CCOO pide rigor al gobierno en el debate sobre la revalorización de pensiones

    Carlos Bravo, secretario de Políticas públicas y protección social de CCOO, ha valorado las declaraciones hechas por la ministra de Empleo en su comparecencia en el Congreso donde, seleccionando los periodos más convenientes, se intenta minimizar el evidente impacto negativo que sobre el poder adquisitivo de las pensiones tienen, y especialmente tendrán, las decisiones del gobierno desde el 2012.

    01/02/2018.
    Manifestación por unas pensiones dignas

    Manifestación por unas pensiones dignas

    CCOO ha denunciado la utilización estratégica de los datos, ya que los cálculos presentados por la ministra, aun siendo correctos en su formulación, son, en realidad, ejemplo de un ejercicio de utilización parcial de los mismos.

    Ejemplo de ello es que el Ministerio utiliza a conveniencia unos periodos temporales u otros, según sea el resultado que quiere presentar en cada momento. Igual que ocurre con la utilización de los distintos índices de inflación que se publican. De este modo, la ministra ha centrado su intervención en la presentación del efecto que ha tenido el IRP en el periodo 2014-2017 comparándolo con la inflación media registrada en ese periodo. El resultado de este cálculo es, efectivamente, una pérdida de poder adquisitivo de las pensiones de -0,1 puntos porcentuales.

    Sin embargo, pasa por alto la ministra que en ese mismo periodo, de haberse comparado con la fórmula de revalorización utilizada en la Ley General de la Seguridad Social antes del IRP (que utiliza la inflación interanual medida de noviembre a noviembre), el resultado hubiese sido el de una pérdida de poder de compra de -0,7 puntos porcentuales.

    Asimismo, de haber utilizado el método de cálculo del Ministerio aplicado a todo el periodo de gobierno del Partido Popular (2012-2017), el resultado hubiese sido que las pensiones superiores a 1.000 euros acumulan una pérdida de poder de compra de -1,8 puntos porcentuales y las de menos de 1.000 euros lo hacen en una cuantía de -0,9 puntos porcentuales.

    Esta utilización estratégica de unos u otros datos a conveniencia resulta una práctica rechazable para CCOO, ya que no ayuda a mejorar el nivel de transparencia que históricamente mantiene el sistema público de pensiones, y contribuye a trasladar a la ciudadanía una idea distorsionada de los efectos de las medidas introducidas en la última reforma de pensiones de 2013 y de sus necesidades reales.

    CCOO quiere, una vez más, poner en valor que el sistema de pensiones ha permitido, hasta ahora, mantener las rentas de pensionistas durante la crisis, en mayor medida que los salarios. Al tiempo que denunciamos que con la reforma de 2013, se ha colocado a las pensiones en la senda de una devaluación progresiva y constante que es preciso revertir, como lo es también que las rentas salariales (principal vía de financiación de las pensiones) recuperen posiciones a través del crecimiento de la cantidad y calidad del empleo y el incremento real de los salarios, recuperando terreno perdido en los últimos años.

    Carlos Bravo ha señalado que “en cualquier caso este debate no debe distraernos del verdadero y más duro efecto de las reformas impuestas en 2013”. La reducción más grave de la capacidad de compra de las pensiones vendrá del efecto conjunto de la pérdida que sufrirán todos los pensionistas sometidos a una revalorización condenada a congelarse en el 0,25% cada año, junto a la reducción acumulativa de la cuantía inicial de los nuevos jubilados como efecto del Factor de Sostenibilidad.

    Ambas medidas supondrán, si no se corrigen, un deterioro de la relación de contributividad que las pensiones mantienen hoy con relación al poder de compra de los salarios y las cotizaciones con las que se financian. Al tiempo que, de otro lado, la suficiencia de las pensiones se verá paulatina y crecientemente amenazada, y con ello, se pone en riesgo la confianza de los ciudadanos en el sistema público de pensiones y la altísima legitimación social que aún mantiene hoy.

    Evitar esta situación debe ser nuestra prioridad. Para CCOO es posible garantizar la suficiencia y la sostenibilidad del sistema público de pensiones, sin negar las necesidades crecientes que supone financiar el sistema de pensiones (por el incremento creciente del número de pensionistas en las próximas décadas y la mayor esperanza de vida). Por ello, reclamamos al Gobierno la convocatoria urgente de los ámbitos de diálogo social y político que en el marco del Pacto de Toledo deben concretar, sin más dilación, la adopción de medidas que refuercen los ingresos del sistema, corrijan los efectos de la reforma de 2013 y permitan restablecer el marco de concertación social y política sobre el Sistema de Pensiones, que se ha quebrado desde la última reforma impuesta sin acuerdo alguno.

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