A favor de esto abogan la Declaración del Centenario de la OIT para el Futuro del Trabajo adoptada en 2019, la Resolución de la OIT relativa a un llamamiento mundial a la acción para una recuperación centrada en las personas de la crisis causada por la COVID-19 que sea inclusiva, sostenible y resiliente y, más recientemente, las Conclusiones de la Conferencia Internacional del Trabajo celebrada en diciembre de 2021 relativas a las desigualdades y el mundo del trabajo. Una agenda transformadora de la igualdad de género centrada en la economía del cuidado también es esencial para alcanzar diversas metas de la Agenda de Desarrollo Sostenible de 2030, en particular la meta 5.4.

Como contribución a la Agenda 2030 y seguimiento de los compromisos tripartitos arriba mencionados, la OIT ha producido dos estudios mundiales, a saber “El trabajo de cuidados y los trabajadores del cuidado para un futuro con trabajo decente” de 2018 y “Los cuidados en el trabajo: Invertir en licencias y servicios de cuidados para una mayor igualdad en el mundo del trabajo”, publicado en marzo de 2022. 

Este artículo repasa los principales hallazgos y mensajes de ambos informes. 

Trabajo de cuidados no remunerado, trabajo de cuidados remunerado y otro trabajo remunerado

El trabajo de cuidados no remunerado consiste en dar de comer a un bebé o cuidar de un cónyuge enfermo, cocinar y limpiar o ayudar a hijas e hijos en las tareas escolares. Se trata de prestaciones vitales para el bienestar humano que realizan principalmente las mujeres sin una retribución económica a cambio. En 2018 en el mundo se dedicaban más de 16 mil millones de horas diarias a dicho trabajo, lo que equivale a 2 mil millones de personas trabajando ocho horas diarias sin recibir una remuneración. Las mujeres dedicaban en promedio 3,2 veces más tiempo que los hombres a las tareas domésticas y al cuidado de la familia.

En España, las mujeres soportaban el 67 por ciento de los 130 millones de horas dedicadas a diario al trabajo de cuidados no remunerados, que es el equivalente de 16 millones de personas trabajando ocho horas diarias sin remuneración. Si estos servicios se valoraran sobre la base de un salario mínimo por hora, equivaldrían a alrededor del 15 por ciento del PIB español.

La distribución desigual del trabajo de cuidado no remunerado dentro de los hogares tiene repercusiones sobre la participación de las mujeres en el mercado laboral y la calidad del empleo que obtienen. Según una encuesta mundial realizada por la OIT conjuntamente con Gallup “Hacia un futuro mejor para las mujeres en el trabajo: la opinión de las mujeres y de los hombres”, que cubría a 142 países y territorios, las tareas domésticas y el cuidado de la familia eran uno de los principales motivos por el que 606 millones de mujeres en edad de trabajar estuvieran fuera de la fuerza de trabajo. Esta razón fue invocada tan sólo por 41 millones de los hombres que en el momento de la entrevista no estaban empleados y no buscaban trabajo. 

En 2018, en España, un 25 por ciento de las mujeres en edad de trabajar declararon que no estaban disponibles para el empleo o que no lo buscaban debido a sus responsabilidades familiares. Se trata de un porcentaje mucho más elevado que el de países vecinos, tales como Francia (10 por ciento) o Portugal (13 por ciento). Asimismo, la edad de hijas e hijos es un factor importante. La probabilidad de que madres de niñas y niños menores de 6 años estén empleadas es muy baja, mientras que los padres de hijas e hijos pequeños exhiben las tasas de empleo más altas, también en comparación con hombres sin hijos. Esto corrobora la persistencia del modelo familiar tradicional según el cual, independientemente de la realidad, el padre provee a las necesidades materiales de la familia, y, por consiguiente, tiene mayor necesidad de conseguir y mantener un empleo, mientras que la madre, la cuidadora por antonomasia, no tiene la misma urgencia, mientras que sí necesita tiempo para atender a la familia. 

Por otro lado, el trabajo de cuidado remunerado, desempeñado por una variedad de trabajadoras, desde las enfermeras y las auxiliares de enfermería o el personal médico hasta las maestras de jardín de infancia, el personal docente y las empleadas domésticas, es una fuente importante de empleos, sobre todo femeninos.

En España, en 2018, los 3,8 millones de mujeres y hombres que se dedicaban al trabajo de cuidados remunerados representaban el 20 por ciento del empleo total en España y el 34,4 por ciento del empleo femenino. Más de 1 millón trabajaban en el sector de la educación y 1.2 millones en el sector de salud y trabajo social. El trabajo doméstico, que absorbe al 6,5 por ciento del total de las mujeres ocupadas en el país, tiene cara de mujer migrante y es informal. Más de la mitad de las trabajadoras son nacidas en el extranjero, mientras que las mujeres nacidas fuera de España representan el 15 por ciento del empleo femenino total. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha alertado sobre la escasez de personal dispuesto a trabajar en el sector de la salud, debido a las duras condiciones de trabajo, los bajos salarios, la precariedad laboral y la elevada incidencia de violencia y acoso. Esto es preocupante de cara a la actual transición demográfica. Se estima que, en 2030, España se colocará en el puesto 22 del ranking de países con mayores ratios de dependencia de cuidados de personas mayores en el mundo y el puesto 19 en los países de Europa y Asia Central. A menos que estas necesidades de cuidado adicionales sean abordadas por políticas de cuidado adecuadas, es probable que la participación de las mujeres en el empleo salga aún más perjudicada.

¿Qué hacer?

La vía óptima: las 5 recomendaciones para un trabajo decente de cuidados

Según la OIT, la vía óptima para un trabajo decente de cuidado se basa en las 5 Rs :

·         Reconocer, reducir y redistribuir el trabajo de cuidados no remunerado;

·         Recompensar el trabajo de cuidado remunerado, promoviendo más empleos y mejores empleos para las trabajadoras del sector; y 

·         Garantizar la representación, el diálogo social y el derecho a la negociación colectiva de dichas trabajadoras. 

Políticas de licencias: Avances y retos pendientes 

Hoy el permiso de maternidad en el mundo es más largo y está mejor pagado. En 120 países, la duración del permiso de maternidad es de al menos 14 semanas, tal como establecido por el Convenio núm. 183, y se paga el 100 por ciento de los ingresos anteriores. Esto sugiere que la influencia que las normas internacionales del trabajo ejercen sobre las leyes y prácticas nacionales se extiende más allá de los países que las han ratificado.[1] 

A pesar de estos avances, 649 millones de mujeres siguen sin ninguna protección o con una protección inadecuada de la maternidad. Entre ellas las trabajadoras autónomas, de la economía informal, las migrantes y las madres adoptivas y personas LGBTIQ+. Al ritmo actual se necesitarán al menos otros 46 años para cerrar la brecha. Sin embargo, España ha hecho avances significativos. El permiso de maternidad es de 16 semanas, con prestaciones monetarias que cubren el 100 por ciento de los ingresos previos y son financiadas por la seguridad social. Además, las trabajadoras autónomas y los progenitores adoptivos también se benefician de estos derechos.

Otro avance positivo es el creciente reconocimiento de los derechos y responsabilidad de los padres. Hoy, 115 países reconocen el derecho al permiso de paternidad, aunque más de 1.000 millones de hombres viven en países donde no hay dicho permiso. Además, cuando existe, suele ser mucho más corto que el de maternidad y su uso es limitado. España es un país de vanguardia en lo que hace a la licencia de paternidad, ya que su duración ha sido igualada a la de maternidad. Asimismo, las prestaciones monetarias corresponden al 100 por ciento de los ingresos previos de los padres, o progenitores equivalentes, y son financiadas por el seguro social. Al igual que en el caso de la licencia de maternidad, la licencia de paternidad se aplica a trabajadores autónomos, progenitores adoptivos y progenitores del mismo sexo. Indudablemente, todos estos elementos contribuyen a que casi el 60 por ciento de padres en España soliciten licencia de paternidad por cada 100 nacimientos vivos.

Servicios para el cuidado de las personas: una asignatura pendiente en muchos países

En el mundo hay un desfase medio de 4 años entre el momento en que cesan el permiso de maternidad, paternidad y parental y la edad en que niñas y niños pueden hacer uso de los servicios de guardería o asistir a la escuela primaria. Ante este desfase, que denominamos “brecha global en las políticas de atención a la infancia”, los progenitores se ven obligados ya sea a renunciar al trabajo remunerado, por lo general lo hace la madre que suele ganar menos, o a contratar servicios privados.

En España, la edad legal de comienzo de los servicios de atención y educación de la primera infancia de manera gratuita y universal es de 3 años, y la ley prevé 25 horas semanales de servicios de educación infantil. Como ya se mencionó, la licencia de maternidad y de paternidad es de 16 semanas cada una, mientras que la licencia parental es de 3 años, aunque no es remunerada, lo cual limita el uso de dicha licencia. Esto se traduce en una brecha en las de políticas de atención a la infancia de 2 años y 5 meses. 

En el mundo, los servicios de cuidados de larga duración, que son fundamentales para la dignidad y la independencia de las personas mayores y las personas con discapacidad, siguen siendo inaccesibles o inadecuados para la gran mayoría de quienes los necesitan, lo que les expone, a ellos y a sus familias, a la pobreza o a serias dificultades financieras. 

Hacia un sistema de políticas de cuidados transformadora

Está claro que hay una necesidad urgente de un continuo de políticas de licencias y de servicios de cuidado para garantizar el mejor comienzo temprano para los niños, sin comprometer la seguridad económica de las familias. Este conjunto de políticas permitiría a los progenitores trabajadores, especialmente las madres, entrar y permanecer en el mercado laboral, evitar que caigan en la pobreza y reducir las brechas de género salariales y de pensiones. 

Para ello es necesario invertir a gran escala en sistemas de políticas de cuidado transformadoras específicos para cada país y que se ajusten a las diferentes exigencias del ciclo de vida de las personas. Para maximizar su impacto, estos sistemas deben ser universales y estar basados en la solidaridad, la representación y el diálogo social.

Calculamos que, mediante una inversión anual equivalente al 4,2 por ciento del PIB mundial anual, podrían generarse hasta 299 millones de puestos de trabajo formales de aquí a 2035. Es mucho dinero, sí, pero el aumento de los ingresos fiscales derivados de la creación de puestos de trabajo e ingresos adicionales compensaría en parte el coste. Además, estas inversiones permitirían alcanzar las metas de educación y salud de los ODS en el 2030 y contribuirían al empoderamiento económico de las mujeres.

 [1] El C.183 ha sido ratificado por 42 países.

Manuela Tomei es directora del Departamento de Condiciones de Trabajo e Igualdad de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) .