El impulso a la reactivación económica no puede hacerse a costa de la protección medioambiental

    Comunidades Autónomas como Andalucía, Murcia o Madrid, han comenzado o anunciado la modificación de normativas para, con el pretexto de reactivar la economía tras el COVID, reducir “trámites administrativos”, y así rebajar requerimientos medioambientales y de participación pública.

    11/05/2020.
    La reactivación económica no puede hacerse a costa de la protección del medioambiente

    La reactivación económica no puede hacerse a costa de la protección del medioambiente

    Muchos de estos cambios regulatorios tienen por objeto cambiar la legislación urbanística reduciendo los plazos de tramitación, como en Andalucía; eliminar la participación de determinados órganos administrativos de control y los informes previos en la tramitación de procedimientos, como en Murcia, o sustituir las licencias urbanísticas por meras declaraciones responsables, como ha anunciado la Comunidad de Madrid.

    En otros casos, los cambios afectan a normativas específicamente ambientales como en Andalucía, donde se sustituye de la normativa de gestión integrada de la calidad ambiental, las autorizaciones administrativas, por calificaciones ambientales de menor rango y exigencia. También se elimina la obligación de calcular la huella de carbono de productos y servicios prevista en su ley de cambio climático, un instrumento muy importante para avanzar en la reducción de emisiones de las empresas.

    El argumento que se emplea para estos cambios es tratar de agilizar trámites administrativos para favorecer la actividad económica, un camino que no es de recibo cuando nos enfrentamos a una emergencia climática y ecológica cuyas consecuencias también van a ser catastróficas. Para CCOO, la salida de la crisis no puede ser a costa del medio ambiente.

    A juicio de CCOO, la falta de agilidad en los trámites administrativos tiene más que ver con la reducción de empleados públicos derivada de los recortes de los últimos años. Por eso, lo que tienen que hacer las administraciones, como ha reivindicado reiteradamente CCOO, es aumentar las plantillas de todas ellas para agilizar las diferentes tramitaciones administrativas.

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