Confederación Sindical de Comisiones Obreras | 25 abril 2024.

CCOO insta a la recuperación de la normalidad democrática y el fin de la represión violenta de la protesta en Perú

    CCOO condenamos y exigimos el cese inmediato de la represión y de la violencia, instamos a la restitución democrática del país mediante la convocatoria de elecciones presidenciales y la composición de una Asamblea Constituyente para una nueva constitución y expresamos nuestra solidaridad y apoyo al pueblo peruano, a los movimientos sociales y a la CGTP en su reclamo por la restitución del Estado de derecho, la garantía de los derechos humanos, la justicia social y la igualdad.

    12/01/2023.
    Protesta en Perú, enero de 2023 [Imagen de FB @cgtp.peru]

    Protesta en Perú, enero de 2023 [Imagen de FB @cgtp.peru]

    Desde que el 7 de diciembre fuera destituido el presidente de Perú, Pedro Castillo, y la vicepresidenta Dina Boluarte lo reemplazara en la Presidencia, las movilizaciones populares no han cesado en el país andino. Las últimas semanas, la conflictividad política y social ha aumentado, especialmente en las regiones del sur. Los manifestantes exigen la renuncia de Boluarte, el cambio de la mesa directiva del Congreso de la República, la convocatoria de una Asamblea Constituyente y elecciones generales inmediatas para abril de 2023.

    Durante el escaso año y medio de presidencia, Castillo se ha visto atacado por descalificaciones, intentos de desestabilización y obstáculos diversos por parte de grupos de poder político, económico y mediático nacionales e internacionales.

    La respuesta del gobierno ha sido el uso de la violencia y la represión indiscriminada de la protesta, con un balance provisional de 19 personas muertas en Puno y 40 en Ayacucho, más cientos de personas heridas y detenidas.

    Desde el pasado 4 de enero, Boluarte ha iniciado lo que denomina “pacificación del país” y ha creado una comisión para investigar los delitos de terrorismo, ya que se califica a las protestas como “actos terroristas” y a los participantes en ellas como “terroristas”, continuistas de Sendero Luminoso y narcotraficantes. Ello conlleva la persecución de líderes de movimientos sociales del país con el fin de debilitar la lucha social y la justificación de la actuación de la policía y las fuerzas armadas, incluso del asesinato de ciudadanos en el ejercicio de su derecho a la protesta y la manifestación.

    La crisis social y política en Perú no es nueva, se remonta a más de 30 años atrás. A la inestabilidad política – 11 han sido los presidentes de la República desde 1990 – se suman los casos de corrupción y una Constitución, la de 1993, impuesta durante la dictadura de Alberto Fujimori, y que continúa vigente. Una norma que ha facilitado a los sucesivos gobiernos de derechas poder imponer sus políticas económicas neoliberales.

    La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) ha enfrentado históricamente las políticas de los gobiernos conservadores al servicio de las oligarquías financieras, las grandes corporaciones y la banca y que han ido agravando la desigualdad social, la pobreza, la miseria y el hambre, que la crisis económica nacional e internacional no ha hecho más que hacer crecer exponencialmente. Pero también la educación y la salud se han venido deteriorando desde la década de los 90 del siglo XX. La capacidad adquisitiva de los salarios se ha reducido – la inflación ha golpeado solo a la clase trabajadora, formal e informal - y han empeorado las condiciones de vida y trabajo, que tanto le había costado conquistar al sindicalismo peruano.

    Los y las trabajadoras campesinas ven sus ingresos reducidos mientras el valor de sus productos agrarios se eleva, generando pingües beneficios a los grandes comerciantes. Los recursos naturales se han entregado a las grandes transnacionales, se ha abierto el mercado nacional a las importaciones extranjeras de productos industriales – impidiendo así el desarrollo de la industria nacional -, continua la dependencia alimentaria, pues se impide el desarrollo de la agricultura nacional que permita la soberanía alimentaria, y las facilidades para las grandes agroexportadoras condena a los pequeños productores agrarios. Todo ello a causa del control que los poderes económicos y fácticos del país han tenido sobre los gobiernos.

    Ante esta crítica situación, y de acuerdo con la posición de nuestro sindicato hermano, la CGTP, desde CCOO:

    1. Condenamos enérgicamente y exigimos el cese inmediato de la represión y de la violencia indiscriminada contra el pueblo peruano en su legítimo derecho a la protesta;

    2. Instamos a la restitución democrática del país, lo que pasa por la convocatoria urgente de elecciones presidenciales y la composición de una Asamblea Constituyente para la elaboración de una nueva constitución; y

    3. Expresamos nuestra total solidaridad y apoyo al pueblo peruano, a los movimientos sociales y a la CGTP en sus reclamos por la restitución del Estado de derecho, la garantía de los derechos humanos, la justicia social y la igualdad.

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