Por Diana G. Bujarrabal y Azahara Merino Martos 

No en vano se habla de una era de transiciones que nos afecta desde varias dimensiones, en lo que tiene que ver con la digitalización, la economía verde, la demografía... Un cambio que vivimos a veces de manera acelerada y que, tal y como se repite a lo largo de esta entrevista, implica serios desafíos. Conversamos con Judith Carreras, directora del Instituto de Transición Justa (ITJ), responsable de velar porque estas transformaciones atiendan a otra dimensión fundamental, especialmente para las clases trabajadoras: la de la justicia social. La conversación se desarrolló antes del apagón del 28 de abril que copa ahora la conversación pública, pero pudimos abordar tanto la necesidad del cambio de modelo energético como muchas de las dificultades que conlleva, en especial las que tienen que ver con el empleo. También, por supuesto, en su dimensión de género.

De fondo, el Acuerdo por una Transición Energética Justa para las centrales térmicas suscrito en abril de 2020 entre la Administración General del Estado (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y Ministerio de Trabajo y Economía Social), las compañías con centrales térmicas en cierre (Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP) y los sindicatos (CCOO Industria, UGT FICA), que recoge los compromisos para apoyar a los trabajadores y trabajadoras y a los territorios de las zonas afectadas por el cierre de 15 centrales térmicas (se ubican en Aragón, Andalucía, Baleares, Castilla y León, Galicia y Principado de Asturias). Y también, en paralelo y con el mismo objetivo por parte del ITJ de garantizar un acompañamiento social, el acuerdo alcanzado en 2019 entre el Gobierno y las principales eléctricas (Iberdrola, Endesa y Naturgy) para establecer un cierre escalonado de las centrales nucleares antes de 2035.

Comencemos por el principio, ¿qué se entiende por ‘transición justa’? A veces estos conceptos resultan muy escurridizos para la ciudadanía

El término transición justa proviene del movimiento sindical, lo que estamos haciendo es ‘operacionalizar’ ese concepto, que está compuesto por dos palabras: transición, es decir, desplazarse de un sitio a otro, en este caso descarbonizar la economía y reducir emisiones, y luego la dimensión de justicia, es decir, atender criterios sociales. Cuando desde el sindicalismo se acuña este término es precisamente para que, en los cambios productivos que vaya a haber, se tengan en cuenta los impactos sociales y se aborden. Con esta misma noción de acompañamiento social de los cambios se viene trabajando en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el único organismo de Naciones Unidas con carácter tripartito, donde participan gobiernos, sindicatos y las organizaciones empresariales. En las directrices que se aprueban en 2015 se articula cómo, a nivel concreto, se lleva a cabo esa transición justa. Así, se señalan actuaciones en macropolítica, la importancia del Diálogo Social, los aspectos de formación… Cuando el Gobierno español, con la adopción del Marco Estratégico de Energía y Clima en 2018, pone encima de la mesa la necesidad de que haya una estrategia de transición justa la desarrolla en ese sentido. En breve, se trata de abordar la dimensión sociolaboral, asegurar que no quede nadie atrás.

Es que cuando hablamos de transiciones una primera emoción para mucha gente es el temor…

Efectivamente, las transiciones suponen cambios y en ese desplazamiento de una a otra parte no solo es importante el dónde se quiere llegar sino el cómo se quiere llegar. Ese cómo es lo que se articula a través de la transición justa.

Sin embargo, vivimos un escenario de enorme incertidumbre geopolítica, ¿hay algún cambio en la hoja de ruta de las transiciones? ¿En qué punto estamos?

Se utiliza mucho el término incertidumbre, pero hay otras cuestiones que son muy ciertas y que no han variado. Los desafíos que tenemos como sociedad con respecto al cambio climático no han variado. No se puede negociar con el clima, y la necesidad imperiosa de hacer transformaciones en el modelo productivo y de consumo no ha variado. En ese sentido, los objetivos siguen siendo igual de necesarios y justificados. Es al revés, cada vez tenemos más certidumbres y lo vemos en los impactos derivados de fenómenos climáticos que reafirman justamente aquello que es más esencial y que determina el que podamos seguir viviendo como sociedades en este planeta. Es verdad que hay desafíos como el cuestionamiento a la ciencia, y eso es problemático. Y otro gran desafío es que la geopolítica sea tan complicada, hay un cuestionamiento del multilateralismo que lo hace más difícil… Pero aquellos elementos que indican dónde estamos y dónde deberíamos ir para asegurar el bienestar de las sociedades en el norte global y en el sur global, esto no ha mutado. ¿Ha cambiado a dónde queremos llegar? ¿Los elementos que nos llevaron a tomar las políticas? No.

Y, ¿cómo se puede hacer pedagogía frente al negacionismo?

Es fundamental. Aquí la pregunta que hay que hacerse es ¿por qué la gente niega cuando los datos son tan claros? Probablemente hay varios factores, sienten que las perspectivas de futuro no son positivas, a veces hay una cierta idealización del pasado, y luego hay también un cierto miedo. Esa capacidad de generar idearios y relatos de futuro que sean positivos, en la que no te sientas un perdedor, sino que entiendas otros elementos que puedas ganar con ese cambio, creo que eso tendría que estar más articulado, y no ha habido esa articulación. Aquellos actores que se mueven en clave de negación, ¿qué tipo de futuro plantean? Se articulan en dos términos, en culpabilizar a otros que están ahora mismo en una posición débil, y en la idealización de un pasado en clave de que algo fue mejor… cuando esos momentos ni fueron mejores, ni se pueden reproducir porque tenemos desafíos imperiosos, climáticos, de biodiversidad, etc. Desafíos que requieren repensar las cuestiones de otra manera.

Aquí juega un papel fundamental el Gobierno, ¿no? Ante estas personas que no ven un futuro, una seguridad, y que tienen un miedo que se convierte en rechazo a políticas medioambientales. Además, para el empleo hay un tiempo. ¿Cómo se les dan certezas a las personas trabajadoras?

Hay elementos materiales reales, pero también de percepciones. Hay muchos indicadores que no están peor que en otros momentos, al revés. Pero es cierto que construir relatos en clave positiva, a futuro, nos está costando. Esto va más allá del ITJ, se mueve en las dificultades que hay en los actores progresistas en poner esos elementos encima de mesa. Otra cuestión son los plazos… es verdad que a veces los tiempos son distintos en función de quien los viva. No es lo mismo un parado que los tiempos de la Administración, o los tiempos de maduración de un proyecto industrial. Y es verdad que ese puzle, esos encajes temporales, son un desafío. Por eso una de las cuestiones más importantes y que desde el ITJ, pero no únicamente, se repite constantemente es la anticipación. La anticipación es un concepto que no debería ser vacío, sino sustanciarse en medidas concretas. Pero el primer elemento debería ser entender que el cambio se va a producir. Si hay una negación constante de ese cambio, de que va a haber algunos cierres, se hace muy difícil la anticipación porque hay una resistencia muy fuerte en los territorios. ¿Es verdad que se podrían diseñar mejor algunas políticas? Pues algunas de ellas de acompañamiento quizás sí. En el caso de cierre de las térmicas no hubo mucho tiempo para la anticipación, pero tienes recursos humanos disponibles, recursos naturales, accesos a aguas, el acceso a la red… por eso desde el ITJ se han pensado los Nudos de Transición Justa.

Explíquenos qué es un Nudo de Transición Justa.

En la red del sistema eléctrico tú te conectas a un punto o bien para introducir la energía que has generado o bien para poder consumir. Los Nudos de Transición Justa hacen referencia a la generación que había. Si cierra, esa electricidad se deja de generar, y Red Eléctrica indica cuánta capacidad habría disponible. Aquí vamos a hacer un concurso, pero no solamente vamos a valorar criterios técnicos, sino todo un paquete socioeconómico. Más allá de que, evidentemente, la energía que se genere tiene que ser renovable, además queremos saber qué beneficios concretos y tangibles van a quedar en el territorio, y eso lo desglosamos en una serie de apartados, con qué proyectos empresariales va a venir acompañado, se dan datos de estimación de empleo, miramos también cuánta formación van a ofrecer al territorio, cuántos de esos empleos van a estar dirigidos a mujeres… Hay una evaluación y se les concede. Además de las garantías que tiene que depositar una empresa cuando quiere conectarse a cualquier punto de generación normal, aquí tienen que depositar unas garantías muy importantes para la parte social. Tenemos el caso concreto de uno de los nudos en Andorra, en Mudéjar, donde el adjudicatario de ese concurso ha depositado 200 millones en garantías sociales, con unos compromisos de generación de empleo de unos tiempos determinados. Y eso, si no se cumple, se ejecutará.

¿Nos podemos detener en la cuestión del impacto de género? ¿Cómo se está teniendo en cuenta?

Constatamos que tanto el sector de la minería como el de las energéticas son sectores muy masculinizados. Hay que hacer intervenciones para que estos números vayan cambiando. Si se van a generar nuevas oportunidades laborales en estos territorios es importante que toda la sociedad pueda beneficiarse. Y eso la mejor manera de hacerlo es con actuaciones específicas. En todas las que despliega el ITJ se incluye la dimensión de género. Por ejemplo, tenemos líneas de convocatorias para empresas con objetivos de generación de nuevo empleo, y ese nuevo empleo está bonificado y se bonifica más si es en mayores de 52 o son mujeres. En la parte de transición justa se prioriza la creación de empleo a mujeres y su formación para llegar a objetivos de un 25 ó un 30% de mujeres. También desplegamos programas de recualificación y reinserción laboral y estamos viendo buenos resultados. El año pasado creamos un lote de formación y de los 273 alumnos 131 eran mujeres. Cuando hablamos de formaciones, son formaciones en instalación de renovables, etc. lo que podríamos llamar los empleos verdes. También hemos hecho otras cosas, como un estudio que sigue siendo referencia respecto de la situación que había en los empleos verdes, qué porcentaje de participación de las mujeres había y en qué puestos.

¿Qué barreras que encontrasteis? ¿Qué evolución ha habido?

El estudio lo hicimos hace dos años justo, es pronto para hacer una evaluación… Se empieza a trabajar por los itinerarios formativos de las mujeres en las universidades, cuando se dice que hay que fortalecer las elecciones en formaciones STEAM por parte de las mujeres, que es una de las barreras. Luego hay otros factores… por ejemplo, si los cargos directivos son o no mujeres y operan elementos como el techo de cristal o el suelo pegajoso. Los llamados empleos verdes siguen siendo muy masculinizados. Eso sí, menos que en los tradicionales. Si comparásemos con las energías que se han cerrado, con el carbón y con las térmicas, por ejemplo, mucho mejor. ¿Es el objetivo ideal? No.

¿Y tienen datos de seguimiento de los proyectos ya aprobados? ¿Segregados por sexos?

De la convocatoria que hicimos en 2023 de ayudas a proyectos empresariales, las pequeñas inversiones, pequeños proyectos, hay 34 de los 38 subvencionados que tienen objetivos de creación de empleo femenino. Se estima que se va a crear 725 empleos directos, un 34%, es decir, 250 serían para mujeres. Hablamos de empleos directos y a largo plazo.

¿Se puede hacer un balance del conjunto proyectos aprobados? ¿Con datos de empleo?

Es muy complicado porque en algunos de ellos tienes compromisos de van de 18 a 24 meses… algunos están empezando. Sobre esos plazos además pueden pedir extensión. Demuestra la implicación a largo plazo y de largo aliento en estos territorios. No estamos hablando de te doy una ayuda, tú cumples, te certifico y ya está. A los tres años te voy a pedir cuentas.

En lugares como Asturias o Aragón nos trasladan problemas y también que no se consigue fijar la población… 

La lucha contra la despoblación es un proceso muy lento. Y durante mucho tiempo probablemente no se le ha prestado la suficiente atención. Este ha sido el primer Gobierno que ha tenido una Secretaría General exclusivamente centrada en analizar la parte de crecimiento demográfico y tenía una Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico. De hecho, hay datos positivos en los últimos años. Entre el año 2018 y el 23 los territorios rurales han aumentado su población en más de 350.000 habitantes. Y solo en el 23 se sumaron 55.000 nuevos habitantes frente a los 100.000 que se habían perdido en un periodo anterior. Es decir, la despoblación es un desafío, pero el desarrollo de políticas específicas concretas está revirtiendo algunas tendencias. Aunque no es algo rápido. El otro mensaje a señalar es la importancia de la apuesta por la política industrial. Durante muchísimo tiempo en Europa y en general en las políticas públicas no hubo una atención específica a la política industrial.

¿Hay un vínculo entonces entre la transición y la reindustralización?

Claro, hablábamos del acompañamiento en la transición. Hay un acompañamiento porque transitas a otra cosa, a nuevos modelos productivos. Y en estos nuevos modelos productivos la parte de la industrial es fundamental, fundamental porque genera los productos que la sociedad necesita, pero incluso en términos laborales porque sabemos que la industria tiene unas rentas salariales más altas que en otros sectores. Una transformación, una descarbonización de la economía, significa dejar las industrias actuales pero no significa no tener industrias. Por eso pensamos que es muy importante que vayan de la mano.

En estos territorios que decíamos, volvemos al caso de carbón y a territorios donde solo ha habido una única actividad, una vez que se cierra y se aprueba un proyecto por parte del ITJ, ¿está consiguiendo reindustrializar o crear actividad, una diversificación de la economía? Quizás con un solo proyecto no se consigue…

Totalmente. Necesitamos proyectos tractores, no pasar de un monocultivo productivo a otro monocultivo productivo, eso sabemos que no hace a las economías resilientes. En cuanto a las ayudas que da el ITJ, somos muy conscientes de que deben colaborar en esa diversificación. Hemos pedido a las empresas, ustedes van a cerrar aquí porque las térmicas no son rentables - hay que entender que los cierres que se han producido en este país han sido porque no eran rentables, además de tener unos beneficios ambientales muy positivos - ustedes tienen suelo industrial y se comprometen a atraer a proyectos en el territorio. El acuerdo de térmicas pasa por eso, por decir os habéis comprometido a traer aquí inversiones que puedan tener esa capacidad de tracción, y a eso es a lo que estamos dándole seguimiento. Además, desde la Administración vamos a ayudar, ¿cómo? Las ayudas del IDAE están siendo muy importantes, por ejemplo. Tenemos ejemplos concretos de ello, como el programa de Valles de Hidrógeno. En La Robla, en León, tenemos un proyecto que se llama Reolum que ha sido adjudicatario de Valles de Hidrógeno, tiene una ayuda del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para instalarse allí. Y además de las líneas a empresas privadas que comentaba, también les hemos dado líneas de ayudas a los ayuntamientos, porque entendemos que mientras no se genere nueva actividad económica, pues pueden necesitar que se les apoye en proyectos municipales. Es evidente que en algunas zonas en Asturias donde la minería, como digo, era generadora de monocultivo y de riqueza y esas sustituciones son muy difíciles. Esa parte es cierto y es así… pero tampoco viene de ahora, la reconversión de la minería es una cuestión que viene desde hace 30 años.

¿Qué convenio de transición justa se podría destacar como éxito dentro de los que hay?

Queremos evitar una comparación entre territorios porque tenemos unas realidades endógenas que no son las mismas… las realidades que tienen un Bierzo-Laciana, por ejemplo, no son como las que puedas tener en Carboneras. Los elementos de comparación son complejos. Sí observamos que hay algunos territorios que tienen una capacidad de absorción de ayudas mucho mayor que otros. A mí me gustaría ver más proyectos industriales moviéndose en las zonas de Palencia o de León o incluso de Burgos... Esto también responde a que en algunos sitios hay más dinamismo empresarial que en otros. Mudéjar, en Andorra, ha sido pionero porque ha sido el primero que hemos sacado. Eso tiene ventajas e inconvenientes. Van a ser los primeros en ver resultados, pero tiene que haber curvas de aprendizaje y en algunos procesos tardarán más tiempo.

¿En qué plazos nos estamos moviendo?

Siempre se produce un ‘gap’. Ahora han terminado de desmantelar, hasta que los nuevos proyectos industriales estén funcionando… Son 505 puestos de trabajo, ese empleo tiene que estar para 2030. Si piensas que has tenido que desmantelar, los nuevos proyectos se tienen que instalar, te tienen que dar las autorizaciones, los permisos ambientales, un proyecto de construcción que va entre los 18 y los 24 meses... En muchos casos hemos empezado de cero porque nos hemos encontrado con que previamente o había ningún plan. Por eso decía que la cuestión del tiempo es complicada, es un desafío de la transición justa. Además, en algunos sitios hay una identidad muy fuerte vinculada a la minería y en cualquier otro proyecto que puedas desarrollar, aunque pueda ser interesante en clave de proyección de futuro o pueda suponer trabajo, la identidad minera no está.

Como elemento cultural, hay también una oposición creciente a los parque eólicos..

Es una cuestión curiosa… al principio cuando veías parque eólicos instalados daba la impresión de avance, de una apuesta por las renovables. Esto está volviéndose en contra cuando hemos convivido con pueblos industriales brutales…Los molinos al final se puede integrar visualmente y se tienen en cuenta todas las cuestiones de sensibilidad ambiental en las autorizaciones. El 30% de los parques eólicos no aprueban las declaraciones ambientales, tienen condiciones, requisitos, medidas compensatorias… pero entramos en un componente romántico. 

Y otro debate que tenemos ya mismo, centrales nucleares, ¿cómo van los convenios de cierre de las centrales?

Dentro de la estrategia tenemos actuaciones en la zona de Garoña y de Zorita porque allí se indican aquellas que ya estuviesen cerradas. La parte de anticipación es fundamental, lo venimos diciendo, y el calendario es el que es. Nosotros estamos a disposición y trabajando en instrumentos. Se está haciendo un análisis sociolaboral porque queremos aplicar la misma metodología que en el resto de los territorios en los que ha habido actuaciones: contabilización de trabajos directos, auxiliares, ver qué mecanismos formativos, las alternativas… incluso también estamos siguiendo proyectos como el Envision, en Navalmoral de la Mata, en esa lógica que decíamos de atracción de otros proyectos industriales. Junto con el secretario de Estado y desde Moncloa seguimos los proyectos alternativos que se van creando, donde los tiempos además estarían acomodados. Hay que anticipar, un calendario claro ayuda a eso. Hay que aprender de procos anteriores que no se hicieron bien, como el de Garoña.