Confederación Sindical de Comisiones Obreras | 18 enero 2025.

Seguir ampliando las prestaciones económicas de dependencia ocasionará un debilitamiento de la capacidad de protección del sistema

CCOO reclama que la reforma de la Ley de Dependencia priorice la financiación de servicios profesionales de calidad

    Comisiones Obreras advierte del riesgo de infra-protección y de exclusión asociado a las prestaciones económicas de cuidado familiar y las vinculadas a un servicio, que están creciendo de forma sostenida. Y reclama que en la anunciada reforma de la Ley se priorice la calidad de la atención de las personas beneficiarias, garantizando la financiación pública de los servicios profesionales de alta calidad.

    10/12/2024.
    CCOO reclama servicios profesionales de calidad en dependencia

    CCOO reclama servicios profesionales de calidad en dependencia

    El 41% de las personas dependientes están atendidas por familiares, pese a que se trata de una prestación “excepcional”

    CCOO advierte que el 41,5% de las personas dependientes atendidas por el Sistema de Dependencia lo están siendo mediante una prestación económica de cuidado familiar, pese a que la Ley señala estas prestaciones como “excepcionales”. Estas prestaciones protegen a 618.000 personas beneficiarias que son cuidadas en el 72% de los casos por mujeres, en sus distintos roles de hija, madre o cónyuge… Más del 7% de estas personas cuidadoras tienen 80 o más años.

    La anunciada inclusión de personas cuidadoras del entorno relacional de las personas dependientes, para facilitar que “amigos” de las personas dependientes puedan ser sus cuidadoras, ya se encuentra regulada desde 2013 en el Real Decreto 1051/2013 que desarrolla el catálogo de prestaciones, y en la actualidad cerca del 9% de las personas cuidadoras no son familia directa de los dependientes a los que cuidan. Se trata, en cualquier caso, de una prestación que no garantiza la calidad en la atención en la misma manera en que lo hacen los servicios profesionales. Seguir reforzando este tipo de prestaciones sólo redundará en un debilitamiento de la capacidad de protección que ofrece el Sistema de Dependencia.

    Casi el 15% de los dependientes están protegidos por prestaciones económicas vinculadas a un servicio que exige un “doble copago” a las familias

    En el mismo sentido, CCOO también advierte del riesgo que implica que el 14,8% de las personas dependientes estén siendo atendidas mediante una prestación económica vinculada a un servicio. Se trata de una prestación económica que la Ley también limita a utilizar sólo “cuando no sea posible el acceso a un servicio público o concertado”, ya que exige un doble copago de las personas dependientes o de sus familias. Actualmente reciben estas prestaciones algo más de 200.000 personas, que dedican en su mayoría a financiar una parte del coste de una plaza en un centro residencial privado.

    El crecimiento que está registrando esta prestación también contribuye a generar situaciones de exclusión cuando la capacidad familiar no puede hacer frente al “doble copago”, que supone, en primer lugar, asumir la parte de la cuantía inicial de la prestación que se reduce en función de la renta de la persona beneficiaria y, en segundo lugar, tener que cubrir la diferencia entre la cuantía de la prestación reconocida por el sistema de dependencia y el coste del servicio privado que tienen que contratar para la atención. Esta situación puede generar efecto exclusión en muchos casos.

    La prioridad de la reforma debe ser garantizar una financiación pública suficiente para servicios profesionales de alta calidad

    Los servicios profesionales de gestión pública directa o mediante conciertos sostenidos con fondos públicos que reconoce el Sistema de Dependencia (ayuda a domicilio, residencias, centros de día, etc.) protegen a 640.000 personas, que suponen el 43% del total de personas dependientes atenidas en todo el Estado. Más de 525.000 personas trabajadoras garantizan una atención de calidad a través de los servicios profesionales.

    Reforzar la red de servicios profesionales debería ser la prioridad de la reforma de la Ley de Dependencia en opinión de CCOO, garantizando, entre otras medidas, una financiación pública suficiente de los mismos.

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