Confederaci贸n Sindical de Comisiones Obreras | 9 marzo 2026.

Exigimos medidas para que las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho al trabajo

    03/12/2025.
    Persona trabajando con un teclado adaptado al lenguaje braille. ONU.

    Persona trabajando con un teclado adaptado al lenguaje braille. ONU.

    En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, CCOO comparte el lema de las Naciones Unidas para 2025: fomentar sociedades inclusivas que impulsen el progreso social. Para ello, el sindicato exige mejorar el empleo entre las personas con discapacidad.

    Las tasas de paro de las personas con discapacidad reconocida de al menos el 33% muestran las dificultades del colectivo para ejercer su derecho al trabajo. Su tasa de actividad es significativamente menor que la de las personas sin discapacidad, de un 35,5% frente al 78,5%, y la de empleo cae al 28,5% frente al 69%. En el caso del paro de larga duración, afecta al 59% de las personas con discapacidad que buscan empleo, 13 puntos por encima de la población sin discapacidad, según datos del Instituto Nacional de Estadística.

    Las mujeres se encuentran, además, con más obstáculos; en 2024, el 46% de las mujeres con discapacidad fueron contratadas a tiempo parcial frente al 28% de los hombres, y su tasa de paro de larga duración también fue superior (56% frente al 44%).

    Desde CCOO exigimos que se cumplan las cuotas de reserva dedicadas a este colectivo, tanto en las empresas como en las administraciones públicas. En la actualidad la ley obliga a las empresas públicas o privadas con 50 o más asalariados a contratar al menos a un 2% de personas con discapacidad, según el artículo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013. Sin embargo, solo el 30% de las empresas cumple con esta medida y el 49% de las personas asalariadas trabaja en compañías que no cumplen la cuota de reserva.

    Es necesario también limitar el uso de las medidas alternativas que contempla la legislación para no cumplir con la cuota —para las que no existen datos oficiales a pesar de que la mayoría de las empresas recurren a ellas— y extender la cuota de reserva a las empresas con plantillas inferiores a 50 personas, ya que suponen el 83% del total de empresas y el 40% del empleo. En las empresas de mayor tamaño, aumentar el porcentaje de contratación de personas con discapacidad por encima del 2% contribuirá a mejorar su desarrollo laboral. Medidas de este tipo ya se aplican en países de nuestro entorno como Alemania, donde la cuota de reserva es del 5% y afecta a empresas de más de 20 personas trabajadoras.

    Las administraciones públicas deberían dar ejemplo, ya que la actual reserva del 7% de las plazas en las ofertas de empleo público no se ha traducido en un incremento significativo en el acceso a las administraciones públicas de las personas con discapacidad.

    Por otra parte, los centros especiales de empleo deben recuperar su objetivo legal de convertirse en un medio de inclusión en el empleo ordinario y no en un fin en sí mismos. CCOO recuerda que, tal como se aprobó en el 13º Congreso del sindicato, muchos centros especiales de empleo se han desviado de su finalidad original, generando competencia desleal y precarizando el empleo, pese a contar con ayudas públicas.

    Adaptar las condiciones de trabajo

    Una vez las personas con discapacidad acceden a un puesto de trabajo, este debe adaptarse tanto para las personas con discapacidades congénitas como para aquellas que las desarrollan a lo largo de su vida. En este proceso, la participación sindical es fundamental, especialmente en aspectos clave como compatibilizar la actividad laboral con el seguimiento de tratamientos médicos o rehabilitadores, o adaptar la prevención de riesgos laborales a la especificidad de los distintos tipos de discapacidad.

    Finalmente, desde CCOO exigimos que se garanticen los centros de trabajo como espacios libres de violencias para las mujeres con discapacidad, en cumplimiento del Convenio 190 de la OIT ratificado por España. Es preciso recordar que todos los centros de trabajo, independientemente del tamaño de la empresa, deben contar con un protocolo de acoso sexual y acoso por razón de sexo, diseñado atendiendo a las necesidades específicas de las mujeres con discapacidad y negociado con la representación legal de la plantilla.