Confederación Sindical de Comisiones Obreras | 20 abril 2024.

REVISTA TRABAJADORA, N. 67 (JUNIO DE 2019)

La negociación colectiva en el servicio de ayuda a domicilio, de Pilar Expósito Cortés

    PILAR Expósito escribe en el siguiente artículo sobre el VII Convenio Marco EStatal de Servicios de Atención a las Personas Dependientes y Desarrollo e la Promoción de la Autonomía Personal.

    04/07/2019.
    Fotografía de Txefe Betancort.

    Fotografía de Txefe Betancort.

    EN SEPTIEMBRE de 2018 se publicaba el VII Convenio Colectivo Marco Estatal de Servicios de Atención a las Personas Dependientes y Desarrollo de la Promoción de la Autonomía Personal, un convenio que abarca tanto residencias privadas de personas mayores como a los servicios públicos de ayuda a domicilio ofertados y gestionados por los ayuntamientos, en forma de concierto con empresas privadas. Así, este convenio cubre dos contextos laborales bien diferentes: las trabajadoras contratadas por empresas para residencias privadas por una parte, y por otra, aquellas que trabajan para los servicios sociales de los ayuntamientos, subcontratadas a través de empresas privadas. El último contexto laboral citado concierne entorno a 150.000 personas, de las cuales algo más del 90% son mujeres.

    En primer lugar debemos poner en contexto este trabajo, que se entiende como un servicio social más, entre los ofertados por nuestro “Estado de bienestar”. Así, aunque hay referencias anteriores, cabe señalar la importancia que adquiere este sector laboral cuando, en 1970, por orden ministerial, se instituye el Servicio Social de Asistencia a los Ancianos. Ya, desde esta época, se establece que la ayuda a domicilio a los pensionistas y a personas con diversidad funcional puede materializarse en multitud de tareas diferentes, incluyendo asistencia para el aseo personal, limpieza del hogar, lavado de ropa, asistencia médica a domicilio, servicio de comida, compañía, terapia ocupacional y un largo etcétera de potenciales funciones dependiendo de las necesidades de quien lo solicite.

    Sin embargo, posiblemente el mayor hito en materia de servicios de ayuda a domicilio viene mucho más tarde con la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, del Gobierno de Zapatero, conocida popularmente como ley de dependencia. Este texto, en su exposición de motivos, explica la importancia de organizar la atención a la dependencia por razones no solo sociales sino también demográficas: “Es necesario considerar el importante crecimiento de la población de más de 65 años, (18,5% población actual). A ello hay que añadir el fenómeno demográfico denominado ‘envejecimiento del envejecimiento’, es decir, el aumento del colectivo de población con edad superior a 80 años (6%). A esta realidad debe añadirse la dependencia por razones de enfermedad y otras causas de discapacidad o limitación, que se ha incrementado en los últimos años”.

    Entre otras medidas singulares, esta ley creó la figura de “cuidadores no profesionales de las personas en situación de dependencia”,- normalmente familiares, abrumadoramente mujeres- a quienes el Estado pagaba la cotización a la Seguridad Social. Esta medida, junto con todo un abanico de ayudas a la dependencia que contemplaba la citada ley, fue eliminada por el ejecutivo de Mariano Rajoy en el año 2012.

    Sin embargo, el Gobierno socialista de Pedro Sánchez, desde el 1 de abril de este año, ha recuperado la cotización a la Seguridad para este colectivo, al haber entrado en vigor esa medida contemplada en el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para la garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.

    Así, hasta el 1 de abril solo 7.460 personas cuidadoras estaban acogidas al Convenio especial de cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia, de las que 6.640 (el 89%) eran mujeres y 820 (el 11%) hombres. Sin embargo, a partir de la nueva normativa el número de cuidadoras no profesionales dadas de alta en la Seguridad Social se ha duplicado en poco más de un mes: a fecha de 8 de mayo, la cifra de cuidadoras no profesionales de personas en situación de dependencia había aumentado hasta 16.695, según fuentes de la Tesorería General de la Seguridad Social.

    Aunque la Federación Estatal de Construcción y Servicios de CCOO celebra todo aquello que suponga un avance en derechos y dignificación de las personas dependientes, también defendemos que es preferible que, frente a los cuidados no profesionales, se potencien los servicios de ayuda a domicilio por un doble motivo. Por una parte, la promoción de la igualdad; es indiscutible que al final, esta medida penaliza a las mujeres, porque son quienes normalmente renuncian a su vida profesional para atender a sus familiares, a cambio de una mera cotización para tener una pensión al jubilarse y una compensación económica irrisoria.

    Por otra parte, existen motivos de promoción del empleo. Es evidente que los cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia impiden la entrada en el mercado de trabajo a las personas profesionalizadas en el área de cuidados. Actualmente existen ciclos de formación profesional especializados en atención a la dependencia y certificados de profesionalidad para quienes llevan ejerciendo este oficio mucho tiempo. A las trabajadoras de ayuda a domicilio se les ha exigido profesionalizarse y, de hecho, en los últimos tiempos se han acreditado 50.000 personas en toda España, aunque, de momento, no ha revertido en mejoras salariales ni de condiciones laborales en general, en términos de temporalidad y parcialidad. En cualquier caso, el sindicato defiende el trabajo asalariado y profesionalizado frente a unas medidas de medias tintas.

    De hecho, una de las principales reivindicaciones de CCOO de Construcción y Servicios es precisamente destacar que la creación de empleo en ayuda a domicilio depende de los presupuestos de las administraciones públicas. En este sentido, deben tomar conciencia de que los presupuestos para dependencia no pueden más que aumentar, debido al imparable envejecimiento de la población.

    Pero además, también deben conceder que es inadmisible que la brecha laboral entre los trabajos feminizados y masculinizados se reproduzca en un sector que está financiado y promovido por el Estado. Las estadísticas demuestran que las mujeres perciben salarios más bajos y tienen mayor temporalidad y parcialidad involuntaria respecto a los hombres, y en el Servicio de Ayuda a Domicilio estas características del mercado laboral femenino se reproducen de manera inequívoca.

    Por el contrario, en sectores equivalentes masculinizados, en los que el Estado también juega un papel importante en la contratación, no sólo pueden llegar a cobrar hasta 5.000 euros más al año que un sector feminizado (90% mujeres) como ayuda a domicilio, sino que de ninguna manera sufren la alta temporalidad (70%) y parcialidad (85%) que soportan las trabajadoras en este sector.

    De hecho, se conoce la existencia de categorías profesionales cuya denominación incluye a las personas de uno u otro sexo, y que conllevan distintas retribuciones económicas en cada caso, siendo menor cuando es específica para mujeres. De la misma manera, en los convenios colectivos se observa históricamente- aunque cada vez menos- la atribución de complementos salariales en función de una valoración sexista del trabajo que establece complementos más elevados para aquellos trabajos considerados “masculinos”, que son aquellos pesados o peligrosos en sentido tradicional, y no considerándose como tales y, por tanto, no remunerándose otros factores de riesgo a los que están sometidos los puestos de trabajo “femeninos”, como son velocidad, monotonía, atención, etc.

    Así, aunque se han hecho muchos avances en materia de negociación colectiva en sectores feminizados, queda mucho por hacer todavía. La creación de un sector regularizado y cualificado para el empleo doméstico será la herramienta que posibilite la sindicación de sus trabajadoras y, con ello, la dignificación social, convirtiéndose en fuente de empleo digno, de calidad y con derechos.

    Pilar Expósito es secretaria de Mujeres e Igualdad de la Federación Estatal de Construcción y Servicios de Comisiones Obreras (@CCOO_CS).

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