Confederaci贸n Sindical de Comisiones Obreras | 7 marzo 2026.

CCOO pide responsabilidad ante una propuesta de modelo de financiaci贸n con elementos positivos, aunque debe ser completada

    14/01/2026.
    CCOO pide responsabilidad ante una propuesta de modelo de financiaci贸n con elementos positivos, aunque debe ser completada.

    CCOO pide responsabilidad ante una propuesta de modelo de financiaci贸n con elementos positivos, aunque debe ser completada.

    Comisiones Obreras valora la propuesta de un nuevo modelo de financiación autonómica. Es necesaria y pide responsabilidad a Gobierno, partidos y administraciones públicas, para acordar actualizar el modelo vigente y garantizar la prestación de servicios públicos de calidad en las comunidades autónomas (CCAA). 

    Para el sindicato es urgente un nuevo modelo de financiación para las CCAA. El actual modelo lleva caducado desde el año 2014 y se elaboró en unas circunstancias y coyunturas de país que cambian y tienen que ser evaluadas y revisadas periódicamente. Esta actualización no ha sido posible por una situación de polarización y sobreactuación irresponsable que ha impedido hasta hoy alcanzar un acuerdo en la financiación de los servicios públicos fundamentales que prestan las CCAA.

    El nuevo modelo propuesto parece mantener y dar continuidad en su diseño los principios del anterior, lo que debe despejar el debate sobre rupturas del marco constitucional, al tiempo que supone un importante aumento de recursos para financiar a las CCAA, aprovechando el buen comportamiento continuado de la recaudación fiscal en los últimos años.

    El nuevo modelo estima una mejora de 20.975 millones de euros adicionales para 2027, primer año de entrada en vigor, alcanzando un total de 224.507 millones de euros. Son 72.023 millones más que los 152.484 millones de 2023. Los nuevos recursos provienen de una mayor cesión de impuestos, aumentando su autonomía financiera y su corresponsabilidad fiscal. Se incrementa el porcentaje de cesión del 50% al 55% del IRPF y del 50% al 56,5% del IVA. Se incorpora, además, el 100% de la recaudación por Impuesto sobre el Patrimonio, Depósitos Bancarios, Actividades del Juego y Residuos.

    A su vez, las comunidades que lo soliciten podrán recibir una parte de la recaudación del IVA generada por las pymes en su territorio. El Estado, además, aportará casi 19.000 millones para reducir desigualdades territoriales, incrementando de forma significativa la ya relevante aportación actual.

    En la distribución de los recursos se introducen nuevas variantes en el concepto de población ajustada, como el padrón, la segmentación por grupos de edad, población protegida (sistema de salud), educación (población de 0 a 17 años), servicios sociales (población mayor de 65 años), superficie, dispersión e insularidad, lo que debe dotar al modelo de mayor transparencia y facilitar también la evaluación de su funcionamiento.

    Por último, se ofrece a las comunidades autónomas mayor responsabilidad en la gestión de impuestos, en el sentido de que los ingresos del IRPF y otros impuestos lleguen de manera simultánea a la Administración estatal y autonómica, anticipando el actual sistema de entregas a cuenta.

    Reducción de las brechas históricas entre comunidades

    La mejora de la financiación, además, incrementa la equidad en la medida en que afecta a todas las comunidades de régimen común, siendo las principales beneficiarias en el aumento nominal de financiación Andalucía, Cataluña, País Valenciano, Madrid, Murcia y Castilla-La Mancha. Otro efecto será la reducción de las “brechas históricas” de infrafinanciación que venían sufriendo, por citar algunas, el País Valenciano o la Comunidad de Murcia, que mejoran su financiación en más de un 15%, siendo con ello las más favorecidas en términos de financiación ajustada por habitante.

    En su conjunto, las diferencias de financiación por habitante entre comunidades, según datos del Ministerio de Hacienda, pasarán de 1.500 euros con el modelo actual a 700 euros con el modelo propuesto. A su vez, la cláusula de statu quo garantizará que ninguna comunidad pierda financiación respecto al anterior modelo. Esto protege también a las comunidades autónomas que están mejor financiadas por el actual sistema, que mantendrán y mejorarán también su situación, evitando que el nuevo sistema suponga una reducción de recursos.

    Es necesaria una armonización de las legislaciones fiscales autonómicas

    No obstante, en CCOO preocupa cómo asegurar que la mejora de la financiación a las comunidades autónomas se destine a mejorar el Estado de Bienestar y no a regalos fiscales, como viene ocurriendo en algunas comunidades en los últimos años, provocando con ello situaciones de “dumping fiscal”. En este sentido, es necesaria una armonización de las legislaciones fiscales autonómicas.

    Por ello, sigue siendo imprescindible la implementación de la reforma fiscal comprometida en el hito 28 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para cerrar la brecha con la Eurozona y la UE, que garantice recursos suficientes para asegurar un Estado de Bienestar con servicios públicos suficientes y eficientes, reforzando de forma simultánea la capacidad de financiación de políticas públicas de los distintos niveles de las administraciones públicas, estatal, autonómicas y locales (aún pendiente la definición adecuada de la financiación de estas últimas).

    Es esta una cuestión clave. La contribución fiscal en España viene batiendo récords en los últimos años, lo que está permitiendo mejorar la financiación de políticas públicas en su conjunto. Pero sigue siendo un hecho que mantenemos un diferencial negativo en nuestra contribución fiscal con los países de nuestro entorno (Eurozona y Unión Europea), que debe abordarse también para garantizar, de forma estructural mantener esta capacidad de intervención en las políticas públicas para el conjunto de administraciones.

    Cualquier modelo de financiación, y éste también, debe ser evaluado de manera periódica para garantizar que se prestan servicios públicos de calidad en todo el Estado, independientemente de la comunidad autónoma, garantizando la cohesión social y territorial en el acceso a los servicios fundamentales, sin perjuicio del ejercicio de autonomía política que se deriva de un estado descentralizado.

    Por todo ello, estamos ante una oportunidad política para modernizar el Estado y asegurar que el sistema de bienestar sea sostenible mediante una gestión más eficiente y cercana al ciudadano. Ello implica un comportamiento responsable del conjunto de partidos políticos y administraciones públicas para desarrollar un acuerdo consensuado y equilibrado sobre esta materia, abandonando intereses particulares con relatos catastrofistas de “rupturas” del país por parte de las derechas o pugnas identitarias por parte de los nacionalistas.

    Aun siendo conscientes de las dificultades, por la aritmética parlamentaria, la continuidad del bloqueo institucional, tanto en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, primero, como en las Cortes Generales, después, tendría como consecuencia que el sistema de financiación autonómica actual se mantendría sin cambios y, en el mejor de los casos, se volvería a posponer la necesaria actualización de nuestro sistema de financiación autonómica, dejando sin abordar de forma efectiva los déficits que arrastra desde hace años y los problemas de equidad e infrafinanciación que hoy presenta.