Confederación Sindical de Comisiones Obreras | 24 abril 2024.

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Empleo/ Mujeres en servicios esenciales. Servicio de ayuda a domicilio, de Paula Guisande Boronat, Pilar Expósito Cortés y Silvia Espinosa López

    LO VIVIDO en los últimos dos meses ha dejado claro que no hay nada más importante que la vida y la salud de las personas, haciendo que cambie, por fin, la mirada sobre los trabajos que sostienen lo que más importa.

    10/06/2020.
    Trabajadora de ayuda a domicilio, y delegada de CCOO, repartiendo material de protección, facilitado por el Ayuntamiento de Jaén, entre sus compañeras.

    Trabajadora de ayuda a domicilio, y delegada de CCOO, repartiendo material de protección, facilitado por el Ayuntamiento de Jaén, entre sus compañeras.

    SON TRABAJOS que antaño desempeñaban las mujeres sin cobrar, de manera absolutamente invisible, y una vez trasladados al ámbito laboral han seguido menospreciados y, en consecuencia, precarizados y mal remunerados. Y es que aún está en el ideario social esa imagen machista de las mujeres que nacen sabiendo limpiar, cuidar de personas dependientes, cocinar, etc., trabajos que, desde esa lógica, no llevan valor añadido. Ha tenido que caer encima esta pandemia para que se reconozca el valor social de los cuidados, y se debe aprovechar, antes de que se enfríen los aplausos, para exigir avances. De cómo estén organizados los cuidados en la sociedad dependen la cohesión social y la igualdad entre hombres y mujeres.

    En este marco se encuentra el sector de la ayuda a domicilio (en adelante SAD), regulado por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. El SAD ocupa laboralmente a alrededor de 260.000 personas (2019), mayoritariamente mujeres, y atiende a 326.043 personas, que constituyen un 3,77% de las personas de más de 65, según datos de 2018 (el 73% de las personas usuarias son mujeres y el 65% supera los 80 años).

    En el año 2012, con la excusa de la crisis, el Estado y la gran mayoría de las comunidades autónomas aplicaron recortes al sistema de dependencia: redujeron la financiación, cambiaron las condiciones de los pliegos, aumentaron los requisitos para acceder a las prestaciones y bajaron el precio por hora en hasta un 30%. Dichos recortes generaron graves problemas que derivaron en un empeoramiento de las condiciones laborales y de la calidad del servicio prestado.

    En 2014 se abrió una grieta entre las condiciones en función de la administración contratante. Así, la calidad de los servicios en manos de las corporaciones locales se fue distanciando de la calidad de los servicios en manos de administraciones autonómicas, con una diferencia del 7% entre el precio/hora en uno y otro caso. En las corporaciones locales quedó como una prestación residual, provocando tensiones en la gestión, puesto que el precio/hora no contempla las condiciones mínimas del convenio colectivo. La externalización del servicio en estas condiciones acentúa la precariedad laboral, afecta negativamente a las ratios de atención y debilita la posición sindical en la negociación colectiva.

    Posteriormente, en 2017, la aprobación de la Ley de Contratos del Sector Público supuso un cambio sustancial, aunque insuficiente, ya que introdujo cambios en las condiciones de los pliegos, que actualmente priman los aspectos técnicos (60% en la valoración) sobre los económicos (40%).

    Pero la precariedad persiste. Las trabajadoras del SAD sufren un alto porcentaje de parcialidad, con jornadas que se interrumpen varias veces durante el día. Su trabajo requiere de esfuerzos físicos considerables que conllevan lesiones músculo-esqueléticas no reconocidas como enfermedades profesionales. Además, quedan fuera del ámbito de aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que actualmente no contempla los domicilios como centros de trabajo.

    De cara al futuro es la posibilidad de una regulación laxa de la figura del asistente personal la que amenaza la supervivencia de la ayuda a domicilio. Para evitar que una figura aún más precaria la sustituya, CCOO está siendo muy beligerante en la defensa de la profesionalidad, la formación y los derechos laborales de quienes se desempeñen como asistentes personales.

    El impacto de la crisis: la salud, lo primero

    Y EN ESTO LLEGARON la crisis del COVID-19 y el caos, que es la palabra que mejor puede definir la situación vivida en el sector sociosanitario en general, y en el servicio de ayuda a domicilio en particular. Un caos que ha sido consecuencia de la gran descoordinación entre los agentes que toman las decisiones sobre los servicios y de la falta de directrices y protocolos claros, de formación y, sobre todo, de medios de protección.

    La naturaleza del servicio de ayuda a domicilio, donde las trabajadoras atienden a personas dependientes en solitario y en casa de cada una de ellas, ha supuesto un escenario muy peligroso y complicado. La falta de EPIS, que ha sido un clamor general, ha afectado especialmente a estas trabajadoras, que han sido las últimas de la fila, como ha denunciado en repetidas ocasiones CCOO.

    Emocionalmente, estas trabajadoras han vivido no sólo la angustia de saberse en riesgo, sino también de “pensarse” como posibles transmisoras del virus a su entorno familiar y a las personas dependientes a las que atienden. Una situación estresante que, sin duda, ha afectado gravemente a su salud.

    Las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio también han sido maltratadas económicamente. Hasta que ya avanzada la crisis el servicio fue declarado esencial, algunas administraciones decidieron prescindir de este sector, llegando incluso a paralizar contratos; en otros casos, fue la falta de equipos de protección la que obligó a recortar servicios, reduciéndose al mismo tiempo las horas y el salario de las trabajadoras.

    El mejor homenaje, unas condiciones de trabajo dignas

    LA CRISIS sanitaria ha evidenciado la fragilidad con la que se ha implantado el modelo de atención a la dependencia en nuestro país. Y la necesidad de una atención global, interdisciplinar, integral y continuada, que CCOO ha defendido históricamente, ha quedado más patente que nunca.

    El modelo que se instauró en 2006, con la aprobación de la ley de dependencia, supo encontrar en la calidad de la atención su eje vertebrador, al que se debían supeditar el resto de elementos. Fue esta la primera ley en establecer una relación directa, jurídica y expresa, entre la calidad del empleo de quienes prestan los servicios y la calidad de la atención que reciben las personas beneficiarias.

    Por tanto, en el modelo original de atención no radica el problema de fragilidad que se ha evidenciado en la crisis sanitaria, sino en las carencias con las que se ha llevado a efecto su implantación. Y en este sentido, los recortes presupuestarios impuestos en 2012, a los que ya se ha hecho mención, han tenido especial responsabilidad. Al tiempo que el Gobierno central recortaba recursos a la dependencia renunciaba a liderar el proceso de implantación y a garantizar la calidad de la atención.

    El resultado de esta forma de implantar el sistema de dependencia ha sido la consolidación de un modelo de atención marcado por la precarización de las condiciones laborales y la infrafinanciación, que durante la crisis económica ha podido mantener su estándar de atención sólo a expensas del sobreesfuerzo de las profesionales.

    La clave para resolver la situación actual del sistema pasa por recuperar la calidad de la atención como objetivo prioritario al que deben supeditarse el resto de elementos, tal y como se concibió en su diseño original. Para ello, CCOO defiende la necesidad de un plan de choque que recupere el espíritu original de la ley, liderado por el Gobierno central y coordinado con todos los agentes implicados. Resulta clave, por tanto, la recuperación del nivel de financiación estatal, que debe vincularse al cumplimiento de una agenda conjunta.

    Recuperar la calidad de la atención y del empleo pasa también por revertir los recortes impuestos desde 2012, recuperar la intensidad de las prestaciones y garantizar la atención efectiva a todas las personas en situación de dependencia.

    Evitar que se repita el “caos” vivido durante esta crisis en el ámbito sociosanitario es posible. Sin más dilación se deben revisar los instrumentos de control público de la calidad de los servicios y trabajar en el establecimiento de un modelo de coordinación sociosanitaria, priorizando la puesta en marcha de estrategias de atención centradas en las personas.

    El reconocimiento de los servicios de atención a personas mayores y dependientes como esenciales debe ir más allá de la crisis. En consecuencia, se deben garantizar unas condiciones laborales acordes a la profesionalidad y responsabilidad que asumen estas trabajadoras, que pasan tanto por un salario que permita una subsistencia digna como por la protección de la salud y seguridad en el lugar de trabajo y por garantizar a las trabajadoras su derecho a la conciliación.

    Paula Guisande (@PaulaGuisande) es secretaria confederal de Política Social y Movimientos Sociales de CCOO, Pilar Expósito es secretaria de Mujeres e Igualdad de la Federación Estatal de Construcción y Servicios de CCOO y Silvia Espinosa (@silviaFSSCCOO) es secretaria de Mujeres y Políticas LGTBI+ de la Federación Estatal de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO.

    Revista Trabajadora, n. 70 (junio de 2020).

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