Confederación Sindical de Comisiones Obreras | 8 julio 2025.

REVISTA TRABAJADORA, 86 (MAYO DE 2025)

Sociedad/ Asesinato de la educadora social Belén Cortés. Cuando la precariedad termina en tragedia, por Iria Antuña Domínguez

    ESTE ARTÍCULO ES UNA NECESIDAD que nace tras el terrible suceso que se produjo en un centro de menores de Extremadura el pasado mes de abril.

    04/06/2025.
    Aquí surge la primera de las grandes dificultades del sector: cada CCAA legisla dotando de recursos materiales y personales a cada centro de forma totalmente diferente

    Aquí surge la primera de las grandes dificultades del sector: cada CCAA legisla dotando de recursos materiales y personales a cada centro de forma totalmente diferente

    Un suceso que es el resultado de una realidad que desde CCOO llevamos mucho tiempo poniendo encima de la mesa: la negligencia administrativa y las condiciones laborales precarias.

    Se trata del asesinato de una educadora, Belén, que falleció tras sufrir una agresión violenta por parte de tres menores tutelados con medidas judiciales, mientras se encontraba sola y sin apoyo en su turno de noche. Sola debido a los recortes (luego hablaremos de ello).

    Los centros de menores se pueden clasificar en función de diferentes criterios, según el régimen de internamiento y la finalidad del centro. A continuación, mencionemos los más comunes, ya que existen infinidad de tipologías de centros.

    Según el régimen de internamiento:

    Los y las menores que se encuentran en régimen de internamiento en España son aquellos que, entre los 14 y los 17 años, han sido declarados responsables penalmente por la comisión de un delito, de acuerdo con la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores (LORPM). Y en función del tipo de internamiento decretado por la justicia los menores están en:

    · Centros cerrados: permanecen en el centro durante todo el tiempo que dure la medida judicial, con limitaciones en sus salidas y contactos con el exterior. Están destinados a menores que han cometido delitos graves.

    · Centros semiabiertos: combinan la residencia en el centro con la realización de actividades fuera del mismo (estudios, trabajo o programas de reinserción social)

    · Centros abiertos: en estos centros, los y las menores no residen de forma permanente. Asisten a programas y actividades socioeducativas durante el día y regresan a sus domicilios o con sus familias de acogida. Este régimen se aplica a menores que no requieren un internamiento completo.

    Según la finalidad y tipo de atención:

    Centros de acogida inmediata: menores en situación de desamparo de forma urgente y temporal, mientras se evalúa su situación y se decide la medida de protección más adecuada.

    Residencias: ofrecen un hogar y cuidado a menores de edad en régimen de acogimiento residencial de larga duración.

    Hogares de acogida: viviendas con un ambiente familiar donde un número reducido de menores conviven con educadores.

    Centros de día: ofrecen atención socioeducativa, apoyo y actividades a menores durante el día, permitiéndoles permanecer en su entorno familiar.

    Centros de atención terapéutica: se centran en el tratamiento de menores con problemas de salud mental, adicciones u otros trastornos que requieren una intervención especializada.

    Es muy importante tener en cuenta que la terminología y la clasificación pueden variar según la comunidad autónoma en España, ya que las competencias en materia de protección de menores están transferidas a las autonomías. Y aquí surge la primera de las grandes dificultades del sector: cada CCAA legisla dotando de recursos materiales y personales a cada centro de forma totalmente diferente, incluso en la forma de llamar a los centros.

    Ejemplo de ello es que un hogar / piso de protección de hasta 10 plazas en Andalucía se llama Casa, en Asturias piso de acogida o en Cataluña Centro residencial de acción educativa. Pero esto va muchísimo más allá de un simple nombre; el problema está en la dotación de personal educativo que atiende y educa a los menores en estos centros y dependiendo de la implicación de la administración territorial los recursos serán o no serán.

    El asesinato de Belén fue un problema de recursos humanos. Esta trabajadora en otra Comunidad Autónoma no podría haber estado sola en la noche atendiendo a menores, cosa que en Extremadura, la administración sí permite; estaba sola porque no se presupuesta lo suficiente para contratar a más personal, contraviniendo las recomendaciones que desde CCOO venimos realizando desde hace años, e incumpliendo claramente lo regulado en la Ley de responsabilidad jurídica del menor y en la Ley de Protección jurídica del menor, así como en la Ley de prevención de riesgos laborales.

    El suceso revela un patrón de desatención sistemática. La negligencia queda patente. Siempre hemos alertado y criticado desde el sindicato que las exigencias de licitaciones públicas "a la baja" impuestas por la Administración abocan a los centros a operar con plantillas raquíticas, recursos insuficientes y seguridad obsoleta.

    Esta tragedia no es fortuita; es la consecuencia previsible de años de externalizar servicios sociales a empresas que ganan concursos a base de prometer el menor gasto posible, sacrificando seguridad, formación y personal. La realidad de los últimos cinco años lo confirma: una gran parte de las licitaciones adjudicadas imposibilitan el cumplimiento del convenio colectivo y la normativa de prevención, premiando a empresas con ofertas económicas irresponsables. Esto deriva en ratios personal/menores que hacen inviable el manejo de situaciones complejas.

    Tras lo sucedido y bajo el lema “Basta de excusas. Por un trabajo digno y seguro”, CCOO convocó concentraciones en todo el Estado para denunciar la precariedad laboral en el sector de reforma juvenil y protección de menores.

    El sindicato ha exigido que se investiguen no solo las circunstancias de la agresión mortal, sino también las posibles irregularidades en la adjudicación del servicio y la supervisión del centro.

    CCOO reclama una vez más:

    Auditorías inmediatas en todos los centros de menores del Estado para verificar el cumplimiento de ratios de seguridad y cumplimiento de la normativa vigente.Reversión de las externalizaciones de los servicios sociales, suspensión de las licitaciones a la baja y revisión de los pliegos para garantizar condiciones laborales dignas.Protocolos específicos de actuación ante situaciones de denuncias previas, así como un análisis exhaustivo y riguroso del perfil de los menores que son asignados en régimen semiabierto.CCOO no quiere excusas. Quiere trabajo digno y seguro para las personas trabajadoras del sector, y ello no es posible cuando las condiciones precarias nos llevan a la muerte. Porque se debe garantizar un marco sólido de derechos laborales para las personas trabajadoras.

    Las concentraciones, que reunieron a cientos de personas trabajadoras, surgen como respuesta al deterioro de las condiciones laborales en un sector estratégico para la protección de menores en riesgo de exclusión o bajo medidas judiciales. CCOO denuncia que la externalización de estos servicios a empresas privadas ha generado un modelo basado en la precariedad, con salarios bajos, contratos temporales y falta de recursos.

    El sindicato no puede permitir que la gestión de menores vulnerables dependa de empresas que priorizan el recorte de costes sobre la calidad del servicio. Esto no solo perjudica a las personas trabajadoras, sino que pone en peligro a los propios menores. Más del 90% de los centros están gestionados por entidades externas, muchas de ellas sin experiencia específica. Esta externalización deriva en precariedad laboral, falta de formación especializada, rotación constante de plantillas, escasa inversión en áreas críticas, como la gestión de conflictos o la salud mental, y ausencia de protocolos unificados para actuar ante situaciones de violencia, autolesiones o fugas en los centros.

    Cuando la persona trabajadora no tiene estabilidad laboral, condiciones laborales dignas ni herramientas para manejar casos complejos, el sistema falla. Y, al final, quienes pagan las consecuencias son las personas trabajadoras y las y los menores.

    CCOO apuesta por un sistema que se base en un modelo humanizador, que no dañe, que proteja, no discrimine y, sobre todo, que el interés del menor este por encima (no, como sucede actualmente, que prima el interés económico).

    Incidimos en dos líneas de trabajo una con los menores donde se trabaje en crear encuentros juveniles, asesorar y acompañar, favorecer el acceso a la cultura y deporte, identificar y desmontar fake news, proporcionar una educación inclusiva y equitativa de calidad, y otra con las administraciones y empresas para adecuar las condiciones laborales de las personas trabajadoras a una realidad totalmente diferente a la que actualmente se está respondiendo.

    Porque la atención a los y las menores DEBE SER UN ASUNTO Y ES UN ASUNTO COLECTIVO, POLÍTICO Y SOCIAL. DE PRIMER ORDEN.

    Iria Antuña Domínguez es secretaria de Mujeres, Políticas de Igualdad y Políticas LGTBIQ de la Federación Estatal de CCOO de Enseñanza (@feccoo)

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