24.04.2019

INFORME 2/2019 SOBRE LA INMIGRACIÓN EN ESPAÑA

El CES analiza los efectos de la inmigración, destacando las oportunidades que supone para el crecimiento y el empleo:

- La sociedad española presenta ya un nivel de multiculturalidad comparable con los principales países receptores del mundo desarrollado.

- La madurez del fenómeno migratorio y su heterogeneidad imponen atención a los aspectos relacionados con igualdad, interculturalidad y gestión de la diversidad, junto al tradicional enfoque de gestión de flujos laborales, que debe asumir el carácter estructural de este fenómeno.

- Incluso en la crisis, España no ha destacado por la emergencia de conflictos xenófobos, pese a la intensidad de sus efectos en el empleo.

- A 30 de junio de 2018, 5,3 millones de personas extranjeras contaban con autorización para residir en nuestro país. La regularidad de su situación administrativa, constituye la norma hoy en día. A pesar de ello, el 38% de la población comparte la impresión de que son más los extranjeros irregulares que los que cuentan con autorización.

- La inmigración ha sido y es un factor clave del crecimiento económico, por su contribución al aumento de la población activa. Las políticas de atracción de inmigrantes con alta cualificación se muestran necesarias para impulsar el desarrollo de sectores de alto valor añadido.

- Las mujeres inmigrantes desempeñan un papel fundamental en el sistema de provisión de cuidados (casi el 20% de personas trabajadoras en primera línea de cuidados) .

- La población extranjera supone en torno al 1,5% de beneficiarios de pensiones contributivas y alrededor del 4,5% de no contributivas. En cambio, la aportación de los extranjeros a la afiliación a la Seguridad Social ha pasado de representar el 2% en 2002 al 10% en 2017. El mantenimiento de una política migratoria abierta puede paliar el descenso de cotizantes, compensando en parte el impacto del envejecimiento.

- El riesgo de pobreza de los inmigrantes africanos y latinoamericanos es del 51% (el de los españoles, el 23%), fundamentalmente por sus niveles salariales más bajos.

- La persistencia de enclaves urbanos y rurales concentrados de población extranjera, con segregación residencial, aumenta el riesgo de conflictividad social.

- España ha tenido menos éxito que otros países en evitar la concentración de inmigrantes en determinados centros. Son necesarias medidas como la consideración de la población inmigrante de la zona en la planificación de las escuelas o cupos de reserva de plaza con independencia de la titularidad del centro.

- La política migratoria no puede reducirse a la gestión de los controles en las fronteras. Hay que apostar por la aceptación de la diversidad y su traslación a la gestión de todas las políticas, con un papel destacado del diálogo social.

El Pleno del CES aprobó el pasado día 20 de marzo por unanimidad, el Informe sobre la inmigración en España. Efectos y oportunidades. El Informe se ha elaborado por propia iniciativa del CES, y se inscribe en una línea de trabajo y de consenso del Consejo de la que fue un ejemplo muy relevante, por su influencia en la normativa sobre este tema, el Informe 2/2004 sobre inmigración y mercado de trabajo en España.

- La sociedad española presenta un nivel de multiculturalidad comparable con los principales países receptores del mundo desarrollado. Estos flujos migratorios se inscriben en el contexto mundial de intensificación de movimientos transnacionales de personas (un 50% más respecto a 2000), si bien con características diferenciadas. La búsqueda de mejores oportunidades sigue siendo el motivo predominante, aunque han crecido los desplazamientos forzados, (26,5% del total). El cambio climático constituye un importante detonante de migraciones.

- La inmigración puede tener impactos positivos en las regiones de origen, por la importancia de las remesas como equilibrador de la deuda externa, y para reducir la pobreza y dinamizar las economías locales, aunque no debe olvidarse que la emigración entraña una gran pérdida de capital humano.Se debería avanzar en políticas que propicien procesos migratorios circulares, de forma que tanto los países emisores como los de acogida se beneficien de la movilidad así como la reducción de los costes de transacción de las remesas.

- Siendo los flujos migratorios un fenómeno global, las respuestas al mismo difícilmente pueden provenir de soluciones nacionales. Es precisa una gestión de flujos que asuma su carácter de componentes estructurales de las sociedades europeas: son necesarios mayores avances en una política migratoria, de asilo y refugio común en la UE.España se ha convertido en uno de los 20 países principales de destino de las migraciones. Hasta mediados de los setenta fue uno de los principales emisores de emigrantes habiendo pasado a receptor desde mediados de los años 80.

- Los interlocutores sociales han contribuido a la elaboración de normas para la adaptación del ordenamiento a la realidad del fenómeno migratorio, en particular desde que en 2004 se incorporaran al diálogo social estas cuestiones migratorias.

- Rápido repunte de la inmigración tras la caída en la crisis, mayor diversidad de países de nacimiento de inmigrantes, menor masculinización y distribución menos concentrada en jóvenes. En la emigración hacia otros países, no se observa un retroceso a cifras como las anteriores a la crisis. En 2017 el saldo migratorio de los extranjeros fue positivo, 194.000 entradas, en contraste con cifras negativas de la crisis (-202.000 en 2013). El saldo de españoles siguió siendo negativo, una salida neta de 30.000 personas en 2017, menos que en 2013 pero más del doble que en 2008.

- Por orígenes, Colombia, Argentina y Ecuador siguen figurando entre los diez primeros, con preponderancia de Rumanía en los emisores de Europa, Marruecos en África y China en el resto del mundo. La presencia de un grupo numeroso de población de su mismo origen impulsa la elección de destino.Proporción de residentes extranjeros, alrededor del 11%, muy por encima del 2% de comienzos del siglo XXI. La variedad de orígenes es importante y coherente con la posición de España, que aumenta su atractivo como residencia.

- A 30 de junio de 2018, 5,3 millones de personas extranjeras contaban con autorización para residir, número superior incluso al de empadronados como residentes. La regularidad y estabilidad de los extranjeros, referidas a su situación administrativa, es hoy en día la norma. A pesar de ello, el 38% de la población comparte la impresión de que son más los extranjeros irregulares que los que cuentan con autorización de residencia.

- Importante presencia de población nacida en el extranjero que han podido naturalizarse españoles. En torno a 6,3 millones de personas residentes en España han nacido en el extranjero.Teniendo en cuenta la acumulación del volumen de expedientes de nacionalización es necesario agilizar su tramitación.

- Los ciudadanos en régimen de libre circulación de la UE suponen el 60% de los extranjeros. Aumenta el peso del componente laboral con la llegada de rumanos y búlgaros (junto con los polacos, ya casi la mitad del total), aunque se mantiene un no desdeñable volumen de entradas por residencia no lucrativa (22%).

- Pierden peso las autorizaciones por motivos de trabajo (27% en 2017). Aumento de residencia de larga duración (36,5%). Reunificaciones familiares en torno al 13%. Autorizaciones por circunstancias excepcionales (incluyen las humanitarias) alrededor del 11%.

- Si bien los solicitantes de asilo y refugio se han duplicado en los últimos años, (en 2018, más de 54. Mil), son magnitudes muy alejadas del volumen otros países de la UE. Comparativamente baja la proporción de resoluciones resueltas favorablemente (en 2017 cayó al 35%, por debajo de la media de la UE). Esta circunstancia y la lentitud de los procedimientos pueden estar actuando como factores disuasorios.

- Se desconoce el volumen exacto de extranjeros en situación administrativa irregular. La información se centra en entradas interceptadas por vía marítima y terrestre cuando lo más probable es que la principal vía de entrada en irregularidad sea la caducidad de visados de turista de personas llegadas por vía aérea.


- Mayor protagonismo en los últimos años de España como punto de entrada a la UE por mar. A pesar de este repunte coyuntural, su peso en el conjunto de la población en España sería residual.

- Relevante el creciente volumen de menores de edad no acompañados (MENA). En 2017 se habían localizado 2.345, cuatro veces superior al año anterior. Su protección se enfrenta a numerosos retos: falta de protocolos sobre determinación de la edad, insuficiencia de servicios de protección, desigual distribución por CCAA, dificultades de ofrecer itinerarios educativos.

- La madurez del fenómeno migratorio y su heterogeneidad imponen atención creciente a los aspectos relacionados con igualdad, interculturalidad y gestión de la diversidad, junto al tradicional enfoque de gestión de flujos laborales.

- Las personas extranjeras son un colectivo heterogéneo con un vínculo muy estrecho con el devenir sociodemográfico del país. Como ocho de cada diez se encuentra en edad laboral, su presencia es más visible en las edades centrales.

- La mayor parte de las personas originarias de otros países está en disposición de contribuir al conjunto de la fuerza de trabajo, pero además constituye un elemento esencial en la provisión de cuidados a mayores dependientes. La tendencia a la feminización responde en parte al incremento de la demanda de cuidados.

- La población extranjera está contribuyendo a atenuar el envejecimiento y limitando el alcance de las tasas de dependencia en las últimas dos décadas. Si se extrae del cómputo a los extranjeros, el segmento en edad laboral sufre una pérdida del 12 por 100 y la tasa de dependencia se incrementaría de manera proporcional.

- La presencia de mujeres con considerable peso en edades de mayor fertilidad está suavizando la tendencia a la baja natalidad. En 2017 dos de cada diez niños nacidos eran hijos de madre extranjera. La población extranjera va asimilando pautas de comportamiento dominantes (reducción paulatina del número de hijos por mujer), por lo que su sola presencia no basta para mitigar el envejecimiento.

- Claro predominio de la inmigración europea (47%), especialmente de la UE (41,5%), con Rumanía (14,4%) y Reino Unido (4%). América (24,3%), África (20,2%) con Marruecos (14,9%).La mayor parte de los extranjeros reside en cuatro Comunidades: Cataluña, Madrid, Andalucía y Valencia.

- En población activa había, en 2018, 3,6 millones de origen inmigrante (733.000 con doble nacionalidad). De ellas, 2,8 millones tenían empleo. El peso de esta población no ha llegado a retroceder, pese a la crisis, y supone más del 15% del total, con una importancia aún mayor en jóvenes (en torno al 22%).

- Participación laboral más alta que la de personas de nacionalidad sólo española (15 puntos más de tasa de actividad). Las personas de origen inmigrante mantienen una participación laboral mayor a lo largo de su vida, mientras que los españoles, varones y mujeres, tienen una participación algo mayor en las edades centrales, y más baja al inicio y en los últimos años. Pero la población de origen inmigrante tiene tasas de paro más altas que la autóctona (21,5 frente a 14,1%).

- El nivel educativo es un factor de primer orden para explicar la incidencia del paro. La población inmigrante tendría un nivel medio de cualificaciones inferior. Pero la propia condición de inmigrante también estaría influyendo en sus tasas de paro a igual edad y nivel educativo. Mayor necesidad de participar en el aprendizaje a lo largo de la vida.

- Además del nivel de cualificación en el mayor paro también influirían las trabas idiomáticas, la no traslación de ciertas capacidades desde un entorno laboral a otro diferente, el reconocimiento de niveles formativos o la acreditación de cualificaciones.

- Para superarlas, se deben desarrollar enfoques más personalizados en los programas formativos, mejorar los procedimientos administrativos, facilitar la homologación de títulos y la acreditación de competencias adquiridas en la práctica laboral.

- Distribución por ocupaciones, distinta de la autóctona. Pesan mucho más las ocupaciones que no requieren cualificación o especialización (29% frente a un 10% en españoles).

- Son las mujeres las que presentan una estructura ocupacional más concentrada hacia empleos no cualificados (55%). Empleadas domésticas, un 22% de ese total. En varones, un 12% de no cualificados. El resto en grupos de cualificación media, en hostelería, construcción, industria, transporte y el sector primario.

- Latinoamérica y el resto de no europeos tienen más peso de no cualificadas, con dos tercios del total del empleo. Pero, con periodos de asentamiento más largos, la estructura ocupacional de las personas de origen latinoamericano es más diversa y tiende a menor peso de empleos no cualificados.

- En general, se da una posición desfavorable en el mercado de trabajo, concentrándose en ocupaciones sin cualificación, más allá de lo que sería resultado de su menor cualificación, y con frecuencia mayor de temporalidad excesiva y trabajo a tiempo parcial involuntario, e incluso subempleo. También estas posiciones mejoran con el tiempo, lo cual habla de su progresiva integración en el mercado de trabajo.

- Las políticas activas de empleo deben contribuir a superar una excesiva concentración en algunas ocupaciones sin cualificación y mejorar la empleabilidad.

- Africanos y latinoamericanos tienen propensión mayor a situaciones de pobreza y exclusión social (59% y 23% en población española). Los comunitarios acusan un riesgo de pobreza también elevado (40,8%), resultado del cambio en los perfiles de esta población, compuesta ya mayoritariamente por procedentes de países de las ampliaciones UE, reflejando la brecha social en la UE.

- Elevada concentración en salarios más bajos. Particularmente bajos entre mujeres de fuera de la UE, con ganancia media anual apenas el 50% de la de hombres españoles, en buena medida por la concentración entre las mujeres en actividades con salarios por debajo de la media.

- Las medidas dirigidas a mejorar las condiciones laborales de los asalariados con peor posición tiene un impacto positivo de los extranjeros.

- Fundamental apostar por la mejora de la empleabilidad de inmigrantes con un enfoque específico de las políticas activas de empleo. El aumento de cobertura de la protección por desempleo contribuirían a reducir la vulnerabilidad de los hogares encabezados por inmigrantes en desempleo. También el fortalecimiento de los programas de garantía de rentas, de ayudas a familias e infancia y de las políticas de vivienda social, que en España están menos desarrolladas que en la UE.

- La población extranjera suponen en torno al 1,5% de beneficiarios de pensiones contributivas y alrededor del 4,5% de no contributivas. En cambio, la aportación de los extranjeros a la afiliación a la Seguridad Social ha pasado de representar el 2% en 2002 al 10% en 2017.

- En protección por desempleo, representan el 9,7% de perceptores, en comparación con los elevados niveles de desempleo que padecen, apuntando a problemas de menor cobertura.

- La media de titulares extranjeros de rentas mínimas se sitúa en el 23,2%, aunque las diferencias territoriales son ostensibles. Avanzar en la consolidación del sistema de rentas mínimas mejoraría la igualdad en el acceso a estos instrumentos.

- En ayudas sociales, por carencia de recursos (becas de guardería o acceso a la vivienda social, en su mayoría competencia autonómica o municipal) se carece de información desagregada por nacionalidad.


- La escasa cuantía de estas ayudas puede dar lugar a agravios comparativos entre personas desfavorecidas. Aunque la “pugna por los recursos” entre estas personas no constituya un problema generalizado merece la atención de las administraciones, especialmente en el ámbito municipal, con sensibilidad y sin electoralismo.

- La planificación de los servicios debe tener en cuenta la diversidad de personas que componen la sociedad, incluyendo el factor migratorio.

- El Real Decreto Ley 7/2018 recuperó el derecho a la asistencia sanitaria a los extranjeros residentes en España en situación de estancia irregular. Sin embargo, algunas necesidades no encuentran respuesta suficiente (atención bucodental). La población extranjera, al igual que la autóctona en situación de vulnerabilidad económica, está más expuesta a los inconvenientes de las listas de espera.

- La cultura de la prevención (vacunación o controles periódicos) encuentra menor arraigo en la población inmigrante. Como consecuencia, tienden a hacer un uso ligeramente más alto de los servicios que atienden cuadros agudos. Necesidad de una mayor focalización de las políticas de Salud en estrategias de prevención. La mayor tasa de natalidad se traduce en mayor frecuentación de servicios de atención al embarazo. Como balance, la población extranjera muestra una intensidad de uso similar –y en ningún caso superior- a la autóctona.

- Las mujeres inmigrantes desempeñan un papel fundamental en el sistema de provisión de cuidados (casi el 20% de personas trabajadoras en primera línea de cuidados).

- El hecho de que se haya delegado en mujeres extranjeras reproduce el esquema tradicional de distribución de la carga de cuidados. Es precisa una apuesta más decidida por apoyar la igualdad entre hombres y mujeres con políticas de mayor profesionalización e institucionalización de la oferta de cuidados.

- Según va avanzando su estancia en España, las condiciones de vida y residenciales de los inmigrantes mejoran. No obstante, persiste mayor exclusión residencial, fundamentalmente en extracomunitarios.

- El esfuerzo de acceso a la vivienda es mayor y no suele corresponderse con la calidad de las viviendas. Sobrecarga financiera y retraso en el pago de los gastos también superiores. En 2012, el 46% de las personas sin techo eran de nacionalidad extranjera.
El parque de vivienda social es insuficiente para cubrir las necesidades residenciales de la población, con independencia de su origen.

- Pero los inmigrantes tienen más dificultades. Sus estrategias residenciales más precarias influyen en una movilidad más elevada, con frecuencia mayor de situaciones conflictivas y peor integración en la comunidad de vecinos.

- En determinados enclaves, se producen concentraciones de población extranjera. No toda tienen que derivar en segregación espacial, pero la persistencia de enclaves con segregación y exclusión residencial aumenta el riesgo de conflictividad social.

- Es preciso contar con estadísticas que permitan un estudio de la situación residencial de los inmigrantes, evaluar las medidas de vivienda social y revisar su suficiencia. Las políticas locales de ordenación urbana y de intervención social son esenciales para mitigar la segregación.

- Importante presencia de alumnado extranjero en el sistema educativo no universitario (8,8%).

- La concentración espacial de elevado número de inmigrantes en determinados enclaves se traslada al ámbito escolar. Los menores rendimientos no solo dependen del volumen de alumnado inmigrante, sino de la concentración en determinados centros de titularidad pública de alumnado procedente de familias en situación más vulnerable.

- España ha tenido menos éxito que otros países en evitar la concentración. Medidas para reducirla: consideración de la población inmigrante de la zona a la hora de planificar las escuelas y configurar los grupos dentro del colegio, cupos de reserva de plazas con independencia de la titularidad del centro, zonificación escolar que establezca zonas heterogéneas, ponderar criterios de acceso, reforzar las comisiones de garantías de admisión.

- Diferencias entre el alumnado extranjero y nativo respecto a sus logros educativos, desfavorables a los primeros. Los extranjeros están infrarrepresentados en los niveles postobligatorios, lo que guarda relación con su mayor nivel de fracaso escolar.

- Rendimiento educativo menor, si bien las diferencias se reducen en segunda generación. Influyen desventajas socioeconómicas, y asociadas al estatus de inmigrante (idioma, trayectoria escolar…).

- Fundamental el papel del profesorado en la integración, si bien las acciones docentes se encuentran limitadas por las trayectorias de los centros respecto a la atención a la diversidad.

- La atención a la diversidad requiere un enfoque individualizado, según necesidades concretas del alumnado extranjero.

- La mejora del rendimiento educativo de la segunda generación no depende solo de políticas educativas también, de la mejora de las condiciones de vida.

- La inmigración ha sido y es un factor clave del crecimiento económico, por su contribución al aumento de la población activa y al desarrollo de sectores intensivos en mano de obra con mucho peso en la economía, como construcción, hostelería, turismo, comercio, agricultura y servicio doméstico.

- Sería deseable una política de inmigración humanitaria, abierta, ordenada y segura, que fomente la inserción laboral regular y agilice los procesos administrativos de contratación.

- Las políticas de atracción de inmigrantes con alta cualificación se muestran necesarias para impulsar el desarrollo de sectores y segmentos productivos de alto valor añadido.

- La incorporación de gran número de extranjeras a los cuidados y las tareas del hogar (el 60% del empleo) es un factor de aumento de la tasa de actividad de las mujeres cualificadas españolas con cargas familiares, otra clave del crecimiento económico español.

- Es preciso valorar la aportación de las personas trabajadoras de origen extranjero en el horizonte de la previsible crisis de los cuidados ligada al envejecimiento de la población, siendo necesarias políticas tendentes a la profesionalización.

- El mantenimiento de una política migratoria abierta, flexible e integradora puede paliar el descenso de la población en edad de trabajar, y con ello, de los ingresos por cotizaciones, compensando en parte el impacto del envejecimiento.

- Indicadores de un nivel de integración social relativamente satisfactorio: situación administrativa regular de la gran mayoría, relaciones sociales fluidas con población autóctona, aprecio por los inmigrantes de las instituciones del país y un grado de convivencia intercultural superior al de otros países europeos. Incluso en la crisis, España no ha destacado por la emergencia de conflictos xenófobos, pese a la intensidad de sus efectos en el empleo.

- En España se valora más positivamente que en la media de la UE 28 la aportación de la inmigración a la sociedad. Sin embargo, persiste segregación de población extranjera en ámbitos como la vivienda y educación. Un problema que no puede solucionarse exclusivamente desde las políticas de inmigración afecta a otras políticas sectoriales (planificación urbana, educativa) que deben incorporar la gestión de la diversidad.

- Las políticas de integración de ámbito estatal han estado prácticamente ausentes. Un indicio esperanzador es la presentación de un proyecto de “Marco estratégico sobre integración de inmigrantes”.

- Para evitar que un fenómeno estructural sea catalogado como problema, es necesario que los poderes públicos transmitan un relato veraz y ajustado a la realidad de nuestro país. La población española es de las que más desinformadas se declaran sobre este tema y tiende a sobredimensionar el fenómeno de la inmigración.

- Positiva evolución de la mayoría de indicadores sobre evolución del racismo y la xenofobia, con amplia aceptación de la diversidad. Sin embargo, hay indicios de rechazo hacia algunos colectivos que, aunque minoritario, requiere ser tomado en consideración. También se constata un aumento del discurso del odio, sobre todo en las redes sociales.

- Preservar la confianza y la tolerancia de la sociedad, debe ser un objetivo de los poderes públicos, de todas las organizaciones y actores políticos y sociales, incluyendo los interlocutores sociales.

- No se pueden simplificar las múltiples repercusiones de las migraciones reduciéndolas a un balance de costes y beneficios. Se requiere un enfoque integral orientado a aprovechar las oportunidades del atractivo de España como destino y prevenir los riesgos derivados de la segregación de extranjeros.

- La política migratoria no puede quedar reducida a la gestión de los controles en las fronteras. Es necesario apostar por la aceptación de la diversidad y su traslación a la gestión de todas las políticas, apoyadas en el más alto nivel de consenso, con un papel destacado del diálogo social.

 

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13.03.2019

INFORME 01/2019 SOBRE EXPORTACIÓN DE SERVICIOS NO TURÍSTICOS EN ESPAÑA

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24.01.2018

Informe 01/2018 sobre El medio rural y su vertebración social y territorial

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20.12.2017

Informe 04/2017 sobre El sector eléctrico en España

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04.04.2018

Informe CES 3/2017 SOBRE LA DIGITALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA

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12.03.2019

DICTÁMEN 01/2019 SOBRE ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN INTEGRAL A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA FRENTE A LA VIOLENCIA

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12.03.2019

DICTÁMEN 06/2018 SOBRE ANTEPROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE REGULACIÓN DE PLANES Y FONDOS DE PENSIONES

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26.02.2019

DICTAMEN 5/2018 sobre el Anteproyecto de Ley por la que se reforma la legislación civil y procesal en materia de discapacidad

El CES valora positivamente el Anteproyecto de Ley de Reforma de la Legislación Civil y Procesal en materia de discapacidad:

El CES considera que el Anteproyecto de ley por el que se reforma la legislación civil y procesal en materia de discapacidad supone una iniciativa razonable de adaptación de la Convención de Naciones Unidas sobre derechos de las personas con discapacidad

El CES considera que para una mejor adaptación de la Convención deberían reforzarse las medidas de apoyo en el ámbito procesal, orientadas a interpretar la voluntad de la persona con discapacidad.

La norma debería establecer la participación de las organizaciones sociales vinculadas con la discapacidad, y los servicios sociales, en el seguimiento de las medidas de provisión de apoyos.

 

El Pleno del Consejo Económico y Social (CES) aprobó ayer, por 38 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones el dictamen sobre el Anteproyecto de Ley por la que se reforma la legislación civil y procesal en materia de discapacidad, remitido por el Ministerio de Justicia, para la preceptiva consulta por parte del principal órgano de consulta del Gobierno en materia socioeconómica y laboral.

El CES considera que la aplicación en España de la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de la personas con discapacidad requería de una reforma normativa, en materia civil y procesal como la que ahora se plantea.

El CES considera el Anteproyecto de Ley una iniciativa razonable de adaptación, por lo que la reforma le merece una valoración positiva en términos generales, aunque habría sido deseable que el Anteproyecto profundizase en el tratamiento de determinados aspectos.La Convención desplaza la determinación de la capacidad de estas personas, como objeto de los procedimientos, en favor de la determinación de las dificultades que surgen en el ejercicio de esa capacidad, y, consecuentemente en la necesidad de arbitrar apoyos para facilitar ese ejercicio.

Por ello, el CES aconseja reforzar la aplicación de este cambio de aproximación, integrando de forma expresa los principios del artículo 12 de la Convención, sobre capacidad jurídica de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás.

La concepción hasta ahora vigente de los procesos sobre capacidad de las personas basada en el modelo asistencial o médico de la discapacidad articulada mediante un proceso civil contradictorio no puede entenderse suficientemente reorientada en los casos de determinación de apoyos que requieran de una resolución judicial.

En consecuencia, sería conveniente reconsiderar algunos planteamientos de la Reforma Procesal: suprimir la referencia al “interés superior, para así hacer efectiva la voluntad y preferencias propias de cada persona con discapacidad; determinar las medidas de apoyo en un procedimiento de jurisdicción voluntaria en el que se considere de manera esencial la aportación de la propia persona; eliminar expresiones como “suficiente madurez” o “suficiente juicio”, sustituyéndolas por la identificación de la voluntad de la persona con discapacidad.

Habría que definir mejor la determinación de los ajustes razonables que deban realizar los Tribunales para garantizar a las personas con discapacidad el ejercicio de todos los derechos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás.

El CES considera que el cambio de modelo que conlleva el Anteproyecto puede generar gastos en el ámbito de la Administración de Justicia, en formación o refuerzo del personal, que deberían reflejarse en la Memoria de Impacto Normativo.

Sería deseable que se estableciesen mecanismos de cooperación con las organizaciones sociales vinculadas con la discapacidad, así como, con los servicios sociales, a fin de favorecer su participación en el seguimiento y control de las medidas de provisión de apoyos que establece la norma.

Debería reconocerse la legitimación para instar la provisión de apoyos en resolución judicial, a las entidades de atención a personas con discapacidad

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26.02.2019

DICTAMEN 4/2018 sobre el Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas

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07.03.2018

Dictamen 03/2018 sobre el Anteproyecto de Ley por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias

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07.03.2018

Dictamen 02/2018 sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Ejecución de la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado

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07.03.2018

Dictamen 01/2018 sobre el Anteproyecto de Ley de modificación del Texto Refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones

Aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, para la transposición de la Directiva 2014/50/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014, relativa a los requisitos mínimos para reforzar la movilidad de los trabajadores entre Estados miembros mediante la mejora de la adquisición y el mantenimiento de los derechos complementarios de pensión

​ ​(Incluye el voto particular presentado por los Consejeros del Grupo Segundo (CEOE-CEPYME) al que se han adherido los Consejeros Ana Matorras (Experta designada por el Gobierno) y Juan José Álvarez Alcalde (ASAJA), del Grupo Tercero).

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19.07.2017

Dictamen 01/2017 sobre el Anteproyecto de Ley por la que se modifica la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco

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