CCOO propone reforzar el papel de la representación legal de los trabajadores en la formación de las empresas

    Es necesario reforzar los mecanismos de control de la formación programada o bonificada dentro y fuera de la empresa. El papel de la Representación Legal de los Trabajadores es fundamental y debe adquirir la relevancia que legalmente tiene reconocida.

    18/02/2019.

    En la formación programada o bonificada, las empresas gozan de una posición privilegiada. Tienen libertad y flexibilidad para organizar e impartir acciones formativas que apoyen su estrategia empresarial. La bonificación es automática: las empresas declaran pero no justifican la formación. El único control al que están sometidas son las actuaciones de seguimiento realizadas por el SEPE y la que los propios trabajadores y trabajadoras realizan a través de la representación sindical en las empresas. Para Lola Santillana, secretaria de Empleo y Cualificación profesional de CCOO “resulta irresponsable destinar 600 millones de euros del presupuesto público a bonificaciones empresariales a una formación que ha demostrado ser muy genérica, de corta duración y que presenta un volumen alto y creciente de incidencias. Es necesario reforzar los mecanismos de control dentro y fuera de la empresa. El papel de la Representación Legal de los Trabajadores es fundamental y debe adquirir la relevancia que legalmente tiene reconocida en la tramitación de esta iniciativa”.

    Por su parte, la pequeña empresa suele encomendar la organización de la formación a entidades externas. Aunque la Ley 30 del año 2015 reguló las obligaciones y responsabilidades de estas entidades, no resultó suficiente. Y no lo fue porque el problema de la pequeña empresa es que no encuentra en el Sistema las respuestas a sus necesidades. Las medidas de apoyo no pueden ser endurecer las condiciones de las entidades organizadoras ni imponer mayores sanciones. CCOO reclama una modificación de la Ley que de una vez por todas apoye a la pequeña empresa y ofrezca un marco de oportunidades reales de formación.

    Para completar el panorama, el porcentaje de empresas con deducciones indebidas crece con el tamaño de la empresa: la gran empresa incumple más que la pequeña. Como media, el 77% de las PYME no tienen incidencias en las bonificaciones. En el caso de las empresas de más 250 trabajadores y trabajadoras, se reduce al 54% el número de empresas que no tienen reclamación de cantidades por bonificaciones indebidas. Sin embargo, resulta más gravoso para la pequeña empresa que, como media, tiene que devolver el 90% de la cantidad bonificada.

    Todo ello según datos del informe “Formación programada por las empresas. Informe de resultados del proceso de comprobación”, donde encontramos que, en el año 2017, 298.563 empresas -un 6,9% menos que en 2016- se bonificaron sus costes de formación en las cotizaciones a la Seguridad Social. Este descenso se explica por la retirada de 12.000 empresas muy pequeñas, con menos de 5 trabajadores y trabajadoras en plantilla.

    El informe recoge también que el proceso de comprobación de estas bonificaciones ha tenido como resultado una reclamación de 40.750.400 euros por bonificaciones indebidas, cantidad que supone un 9% del total del total de las bonificaciones y que afecta al 25% de las empresas -74.047-.

    El SEPE ha realizado seguimiento a un 24% de las empresas. En el 65% de los casos se han detectado prácticas indebidas en las bonificaciones. Como resultado de este proceso de control se ha multiplicado por 3 el número de empresas con incidencias y el importe a devolver lo ha hecho por 5 (de 7 millones de euros a 40,7 millones de euros). Según Lola Santillana, “el automatismo y la falta de justificación de las bonificaciones por formación favorece su práctica irregular”. Así, se han anulado 32.436 participantes porque no tenían ninguna relación con la empresa: estaban en situación de desempleo, no dados de alta o pertenecían a otra empresa diferente. Este hecho llama la atención cuando es una iniciativa para que la empresa forme a las personas trabajadoras asalariadas.

    El nuevo Sistema de formación profesional iniciado en el año 2015 sigue sin dar respuesta ni a la pequeña empresa ni a sus trabajadores. Y la que se atreve, tiene una probabilidad muy alta de enfrentarse a una reclamación de cantidad con los consiguientes recargos. Desde 2015, año de entrada en vigor de la nueva ley de formación profesional en el ámbito laboral, la participación de las PYME con plantillas inferiores a 10 trabajadores se ha reducido en un 32%. Una situación que se hace insostenible para la formación profesional para el empleo en el ámbito laboral que todos necesitamos.

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