Confederación Sindical de Comisiones Obreras | 16 julio 2026.

CCOO se reúne con el Defensor del Pueblo para abordar la inconstitucionalidad de la Ley Universitaria para Andalucía

    El sindicato argumenta que la LUPA (Ley Universitaria para Andalucía) podría estar lesionando los principios constitucionales de autonomía universitaria, además de invadir competencias reservadas al Estado.

    08/07/2026.
    Sede del Defensor del Pueblo

    Sede del Defensor del Pueblo

    CCOO ha mantenido una reunión con el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, para valorar y efectuar las consideraciones necesarias relativas a la resolución adoptada por esta institución en respuesta a la solicitud formulada por CCOO para que el Defensor del Pueblo promoviera la presentación de recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 1/2026 Universitaria para Andalucía (LUPA). El sindicato entendía que con esta norma podría estar lesionando los principios constitucionales de la autonomía universitaria además de invadir competencias reservadas al Estado.

    En el encuentro con el Defensor del Pueblo para abordar la actual situación de este proceso, ambas partes han coincidido en la conveniencia de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el nuevo marco legal definido por la Ley Orgánica 2/2023 del Sistema Universitario (LOSU) y la posible afectación de la normativa autonómica que se dicte en su desarrollo, en relación a cuestiones tan esenciales como el principio de la autonomía universitaria y el marco competencial de las diferentes administraciones implicadas.

    Desde CCOO han trasladado su preocupación por el actual escenario de normativas autonómicas universitarias que se vienen planteando y que, a su juicio, cuestionan el modelo de universidad constitucionalmente definido. En este sentido, señalan que las dos primeras leyes universitarias aprobadas tras la entrada en vigor de la LOSU, la de Canarias y la de Andalucía, han sido cuestionadas por su constitucionalidad: la primera ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional y la segunda está siendo valorada en el seno de la Comisión Bilateral de Cooperación creada entre la Administración General del Estado y la comunidad autónoma andaluza que, de finalizar sin acuerdo, llevaría al Gobierno a presentar recurso de inconstitucionalidad contra la norma.