Confederación Sindical de Comisiones Obreras | 19 abril 2024.

OPINIÓN

Diálogo social, clave política contra la pobreza y la desigualdad, Elena Blasco Martín

    EL SIGUIENTE artículo de opinión de Elena Blasco Martín, secretaria confederal de Mujeres e Igualdad de CCOO fue publicado en la revista El Siglo de Europa el 13 de febrero del 2020.

    19/02/2020.
    Elena Blasco.

    Elena Blasco.

    QUE LA NECESIDAD, la urgencia y, en algunas ocasiones, el oportunismo, hacen posible lo inesperado es un hecho en la historia democrática de nuestro país. Y con todos y cada uno de esos elementos se ha configurado este Gobierno de coalición progresista que se presenta como el desengrasante de la acción política y del inmovilismo económico y social.

    Los primeros 30 días del Gobierno han servido para rebatir a toda una galería de vaticinadores de las más insólitas desgracias universales, verificando que es el diálogo social el instrumento más adecuado para configurar una hoja de ruta acorde a la necesidad social.

    La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a esos 950 € actúa directamente sobre más de dos millones de personas trabajadoras y tiene una clara repercusión en la situación laboral de las mujeres. Una medida económica que facilita claramente su autonomía personal y económica, especialmente a las más necesitadas.

    Este primer envite, fruto de un diálogo social más allá de colores y siglas, ha demostrado ser un acto de responsabilidad compartida y de sentido común en medio de tanta crispación irracional. Aún queda mucho por hacer, aún queda mucho por cambiar. Y, aunque los inicios son favorables y esperanzadores, considero imprescindible seguir vigilantes e incluso exigentes con un documento programático de Gobierno que parece recoger buena parte de los puntos que, según valoramos desde la organización sindical de CC OO, son claves y urgentes para mejorar las condiciones laborales y vitales de todas las personas.

    Que el nuestro es un país con grandes desigualdades es una realidad incuestionable que la semana pasada ratificó el mismísimo relator de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Philip Alston, quien, en dos semanas en las que se reunió con colectivos vulnerables, constató cómo la pobreza energética, las personas sin hogar y la exclusión social son los grandes rasgos invisibilizados que afectan a más de la mitad de la población española. Pobreza, exclusión y desigualdad, que se recogen en las propias palabras de Alston: “Siendo un país rico, España vive en la pobreza generalizada”.

    Medidas como el aumento del SMI, que facilita ir avanzando acorde a conseguir ese 60% de la media salarial de país, tal y como marca la Carta Social Europea, es un impulso que se suma al acuerdo con la patronal para subir los salarios mínimos de convenio a 14.000 euros anuales, y a los incrementos en los convenios por encima del 2,3%, todo lo cual va a influir directamente y de forma positiva como elemento corrector para ese nuevo grupo de personas trabajadoras pobres.

    Pero la solución no sólo pasa por un aumento salarial, nuestro país requiere de un compromiso firme y contundente entre el Gobierno y los agentes sociales para la revisión y actualización de las medidas concernientes a la legislación laboral, a los sistemas de prestación y protección social, a las pensiones, al desmontaje de las reformas laborales, a la formación, a la transición ecológica, a la energética y a la política industrial y social.

    Esta claro que, siendo un país con esa pobreza generalizada, con los altos niveles de desempleo, con un sistema educativo segregado, con un sistema de protección y prestación social que revela desigualdades, con una fiscalidad que brinda derechos a los más ricos y con una importante crisis de vivienda, lo mejor que podría suceder es que las decisiones políticas vayan dirigidas a un compromiso firme por lograr la justicia social.

    Nuestro Gobierno tiene la posibilidad de hacerlo y afianzar la confianza ciudadana dando prioridad al interés público, proporcionar mayor transparencia e independencia económica a la financiación política y comprometerse con la sociedad civil en hacer un mayor seguimiento y denuncia contra la corrupción.

    En pocas palabras, la prioridad política no siempre coincide con la urgencia social, pero el diálogo social ha demostrado que esto es posible y la agenda sindical de CC OO es una muestra de alianza entre la urgencia social y la prioridad sindical.

    Dejemos la burocracia para los despachos y trabajemos para avanzar en derechos universales y para erradicar la desigualdad.

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