Confederaci贸n Sindical de Comisiones Obreras | 16 mayo 2026.

El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 avanza en derechos, aunque sigue siendo insuficiente para garantizar el acceso real a una vivienda digna

    21/04/2026.
    Vivienda

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    El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. El Plan no requiere aprobación parlamentaria, por lo que entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), aunque tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero del presente año. A partir de ahora, deberán concretarse los convenios de colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas (CCAA) para su despliegue efectivo. 

    El PEV contará con una dotación presupuestaria de 7.000 millones de euros, de los cuales el Estado aportará el 60% (4.200 millones) y las CCAA el 40% restante (2.800 millones). Tal y como ya señalamos en la fase de proyecto, pese a suponer un incremento significativo respecto al plan anterior, esta financiación sigue siendo claramente insuficiente en el actual contexto de crisis de acceso a la vivienda.

    Para dar una respuesta real a la situación que atraviesan millones de personas trabajadoras, la inversión pública en vivienda debería situarse, como mínimo, en el 1% del PIB anual (alrededor de 16.000 millones de euros), en línea con los países de nuestro entorno europeo.

    CCOO valora la introducción de condicionalidades en los convenios bilaterales con las CCAA, así como la incorporación de algunas de nuestras alegaciones al proyecto inicial: 

    • Blindaje del parque protegido de vivienda: solo se financiarán promociones que garanticen la permanencia indefinida de la calificación. Una demanda histórica de CCOO.
    • Cofinanciación autonómica mínima del 40%, si bien consideramos que aquellas CCAA que presentan  mayores dificultades de acceso a la vivienda y con mayor capacidad económica deberían aumentar su esfuerzo hasta el 50%.
    • Sistema común de información y seguimiento, con obligación para las CCAA de recopilar datos del mercado, especialmente a través de los registros autonómicos de fianzas. Se trata de un avance necesario para disponer de datos públicos y fiables, y no depender de información procedente de portales inmobiliarios con intereses en el sector.
    • Mejora de la financiación para aquellas CCAA que cumplan la Ley 12/2023 por el Derecho a la Vivienda, especialmente en la declaración de zonas tensionadas cuando se den las condiciones.
    • Procedimiento transparente y estructurado de gestión de los fondos, en el que el Estado define el reparto, las CCAA los distribuyen mediante convocatorias a Ayuntamientos y Entidades Promotoras que las ejecutan y posteriormente las CCAA rinden cuentas, permitiendo la evaluación y, en su caso, la corrección de desviaciones, con medidas como el bloqueo de fondos o reasignación de estos.

    El Plan aprobado introduce algunas novedades respecto al proyecto inicial, aunque sin cambios estructurales de fondo. Algunas las hicimos durante el proceso de alegaciones. Entre ellas destacamos:

    • El reconocimiento del acceso a la vivienda como un factor clave ligado a la igualdad, la inclusión y la cohesión social, lo que obliga a priorizar a los colectivos más vulnerables.
    • La introducción de las resoluciones de transferencia como mecanismo más ágil para transferir fondos a las CCAA, reforzando la capacidad operativa del Estado, si bien no se ha recogido la posibilidad de establecer convenios directos con los ayuntamientos.
    • Una mayor integración transversal de la política de vivienda con otros ámbitos como la rehabilitación urbana, la pobreza energética o la cohesión territorial, en línea con lo que venimos defendiendo.
    • La apuesta por las cooperativas en cesión de uso como una alternativa no especulativa y socialmente orientada frente a la propiedad y el alquiler, una fórmula que desde CCOO hemos impulsado históricamente.
    • La información anual al Consejo Asesor de Vivienda sobre la ejecución del Plan, permitiendo formular observaciones y recomendaciones, aunque sin carácter vinculante.

    En conjunto, el Plan incorpora avances que responden parcialmente a las demandas de CCOO, especialmente en lo relativo a un mayor enfoque social y a la mejora de los mecanismos de control.

    Sin embargo, mantiene importantes carencias, especialmente en materia de financiación y en la ambición de las medidas estructurales necesarias para garantizar de forma efectiva el derecho a una vivienda digna para la mayoría social.

    En consecuencia, es una herramienta útil, necesaria, que debe ser complementada con políticas de vivienda más ambiciosas y coordinadas entre los distintos niveles de las administraciones, con especial protagonismo de quien ostenta las mayores competencias en esta materia, las comunidades autónomas; la imprescindible participación y contribución de las administraciones locales, aportando suelo y promoviendo vivienda pública, permanente y asequible; además de reforzar y aumentar las contribuciones del Estado en mayor medida, camino al que contribuye, sin duda, este Plan Estatal de financiación de políticas de vivienda, que necesita ser complementado con política legislativa en materia de limitación de precios en zonas tensionadas, limitación de compra destinada a la especulación y política fiscal coherente con todo ello.