Confederación Sindical de Comisiones Obreras | 9 diciembre 2024.

CCOO presenta a la Ministra de Vivienda su última propuesta para promover un parque de vivienda asequible

    14/11/2024.
    Reunión CCOO con ministra Vivienda-1

    Reunión CCOO con ministra Vivienda-1

    CCOO hemos mantenido una reunión con la ministra de Vivienda y Agenda Urbana para abordar el problema de acceso a la vivienda, un problema que afecta ya un elevado porcentaje de la población española.

    A su vez también hemos valorado las medidas que, en materia de vivienda y enseres, ha tomado el Gobierno Central ante la tragedia que ha supuesto el fenómeno meteorológico de la DANA, que ha afectado gravemente a 75 municipios de la Comunidad Valenciana, a dos de Castilla La Mancha y a uno de Andalucía.

    La vivienda se ha convertido en un problema de orden económico pero también social. El esfuerzo económico que realizan los hogares para pagar su vivienda consume de manera excesiva la renta disponible de muchas personas y familias, y en muchos casos les pone en situación de pobreza.

    Partiendo que el problema de la vivienda no tiene soluciones singulares ni planteamientos sencillos, sí existe un consenso sobre la necesidad de construir y adquirir vivienda para poder dotarnos de un gran parque de viviendas públicas a precios asequibles, con carácter permanente.

    En este sentido se enmarca la propuesta que desde CCOO realizamos el pasado 23 de octubre, consistente en la creación e impulso por parte del Estado de un Fondo de Inversión destinado a la financiación de viviendas en alquiler a precios asequibles (FIVA), que financie la construcción y adquisición de un mínimo de 50.000 viviendas asequibles al año –2 millones en una década– mediante la inversión de pequeños ahorradores familiares e inversores institucionales con vocación de inversión de largo plazo y sensibilidad social, regulando en España modelos ya existentes en Europa que disfrutan de un óptimo funcionamiento, como en Francia (Livret A), Austria (mediante la regulación de asociaciones que promueven y gestionan un parque amplio de vivienda asequible) o Países Bajos (con garantía pública para la promoción y gestión de este necesario parque de vivienda asequible), entre otros modelos de buen resultado.

    La recepción de esta propuesta por la ministra ha sido, en principio, positiva, manifestando que esta línea de trabajo se enmarca bien y coincide con algunas de las actuaciones que quiere concretar el Ministerio, y expresando su voluntad de mantener un trabajo conjunto para contribuir a reducir primero, y eliminar después, los graves problemas de acceso a la vivienda en España.

    CCOO también hemos transmitido a la ministra que es preciso hacer cumplir los objetivos y el contenido de la Ley por el Derecho a la Vivienda, ampliando la competencia de declaración de zona tensionada a las entidades locales, en caso de que las CCAA no lo hagan en el marco de su competencia; condicionar la financiación del Estado en materia de vivienda al cumplimiento de la Ley, y en el caso del Bono Joven para el Alquiler la obligatoriedad de cofinanciación de las CCAA, adoptando medidas para evitar que su percepción incida en un incremento del precio del alquiler, capturando el importe del bono quien no es su destinatario.

    Respecto a las medidas tomadas para paliar los efectos de la DANA en las viviendas y enseres de los municipios afectados, hemos manifestado a la ministra que aún compartiendo el sentido de la mayoría de las medidas tomadas en los dos reales decretos ley aprobados, consideramos que en materia de vivienda nos parecen insuficientes y se deberían de ampliar, sobre todo en materia presupuestaria.

    Las viviendas afectadas podrían estar cerca de las 100.000, muchas de ellas con daños reparables, pero una parte significativa inhabitables por un largo periodo de tiempo. Por ello, medidas como destinar 150 viviendas ofrecidas por la SAREB resultan insuficientes para atender las necesidades inmediatas de carácter habitacional de muchas familias. Según datos de la propia SAREB, en los 78 municipios afectados dispondrían de algo más de 1.900 viviendas, y en los 16 municipios considerados “zona cero” algo más de 570 viviendas. Siendo conscientes de que muchas de ellas no están a disposición de poder ser ocupadas de manera inmediata, sí creemos que la cifra ofertada de 150 es muy baja, y si no es posible ampliarla por esta vía, deben reforzarse con medidas complementarias de aplicación inmediata.

    En ese sentido, la decisión de destinar 25 millones de euros a la compra de viviendas para el alojamiento inmediato de aquellas personas que han perdido temporal o definitivamente su hogar, parece también un presupuesto totalmente insuficiente. En función de los precios de mercado de vivienda usada en la zona, 1.400 €m2, esta cantidad daría para adquirir un máximo de 220 viviendas, cifra insuficiente para la demanda que parece necesaria según la magnitud de destrucción de viviendas que se ha producido.

    Por último, las medidas para aliviar el coste para los deudores hipotecarios ampliando los márgenes de tiempo de aplicación del Código de Buenas Prácticas bancarias, mucho nos tememos que tengan un efecto positivo temporalmente, pero limitado.

    Durante la vigencia del Código de Buenas Prácticas bancarias, desde enero de 2023, su resultado ha sido muy limitado, consecuencia de su carácter voluntario para las entidades financieras y su regulación claramente mejorable. Sobre un potencial de 1 millón de hogares que podrían beneficiarse lo habrían hecho hasta julio de 2024 tan solo un total de 80.000 hogares.

    Es preciso que desde el Gobierno se impulsen y materialicen medidas efectivas para que todos los españoles tengan el derecho constitucional a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.

    Deben combinarse medidas de carácter inmediato con otras de medio y largo plazo, para que se limiten los precios del alquiler, facilitando el acceso a la vivienda sin consumir más de un 30% de renta disponible, al tiempo que se promueve la constitución de un gran parque de vivienda de protección oficial, mediante la adquisición y calificación permanente de la misma, así como a través de la promoción y construcción de nueva vivienda social para la población vulnerable, y de vivienda asequible para el conjunto de la población. Hay que actuar en diferentes campos, y en todos a la vez, para concretar en el menor plazo posible la garantía efectiva del acceso a la vivienda en nuestro país.

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