Confederación Sindical de Comisiones Obreras | 9 junio 2026.

CCOO exige al Gobierno que destine el 1 % del PIB para la financiación de las universidades públicas

    El sindicato reclama al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades la convocatoria inmediata de la comisión de trabajo para “establecer el incremento del gasto público para alcanzar el objetivo del 1% del PIB destinado a la financiación de las universidades públicas” creada en 2024 y que no se reúne desde octubre de 2025.

    02/06/2026.
    Concentración por la financiación suficiente de las universdidades públicas

    Concentración por la financiación suficiente de las universdidades públicas

    CCOO, a través de sus responsables territoriales del sector de universidad, se concentró a las puertas del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para exigir el cumplimiento de la obligación legal contenida en la Ley Orgánica 2/2023 del Sistema Universitario (LOSU) de elevar hasta el 1 % del PIB la inversión en la financiación de las universidades públicas.

    El artículo 55 de la Ley obliga a las Administraciones Públicas a dotar a las universidades de los recursos económicos necesarios para garantizar la suficiencia financiera que les permita dar cumplimiento a lo establecido en esta ley orgánica y asegurar la consecución de los objetivos en ella previstos. Y para lograr este objetivo, se establece la necesidad, con el horizonte temporal del año 2030, de destinar, como mínimo, el 1% del Producto Interior Bruto (PIB) al gasto público en educación universitaria pública en el conjunto del Estado como requisito imprescindible para la equiparación progresiva a la inversión media de los Estados miembros de la Unión Europea.

    El 20 de noviembre de 2024 el ministerio constituyó la comisión de trabajo para “establecer el incremento del gasto público para alcanzar el objetivo del 1% del PIB destinado a la financiación de las universidades públicas”. Sin embargo, esta mesa sólo se ha reunido en dos ocasiones, siendo la última el pasado 24 de octubre de 2025. Estas reuniones se han limitado a la presentación de informes y estudios. En año y medio no se ha avanzado en concretar el procedimiento y criterios del proceso; no se ha planteado ninguna propuesta, no ya de acuerdo, sino tan siquiera de trabajo; y no existe un calendario de reuniones.

    La realidad es que esta obligación legal no es solo un compromiso administrativo, sino una inversión esencial para el desarrollo socioeconómico a nivel nacional y autonómico, imprescindible para superar la infrafinanciación estructural del sistema público universitario.

    Comisiones Obreras considera imprescindible un plan de financiación conjunto entre el ministerio y las comunidades autónomas que garantice la aplicación de este compromiso de financiar a las universidades públicas con, al menos, el 1% del PIB. Sin embargo, la falta de acción del ministerio y el silencio de las comunidades autónomas, evidencian que esta obligación no es una prioridad. Han pasado ya tres años y medio desde la entrada en vigor de la LOSU y sólo queda otro tanto para llegar a 2030. No queremos pensar que de manera intencionada gobierno y comunidades están dejando que pase el tiempo para que la obligación contenida en la LOSU sea uno más de los múltiples incumplimientos de quienes se supone deben garantizar su aplicación.

    La financiación suficiente de la universidad pública viene a definir el modelo de universidad por el que se apuesta desde el ámbito público. Durante décadas, la universidad pública ha permitido que hijos e hijas de familias trabajadoras accedan a estudios superiores y mejoren sus oportunidades laborales y vitales. Si se debilita ese sistema a través de una financiación insuficiente, la consecuencia de este planteamiento supondría reforzar la alternativa privada e incrementar la desigualdad en el acceso y permanencia de toda la ciudadanía en función de su realidad socioeconómica.

    El sindicato considera imprescindible, en el marco de la responsabilidad de todos los actores con capacidad de decisión, que se afronte de una vez por todas las serias carencias en la financiación de las universidades públicas que ponen en peligro su papel de servicio público y garante de la equidad social. Apelamos a que los distintos intereses políticos no afecten a la resolución del problema de la infrafinanciación de la universidad pública, reconocido por la mayoría de los agentes. No nos podemos permitir seguir esperando a soluciones que nunca llegan mientras asistimos al deterioro permanente del modelo público universitario.