Confederación Sindical de Comisiones Obreras | 27 abril 2024.

CCOO celebra una sentencia que reconoce los delitos cometidos por dictaduras militares en América Latina

    El Tribunal de Apelación de Roma, con una sentencia pronunciada el pasado 8 de julio, hizo justicia a las víctimas y sus familias que, después de más de cuarenta años, escucharon la palabra "culpable" para aquellos torturadores que infligieron la peor violencia a los militantes políticos, estudiantes, sindicalistas, que se opusieron a las dictaduras militares en Uruguay, Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Brasil, Paraguay.

    23/07/2019.
    Portada de la sentencia del 8 de julio de 2019

    Portada de la sentencia del 8 de julio de 2019

    Esta sentencia, con 28 cadenas perpetuas para los líderes políticos y militares, y para los perpetradores de tortura, revoca la primera instancia del 17 de enero de 2017, en la que solo los líderes fueron condenados, mientras que los torturadores fueron acusados ​​del único delito de secuestro, caducado por prescripción, y luego absueltos, no por no haber realizado la escritura sino por la expiración de los términos.

    La sentencia de enero de 2017 fue impugnada de inmediato por el gobierno uruguayo, que presentó una apelación. El éxito conseguido en el Tribunal de Apelación se debe a un trabajo llevado a cabo con dedicación y extraordinaria militancia por parte de abogados, investigadores, familiares de las víctimas y asociaciones por los derechos humanos y por la "verdad y justicia" que creyeron hasta el final en lograr justicia. Ahora, la palabra final se dejará a la Corte de Casación para confirmar esta histórica sentencia.

    Este proceso surge de la voluntad de las familias de 23 víctimas latinoamericanas, de origen italiano, que sufrieron secuestros, torturas, desapariciones y muertes a manos de cuerpos especiales, militares y paramilitares al servicio de las dictaduras latinoamericanas, entre los años 70 y mediados de los 80 del siglo pasado, coordinado y operado por el Departamento de Estado de los EEUU, en lo que se llamó "Plan Cóndor", para aniquilar y eliminar físicamente las oposiciones a esos regímenes, oponiéndose así a lo que consideraban el peligro del comunismo en Latinoamérica.

    CCOO se une a la alegría de las familias y de las organizaciones que les han apoyado en esta batalla, y esperamos y confiamos en que se pronuncien sentencias similares en otros países, como España, donde también se intentó juzgar crímenes de lesa humanidad.

    Después de más de 40 años, hay que encontrar el tiempo y las formas de restaurar la verdad y la justicia a las víctimas, y de ofrecer a las sociedades la posibilidad y el derecho de cerrar esas cuentas, de pasar la página, pero sin perder la memoria y la dignidad.

    Los familiares de las víctimas y las asociaciones de derechos humanos de Uruguay, conectados por videoconferencia, inmediatamente después de leer la sentencia, lloraron de alegría pero también se preguntaron si esta sentencia podrá mover incluso a los gobiernos de América Latina para reabrir los procesos donde tuvieron lugar estos hechos.