Confederación Sindical de Comisiones Obreras | 2 mayo 2025.

El CNI discrimina a un trabajador de Navantia por su ideología

    Joaquín García Sinde es ingeniero técnico de la empresa pública Navantia Ferrol y el pasado año el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) le denegó (a él y la otros cuatro empleados del astillero) su habilitación para trabajar en la parte militar del astillero ferrolano argumentando que “participa en organizaciones que defienden una estrategia revolucionaria, de clase, anticapitalista e internacionalista" ya que es sindicalista de CCOO y milita en Izquierda Unida.

    10/12/2015.

    El CNI apoya su denegación en una comunicación en la que explica que "el señor García Sinde ha demostrado una continuada participación en organizaciones y grupos cuyos ideales defienden una estrategia revolucionaria: de clase, anticapitalista e internacionalista". La comunicación añade que "si bien esta participación es lícita, se considera discordante con la protección de la información clasificada que el Ministerio de Defensa español le cede a la industria para sus desarrollos armamentísticos".

    García Sinde ha manifestado que "están reconociendo abiertamente que es un veto político e ideológico. Ellos reconocen que no hago nada ilegal, que mis actividades políticas son lícitas, pero no les gusta mi ideología". Señala que lo sucedido "es un síntoma más de la deriva y la mentalidad autoritaria del Partido Popular", recordándole "los tiempos de la Guerra fría o de Franco en los que aquellas personas que habían tenido ideas comunistas eran sospechosos y considerados un peligro para la seguridad nacional". "Es una actuación propia de la policía política de una dictadura. Que alguien me explique cuál es la diferencia con esa etiqueta que te colocaba el Franquismo de 'desafecto al régimen'", añade.

    "La ley mordaza, la persecución a sindicalistas, las multas a manifestantes, los preferentistas..., todo para intentar crear un clima de miedo, para evitar las protestas. El sindicato considera muy grave que se considere a un trabajador como riesgo para la seguridad nacional (lo que lo equipara con un sospechoso de terrorismo, espionaje o sabotaje) por el mero hecho de profesar unas determinadas ideas y realizar actividades políticas en el marco de la ley. Es una represalia política inaceptable e incompatible con un régimen democrático.

    CCOO emprenderá las acciones oportunas para denunciar la situación de García Sinde y pedirá a la Xunta que aborde las medidas oportunas para amparar los derechos políticos y constitucionales de este trabajador e impida que vuelva a ocurrir una situación semejante.

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