Confederación Sindical de Comisiones Obreras | 19 abril 2024.

La Cumbre Social Estatal reclama una nueva ley que garantice el derecho a la vivienda

    La Cumbre Social Estatal celebró el 29 de abril una jornada virtual en la que se analizaron las dificultades de lasfamilias trabajadoras para acceder a una vivienda digna y se plantearon propuestas para garantizar un derechoconstitucional hasta ahora poco desarrollado

    05/05/2021.
    Cumbre Social

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    El Estado de Bienestar garantiza necesidades básicas como la educación, los servicios sociales o la sanidad, perodeja sin protección el derecho a la vivienda. Si queremos garantizar el derecho del acceso a la vivienda, es necesariala intervención pública a mayor escala. Solucionar el problema del acceso a la vivienda supondría no solo unamejora para millones de hogares, sino que tendría enormes externalidades positivas para el conjunto de lasociedad.

    Durante décadas la política de vivienda, no ha sido la adecuada, se ha centrado en la propiedad y ha girado en tornoa la dicotomía entre el derecho a la vivienda y el mercado de inversión, mostrándose al servicio de los fondosbuitres, y trasladando la burbuja inmobiliaria al mercado del alquiler. La promoción de vivienda pública ha sidotestimonial en las últimas décadas y la vivienda pública de alquiler residual. Se ha construido pensando más en elnegocio inmobiliario que en las necesidades de vivienda adecuada de la población.

    La vivienda, ya sea en propiedad o en alquiler, es el principal gasto que afrontan las familias trabajadoras. El altocoste de acceso a la vivienda afecta en mayor medida a los hogares con menores ingresos, lastrando especialmentela emancipación de la población joven que, además, debe soportar una elevada precariedad laboral. El bajocrecimiento de los salarios y la subida de los precios de la vivienda de alquiler ha producido un desequilibrio entre laoferta y la demanda en el mercado. Según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, el 41% de los inquilinosdestinaba más del 30% de sus ingresos a pagar el alquiler, y alrededor de 1,4 millones de inquilinos destinaba alpago de la vivienda más del 50% de los ingresos.

    Las personas expertas que participaron en el seminario coincidieron en que este desequilibrio se puede, y se debecorregir y propusieron medidas como el control efectivo del precio de los alquileres, el desarrollo de un parquepúblico de viviendas sociales de alquiler, la creación en todos los ayuntamientos de registros actualizados depeticiones de vivienda social, o mecanismos de diseño, gestión y financiación entre la AGE y las CCAA. Muchas deellas recogidas en la Iniciativa Sindical por el Derecho a la Vivienda elaborada por CCOO y UGT.

    Además, se deberían adoptar otras medidas también esenciales como, garantizar los suministros básicos (agua, luz,gas y telecomunicaciones), garantizar una segunda oportunidad efectiva para los hogares con deudas hipotecarias,y desarrollar medidas contra el sobreendeudamiento y los abusos financieros e inmobiliarios.El alto número de desahucios, más de 1.200.000 hasta el día de hoy, que afecta a diferentes estratos de lapoblación como son los niños, personas mayores, o personas con algún grado de dependencia, y que a veces llevanincluso al suicidio, exige la puesta en marcha de una política de vivienda efectiva que proteja a las personasvulnerables, sobretodo, teniendo en cuenta que la finalización del estado de alarma pondrá fin a la normativa sobrela prohibición de los desahucios durante la pandemia.

    España vulnera sistemáticamente el derecho a la vivienda. El artículo 27.3 de los derechos recogidos en laConvención de Derechos del Niño, y el artículo 3.1 al no haber presencia de la Fiscalía del Menor en los desahucioscon niños. Los artículos 3 y 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos tanto al ejecutar desahucios sobrefamilias vulnerables sin alternativa de alojamiento, como al no prever sus consecuencias. El artículo 17 de laDeclaración Universal de los Derechos Humanos. Y el artículo 47 de la Constitución.

    Las condiciones de la vivienda son un factor determinante de las desigualdades sociales en materia de salud. La faltade un hogar o un hogar inadecuado o en precario afectan directamente a la salud, tanto física como mental oemocional. En la crisis socio-sanitaria provocada por la Covid-19, el confinamiento ha situado a la vivienda comobarrera de protección frente a la enfermedad, para evitar la transmisión. Sin embargo, las situaciones han sidodesiguales, para algunos que viven en infraviviendas, hacinados o en precario, ha sido un castigo, y para otros, comolas personas sin hogar, una utopía.

    Por ello, es imprescindible una Ley por el Derecho a la Vivienda que garantice el derecho universal a una viviendadigna, asequible, accesible y adecuada como derecho subjetivo, como uno de los DDHH que aparece recogido en laDeclaración Universal de los Derechos Humanos en su art 25, apartado 1 y en el art 11 de Pacto Internacional deDerechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Las Administraciones tienen que asumir sus responsabilidadesy dar cumplimiento a la legislación existente.Estas propuestas serán recogidas en el documento que la Cumbre Social Estatal está elaborando sobre la base delos debates monográficos que está organizando durante el primer semestre del año. 

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