada o recibir una paliza.

    ¿Qué ha pasado entonces? La pregunta se responde con una palabra, miedo. Pero no de la gente, sino de un gobierno de derechas incapaz de escuchar a las personas del país en el que gobierna y que, ante el temor a que la sociedad civil organizada se rebele contra sus políticas injustas y discriminatorias, criminaliza el derecho de huelga y la libertad de expresión, reconocido en la Constitución, devolviendo a España a situaciones que recuerdan a otros tiempos.

    Prueba de ese cercenamiento e intento de criminalización del derecho a la huelga y libertad de expresión es que hay 300 sindicalistas encausados, y que las voces de miles de personas como Ángel en Jáen, y de una cada vez más larga lista de jóvenes estudiantes, pretenden ser acalladas a golpe de peticiones de cárcel y de multas desorbitadas pero…¿por qué? ¿por manifestarse y mostrar su desacuerdo con las políticas injustas del gobierno como la LOMCE o la reforma laboral, o porque saben que esas voces son las que pueden despertar las conciencias que han tratado de adormecer en su intento de crear una sociedad adoctrinada?.

    La modificación del artículo 315.3 del Código Penal, cláusula de la época "franquista" que había permanecido "inactiva" más de 30 años, es la evidencia más certera de ese miedo al despertar de las conciencias. El objetivo del gobierno con la "mal" llamada Ley de Seguridad Ciudadana, no es en realidad proteger a las personas sino acallarlas. Saben que la sociedad civil organizada es más fuerte y por eso quieren debilitarla, con la reforma laboral en la empresa y con la acción represora y coercitiva en la calle.

    Así que ante este ataque a los derechos y libertades, hasta ahora protegidos por la Constitución, y las políticas regresivas del gobierno, no cabe más opción, y así lo seguiremos exigiendo desde CCOO, que la derogación de ese artículo en el Código Penal y la modificación de la Ley Mordaza.

    Esperemos que Ángel no sea juzgado como un delincuente y sea considerado como lo que es, una persona que, de forma pacífica, defendía sus derechos junto a miles de estudiantes. La finalidad de una Ley es contribuir a hacer una sociedad más justa, no criminalizar a quienes viven en ella por ejercer un derecho constitucional y defender las libertades.

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