Ante la propuesta de Decreto por el que se aprueba el reglamento de los servicios del ciclo integral del agua de uso urbano, CCOO Andalucía ha expuesto diferentes reivindicaciones junto a organizaciones como FACUA (Federación Andaluza de Consumidores y Usuarios de Andalucía), AEOPAS (Asociación Española de Operadores públicos de Abastecimiento y Saneamiento), EeA (ecologistas en Acción Andalucía), FNCA (Fundación Nueva Cultura del Agua) e ISF(Ingeniería sin Fronteras).
Dichas reivindicaciones parten de una premisa clara, que se garantice el derecho humano al agua y al saneamiento. Y lo hace en consonancia con lo que establece la propia norma de Naciones Unidas, que sea un derecho construido bajo parámetros de no discriminación e igualdad sustantiva, con accesibilidad, calidad y asequibilidad, y otros comunes con los derechos humanos económicos, sociales y culturales, como son la participación, el acceso a la información, la transparencia, la rendición de cuentas y la sostenibilidad.
Igualmente entre las reivindicaciones fundamentales del texto se encuentran la necesidad de regular de forma coordinada y con criterios uniformes el derecho humano al agua y al saneamiento, ya que aunque algunos ayuntamientos andaluces han empezado a regular algunos aspectos, especialmente los relacionados con el acceso, la prohibición de cortes de suministro y la garantía de un mínimo vital para las personas social y económicamente vulnerables, esto no es una realidad para la mayoría de las personas en Andalucía
CCOO además insiste en que la gestión del ciclo integral del agua puede y debe ser un yacimiento importante para la generación de nuevos empleos y mantenimiento de los ya existentes, con lo que se deben abordar estas cuestiones en el Reglamento con medidas como la necesaria inclusión de cláusulas sociales y medioambientales en los procedimientos de concesión y contratación del ciclo integral del agua.
En ese sentido, el sindicato ha pedido expresamente en sus propuestas que se evite la precarización de las condiciones de trabajo y se garantice la seguridad de las personas trabajadoras. “Las administraciones locales y la representación legal de la plantilla junto a las organizaciones sociales más representativas deben consensuar y acordar las medidas oportunas para ello”.
También ha expuesto la central la necesidad de que el Reglamento garantice que las administraciones públicas respeten el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento, para lo que es “esencial” no eliminar servicios existentes ni obstaculizar el acceso a ellos. “Las administraciones locales son las responsables de garantizar la adecuada prestación del servicio a los ciudadanos, por lo que debe superarse el enfoque del actual Reglamento del suministro domiciliario de agua para darle un carácter más global a toda la gestión de este bien esencial para la sociedad”.
