Confederación Sindical de Comisiones Obreras | 26 abril 2024.

CCOO exige una vez más el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas sobre el Sáhara Occidental

    Ante el esperpéntico anuncio del presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, con el que se erige en el decisor unilateral de la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, CCOO exige de nuevo posiciones firmes por parte del Gobierno de España respecto a la aplicación de las resoluciones de Naciones Unidas y el derecho de autodeterminación e independencia del pueblo saharaui conforme a la resolución 1514 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

    16/12/2020.
    [Imagen de CCOO]

    [Imagen de CCOO]

    CCOO, como en anteriores ocasiones, recuerda que el derecho internacional no reconoce ninguna soberanía o jurisdicción marroquí sobre el territorio del Sahara Occidental, ni considera a Marruecos como la potencia administradora del territorio saharaui. Así lo confirman, entre otras normas y resoluciones internacionales, la Carta de las Naciones Unidas (capítulo 73), la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre el Sáhara Occidental de 1975 o la opinión de la ONU de 2002. Recordamos también que la presencia de Marruecos en el territorio saharaui solo se menciona como un acto de "ocupación" militar (Resoluciones de las Asambleas Generales de las Naciones Unidas 34/39 de 1979 y 1980) y que debe darse por concluida.

    España con su ingreso en Naciones Unidas asumió el hecho colonial del territorio entonces conocido como Sáhara español convirtiéndose así en la potencia administradora según la resolución 2072 de 17 de diciembre de 1965. España reconocía esta vinculación en el BOE número 278, día 20 de noviembre de 1975 al referirse así al territorio saharaui: “El Estado Español ha venido ejerciendo, como potencia administradora, plenitud de competencias y facultades sobre el Territorio No Autónomo del Sáhara, que durante algunos años ha estado sometido en ciertos aspectos de su administración a un régimen peculiar con analogías al provincial y que nunca ha formado parte del territorio nacional”.

    La jurisprudencia mencionada hace que en definitiva, España de iure, aunque no de facto, siga siendo la potencia administradora y como tal, hasta que finalice el período de la descolonización, tiene las obligaciones recogidas en los artículos 73 y 74 de la Carta de Naciones Unidas. El Sáhara Occidental se encuentra todavía en el listado de territorios no autónomos de las Naciones Unidas, y su condición política final aún no ha sido determinada por el pueblo del Sáhara Occidental mediante el ejercicio de su legítimo derecho a la autodeterminación, como se indica claramente en todas las resoluciones de la ONU, especialmente en la resolución 1514 de 1960 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

    Hay que recordar que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas estableció el 29 de abril de 1991 la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO), de acuerdo con las propuestas de arreglo aceptadas el 30 de agosto de 1988 por Marruecos y el Frente Popular para la Liberación de Saguía el-Hamra y de Río de Oro (Frente Polisario). El plan de arreglo establecía un período de transición para preparar la celebración de un referéndum que nunca ha llegado a celebrarse.

    Así, el anuncio del presidente saliente de los Estados Unidos sobre la soberanía del Sáhara Occidental, que desde CCOO hemos observado con profunda preocupación, carece de toda legitimidad internacional y vuelve una vez más a refrendar la ocupación ilegal e ilegítima del territorio y los recursos naturales del Sáhara por parte de Marruecos. Acciones que dan carta libre de nuevo a la violación de los derechos humanos del pueblo saharaui que a lo largo de las últimas décadas ha sido ampliamente documentada y denunciada por el movimiento sindical internacional y organizaciones internacionales de diferente naturaleza.

    El Sáhara Occidental no puede ser la moneda de cambio en el tablero de las relaciones e intereses estadounidenses y marroquíes por lo que instamos, en primer lugar, al Gobierno de España, y al resto de los Estados europeos y a las instituciones de la UE a que se posicionen claramente a favor de los principios y valores de los derechos humanos y con el pleno respeto de las resoluciones de las Naciones Unidas, y a colaborar en la búsqueda de una solución definitiva que frene la actual escalada de represión y violencia en el territorio saharaui.

    Desde Comisiones Obreras hacemos de nuevo un llamamiento al Gobierno de España para que condene claramente estas violaciones y para que ejerza su papel con contundencia a la hora de conseguir una solución justa y definitiva en este último caso de descolonización sin resolver en el continente africano que evite la prolongación del sufrimiento que el pueblo saharaui arrastra desde hace más de cuatro décadas.