CCOO traslada a los Grupos Parlamentarios sus propuestas para mejorar la transparencia, objetividad y disminución del fraude en la contratación pública

    CCOO ha presentado a los Grupos Parlamentarios PSOE, Ciudadanos, Unidos Podemos y Mixto (PDECat y Compromís) sus enmiendas  con motivo de la transposición de las directivas 2014/23/UE, 2014/24/UE y 2014/25/UE del Parlamente Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014, que han cristalizado en dos Proyectos de Ley sobre Contratos Administrativos y procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales.

    10/03/2017.
    Reunión con Compromís

    Reunión con Compromís

    Una delegación de CCOO, compuesta por responsables de las Federaciones de Servicios a la Ciudadanía, Industria y Construcciones y Servicios, además de José Campos, secretario de Relaciones Institucionales, se ha reunido con los Grupos Parlamentarios Ciudadanos, Unidos Podemos, PSOE y Mixto (PDECat y Compromís), para trasladar las enmiendas elaboradas por el sindicato con motivo de la transposición de las directivas 2014/23/UE, 2014/24/UE y 2014/25/UE del Parlamente Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014, que han cristalizado en dos Proyectos de Ley sobre Contratos Administrativos y sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales.

    CCOO entiende que estos proyectos de ley deben servir para aumentar la transparencia, objetividad y disminución del fraude en la contratación pública, aspectos que van a influir en la calidad de empleo de trabajadores y trabajadoras y el mantenimiento del empleo mediante la aplicación de las normas legales y los convenios colectivos sectoriales, especialmente, en lo que se refiere a las cláusulas de subrogación.

    Los ejes centrales de las enmiendas propuestas por CCOO se pueden resumir en los siguientes bloques:

    1) La Ley de Contratos es uno de los ejes centrales que debe contribuir a la lucha contra la corrupción. Por ello, elementos como el incremento de la transparencia y las garantías de procedimientos medibles y objetivos en los procesos de adjudicación deben ser elementos fundamentales.

    2) Con carácter general, en las bases de licitación se confía de forma genérica que los órganos de contratación cuiden que el límite de gasto “sea adecuado a los precios de mercado”. Sin embargo, cuando existan serias dificultades para la determinación de este valor pude quedar referenciado a meras conjeturas realizadas sobre estimaciones facilitadas por el propio contratista, por lo que CCOO propone revisar los métodos y procedimientos utilizados por el contratista para el cálculo de los mismos. La evaluación de costes, la concreción de los costes sociales o la evolución de los precios...etc. deben ser algunos de los aspectos que se deberán concretar en tales procesos de contratación.

    3) Los procesos de contratación pública deben garantizar plenamente los procesos de subrogación de las plantillas, tanto en volumen de empleo como el mantenimiento de las condiciones laborales. Hay demasiados ejemplos de que se garantizan teóricamente esos derechos en la oferta, pero cuando ya se ha adjudicado, se producen despidos, rebajas salariales e incumplimientos del convenio de referencia sin que la administración adjudicataria haga nada. Por ello, desde CCOO propone que en los correspondientes pliegos de contratación, el empleo, las condiciones laborales y el cumplimiento de los convenios colectivos se garanticen obligatoriamente, no solo en la adjudicación sino durante la ejecución del contrato.

    4) En materia económica/financiera el principal objetivo es garantizar la viabilidad de las empresas licitadoras para prestar el servicio u obra en los estándares de calidad establecidos en los pliegos de contratación; por ello, a lo largo del articulado del proyecto de Ley se deben recoger y garantizar los siguientes aspectos:

    - Garantizar que los procedimientos contractuales se desarrollen con las máximas garantías de transparencia e igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores para evitar el fraude, el favoritismo y la corrupción, por lo que es necesario concretar y objetivar cuales van a ser dichos mecanismos y evitar la generalidad con que tales aspectos son tratados en ambos proyectos.

    - Determinar con mayor exactitud los conflictos de intereses entre el órgano contratante, las empresas asesoras y las empresas licitadoras, dando mayor transparencia a las deliberaciones del propio órgano de contratación.

    - Aprobar un código ético de la contratación.

    - El órgano contratante podrá exigir a los operadores económicos un volumen determinado de negocio anual mínimo, cuentas anuales, seguro por riesgos profesionales, que deberán ampliarse con datos relativos a: principales masas patrimoniales, deudas, créditos, flujo de caja de los últimos tres años, gestión del efectivo de la empresa principal y de sus filiales, acceso a los datos que ya consten en otras administraciones referentes a sus estados económicos y financieros.

    5) En materia medioambiental es necesario que las empresas licitadoras garanticen mediante los respectivos certificados, que cumplen con las disposiciones en materia medioambiental, laboral y fiscal. Se deberá tener en cuenta la solvencia medioambiental y la suscripción del correspondiente seguro de responsabilidad para este tipo de empresas, que cubra tanto los posibles daños medioambientales como la reposición medioambiental posterior..

    6) Respecto a las cláusulas sociales, entendemos que ambas Directivas abren la puerta a incluir en los pliegos de contratación cláusulas sociales, dicha mención se ha trasladado a nuestro derecho nacional como un criterio de desempate entre varios licitadores, sin embargo y siempre que el objeto del contrato lo permita se deberían valorar en dichos pliegos mejoras sociales, tales como:

    - Cumplimiento de la legislación laboral, la legislación convencional o cualquier otro aspecto de mejora sobre las mismas. Debe garantizarse el cumplimiento, como mínimo, de los convenios colectivos sectoriales, siendo causa de exclusión en los concursos su incumplimiento. Se deben incluir métodos de control y se debe asegurar una responsabilidad subsidiaria de la Administración Pública como contratista principal.

    - Un porcentaje de trabajadores discapacitados en plantillas, empresas de inserción, entidades sin ánimo de lucro, organizaciones de comercio justo.

    - Proyectos y políticas sobre igualdad real entre hombre y mujeres.

    - Políticas sobre proyectos de responsabilidad social corporativa…etc.

    Están mismas propuestas las trasladará CCOO al resto de los Grupos Parlamentarios.

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