Confederación Sindical de Comisiones Obreras | 26 abril 2024.

CCOO y UGT piden al Gobierno que España salga del tratado de la Carta de la Energía

    Los sindicatos consideran que la permanencia en el tratado de la Carta de la Energía perjudica económica y ambientalmente a España. UGT y CCOO han dirigido una carta conjunta a los ministerios de Transición Ecológica, de Asuntos Exteriores y de Industria, pidiendo que España salga del tratado, en línea con lo expresado por la Confederación Europea de Sindicatos (CES) y por numerosas organizaciones sociales en España y la UE.

    02/03/2022.
    Fábrica

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    Tras casi tres décadas de vigencia, la propia historia del Tratado de la Carta de la Energía demuestra un evidente desfase entre sus objetivos iniciales y su posterior deriva, en la cual se ha convertido en un instrumento para poderosas empresas transnacionales en su afán por limitar la capacidad de los estados de introducir reformas tendentes a procesos de transición ecológica y a la garantía de acceso al derecho a la energía para el conjunto de la población en los estados miembro.

    De forma paralela a la posición sindical europea, durante los últimos años, numerosas organizaciones políticas y sociales en España ya han trasladado al Gobierno de España su postura respecto a la inconveniencia de la permanencia de España en el TCE. La campaña No a los Tratados de Comercio e Inversión, de la que CCOO y UGT formamos parte, ha alertado en numerosas ocasiones sobre los probados perjuicios que el apoyo de España a la modernización del tratado tendrá para nuestro país.

    Además del oneroso e incesante coste en dinero público y la antidemocrática limitación de la soberanía política y económica de los estados, el Tratado de la Carta de la Energía no ha demostrado durante toda su vigencia ningún aspecto beneficioso para los intereses de España como país. Ni siquiera pueden alegarse beneficios económicos, puesto que el prometido aumento de la inversión extranjera directa para los países firmantes, jamás se produjo, según una investigación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

    Tampoco ha supuesto la puesta en marcha del TCE ningún elemento, ni novedoso ni favorable, para el marco normativo relativo al comercio y al tránsito de energía, puesto que su contenido en nada supera las propias normas ya existentes en la Organización Mundial del Comercio (OMC), de la que la mayoría de los países firmantes del TCE son miembros.

    De esta forma, el TCE solo parece servir, a través de su mecanismo para la resolución de disputas sobre inversiones, a un reforzamiento de un marco normativo para garantizar los intereses económicos de empresas transnacionales, razón evidentemente alejada de la obligación de los estados de servir a los intereses del conjunto de la sociedad y no de sectores minoritarios y privados, sea cual sea su poder económico y de lobby. 

    El procedimiento de arbitraje contemplado en el TCE, representa, además un claro debilitamiento de las instituciones democráticas, al constituir un auténtico sistema de justicia paralelo, al que no tienen acceso los ciudadanos y trabajadores. Otro aspecto antidemocrático del TCE puede encontrarse en la falta de transparencia y participación de su sistema de gobernanza, en la que sindicatos y otras organizaciones de la sociedad civil se encuentran excluidos.

     

    Documentación asociada

    Carta al Gobierno

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    Carta al Gobierno