Confederación Sindical de Comisiones Obreras | 4 mayo 2024.

REVISTA TRABAJADORA, N. 69 (FEBRERO DE 2020)

Feminismo y ecologismo. COP25 y Plan de Acción de Género (GAP), de Azahara Merino Martos

    AZAHARA MERINO escribe sobre feminismo y ecologismo en la sección Por el mundo de la revista Trabajadora, n. 69 en relación al Plan de Acción de Género para el Cambio Climático acordado en las Conferencias de las Partes (COP).

    02/03/2020.
    Marcha por el clima el 7 de diciembre de 2019 en Madrid. Fotografía de Fran Lorente.

    Marcha por el clima el 7 de diciembre de 2019 en Madrid. Fotografía de Fran Lorente.

    DESDE su origen, el movimiento feminista viene reivindicando un cambio cultural en el que exista una igualdad plena entre mujeres y hombres. Y es fundamental entender que este cambio cultural es una cuestión de justicia social.

    Para avanzar en la construcción de la igualdad, la perspectiva feminista debe atravesar toda la estructura de la sociedad y alcanzar todos sus ámbitos. Y por supuesto, en lo relacionado con la lucha contra el cambio climático, uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta la humanidad hoy en día. La perspectiva de género tiene que estar en todo el proceso de las negociaciones referentes a las actuaciones, iniciativas, planes, políticas, etc. para actuar frente al cambio climático, garantizando la participación y representación femenina.

    Hasta aquí la teoría. La realidad, sin embargo, es diferente. Ni el hecho de que las consecuencias del cambio climático repercuten de modo más negativo en las mujeres que en los hombres (fundamentalmente porque las ocupaciones más feminizadas, impuestas tradicionalmente, son las más expuestas a sus efectos) ha evitado que se dé la brecha en la presencia de puestos y órganos decisorios.

    Por primera vez, los Gobiernos acordaron combatir el cambio climático en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, en 1992. Durante esta reunión se creó la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el cambio climático (CMNUCC) que entró en vigor en 1994, y se estableció un órgano decisorio el cuál se reúne cada año: Las Conferencias de las Partes (COP).

    En todo este tiempo no se ha tenido en cuenta la perspectiva de género en las negociaciones. Han tenido que pasar 26 años para que, en su 20º período de sesiones en la COP20 de Lima, en 2014, la Conferencia de las Partes decidiera considerar, por primera vez, las cuestiones de género en las políticas relativas al clima. En esta COP se desarrolló el Plan de Trabajo de Lima sobre Género. Y tres años después se adopta el Plan de Acción de Género para el Cambio Climático (GAP, por sus siglas en inglés) en la COP23 de Bonn.

    En la COP25 de Madrid se tenía que hacer una revisión y adoptar la segunda fase de este plan. Sin embargo, las negociaciones no fueron fáciles. El texto mantuvo bajo discusión algunas cuestiones que ya estaban aprobadas en Bonn, entre ellas las referentes al respeto de los derechos humanos y la obligación de realizar una transición justa. Finalmente, gracias a las presiones de las organizaciones sindicales y otras organizaciones sociales se consiguió su aprobación.

    El nuevo GAP que estará vigente hasta el año 2025, además de mantener las referencias mencionadas anteriormente, incorpora varias medidas nuevas e incluyen elementos a tener en cuenta cuando los países desarrollen su acción climática: derecho a la salud, los derechos de los pueblos indígenas, comunidades locales, migrantes, menores, personas con discapacidad y personas en situación de vulnerabilidad económica.

    Ahora bien, si analizamos los porcentajes de representación de las mujeres en los sitios donde se debaten y se toman las decisiones políticas en este período podemos observar cómo todavía la representación sigue siendo escasa y persiste una falta de progreso en esta cuestión. Prueba de ello es que la representación de éstas en los ministerios nacionales que se ocupan del Medio Ambiente y Cambio Climático, la media europea en 2014 era de 27,4% bajando en 2019 al 26,3%, según datos del Instituto Europeo de la Igualdad de Género.

    En este escenario, se plantea la pregunta de qué hacer. El GAP sirve de hoja de ruta para garantizar la igualdad de género en todas las políticas climáticas y habrá que esperar para ver cómo avanza en estos cincos años de vigencia, pero como se ha demostrado en esta última COP, no se puede confiar solamente en la voluntad política. Son necesarias las movilizaciones sindicales y de las demás organizaciones sociales para presionar y garantizar políticas climáticas más ambiciosas que incluyan criterios sociales. Mientras tanto, Comisiones Obreras, junto con el movimiento sindical internacional, seguirá trabajando por una transición ecológica justa e inclusiva.

    Azahara Merino (@AzaharaMerino) forma parte del equipo de la Secretaría Confederal de Medio Ambiente y Movilidad de Comisiones Obreras.

    Revista Trabajadora, n. 69 (febrero de 2020).