Confederación Sindical de Comisiones Obreras | 9 mayo 2024.

RDL aprobado por el Gobierno ante la guerra de Ucrania

“Medidas positivas pero insuficientes para proteger a las personas más afectadas por el incremento de los precios”

    CCOO saluda que el Gobierno haya tomado medidas para afrontar las consecuencias generadas por la guerra en Ucrania. En líneas generales, considera que las medidas responden a la emergencia en lo referido a precios de los combustibles; no resuelven aún cómo se va afrontar el problema de los precios energéticos, y se quedan cortas en la protección de las personas más afectadas por el incremento de los precios.

    29/03/2022.

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    El secretario general de CCOO, Unai Sordo

    El secretario general de CCOO, Unai Sordo

    Nos encontramos ante una espiral en los precios de la energía, que ya venían aumentando con el resurgir de la demanda tras el confinamiento provocado por la pandemia. La guerra también ha interrumpido importantes cadenas de suministro de otras materias primas que sobre todo impactan en el precio de los alimentos, que se ha disparado en el último año: 28,1% aceites y grasas; 19,9% pastas; 11,7% harinas; 10,5% comida para bebés; 9,5% carne de ovino; 9,4% arroz y leche; 7,5% zumos; 6,6% huevos; y 6,4% pan y carne de vacuno.

    Enfrentamos, por tanto, una crisis energética y alimentaria. Las medidas anunciadas por el Gobierno en cinco ámbitos (energético, transporte, tejido empresarial, y trabajadores y colectivos vulnerables) suponen una repuesta para encarar un escenario de alza en los precios que se supone coyuntural y, en consecuencia, solo durarán hasta junio. Este escenario de carácter coyuntural es el esperado por el Banco Central Europeo (BCE) en sus últimas previsiones, con una vuelta al objetivo de inflación el año que viene en sus escenarios base y adverso, y una inflación del 2,7% en el severo para el conjunto de la Eurozona. Sin embargo, la incertidumbre sigue siendo muy grande sobre la posibilidad de que los precios altos de la energía y alimentos se mantengan durante más tiempo, lo que dependerá de la evolución del conflicto armado. 

    CCOO piensa que, aunque los altos precios de la energía no persistieran a medio plazo, el Gobierno debería aprovechar la actual situación -que ha puesto de manifiesto los altos costes de nuestra elevada dependencia energética exterior- para tomar medidas estructurales y acelerar la transición verde. Con este fin, el Gobierno debe invertir también los 70.000 millones en créditos blandos disponibles en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y hacer cambios en la movilidad en línea con las recomendaciones de la Agencia Internacional de la Energía para reducir el consumo de hidrocarburos. En este sentido, solo se incluye en el RDL la agilización de los procedimientos relativos a los proyectos de energías renovables y el fomento del autoconsumo.

    Respecto a los principales contenidos del RDL, CCOO cree que una bajada generalizada de precios de combustible (20 céntimos por litro de combustible, 15 financiados por el sector público y 5 por las petroleras) o impuestos sobre la electricidad (10% IVA, 0,5% generación y exención IE electricidad), que serán sufragados por toda la ciudadanía española, puede ser una salida de emergencia razonable al conflicto en el transporte por carretera. "Pero eso no debe equivocarnos. No debieran utilizarse estas medidas coyunturales como salidas en falso a la necesaria reconversión de un sector (el del transporte) donde las posiciones de personas autónomas y pequeñas empresas las hace tremendamente vulnerables al alza de gastos fijos y precios tarifados. Las personas asalariadas del transporte siguen siendo las principales paganas de esta forma ineficaz de organizar un sector, impulsada desde hace décadas", según CCOO.

    El hecho de hacer extensible esta medida más allá del ámbito del transporte (que no hubiera sido la mejor manera de enfrentar la situación en condiciones normales) tiene la finalidad de alcanzar a toda la población, es una rebaja similar a la aprobada en Alemania y Francia, y fue demandada por las organizaciones sindicales ante la excepcionalidad de la situación. La reducción corre el riesgo de ser absorbida por productores e intermediarios –como, de hecho, ya ha ocurrido en algunas gasolineras tras el anuncio- y no hay que olvidar que tiene un carácter regresivo y, por tanto, indeseable a medio plazo.

    CCOO cree que las medidas deberían tener un carácter más quirúrgico y focalizado, y dirigirse a las actividades empresariales más afectadas por el alza de los precios de la energía y a los hogares vulnerables. En esta línea, sí están la rebaja del 80% de los peajes de las industrias electro intensivas, el apoyo a la industria consumidora de gas y las medidas en favor del transporte marítimo y terrestre (con 450 millones en ayudas directas) y agrícola, ganadero y pesquero (con otros 650 millones).

    CCOO demandó del Gobierno, y ve positivo, suspender los despidos por el alza de los precios energéticos en empresas que reciban ayudas, así como limitar el alza de los alquileres al 2% en los próximos tres meses, aunque piensa que estas medidas deberían extenderse, como mínimo, hasta final de año. 

    También le parecen positivas la mejora del 15% del IMV durante tres meses o la limitación a 67-70 euros el kWh en los contratos de suministro eléctrico revisados o renovados para evitar los beneficios caídos del cielo. Igualmente, es positiva la extensión hasta junio de descuentos más altos en el bono social eléctrico, así como el incremento en el número de hogares beneficiarios (+600.000 hogares), su extensión por bienios y la inclusión automática de los beneficiarios del IMV. No obstante, el aumento del número de hogares beneficiarios del bono social eléctrico debería haberse acompañado de la ampliación del consumo eléctrico anual subvencionado, que actualmente es insuficiente. Por otro lado, si no se mejora el mecanismo de acceso al bono social eléctrico y térmico, la ampliación de personas beneficiarias propuesta por el gobierno se puede quedar en agua de borrajas. 

    Sin embargo, donde CCOO ve en el RDL un claro desequilibrio es entre la ayuda recibida por las empresas más directamente afectadas por la crisis (2.200 millones de euros) y los hogares vulnerables (140 millones de euros). CCOO está de acuerdo con el apoyo a estas empresas, pero piensa que el gobierno ha sido cicatero con las personas vulnerables. CCOO defiende la entrega de un bono extraordinario de 300 euros a los casi 9,6 millones de asalariados que tienen ingresos mensuales inferiores al SMI, parados registrados y beneficiarios de pensiones mínimas o PNC. Un bono no adscrito a consumos energéticos sería más eficaz pues la crisis que se enfrenta es también alimentaria. Además, el 64% de las beneficiarias serían mujeres y su coste sería de 2.870 millones de euros, financiables con el aumento de la recaudación producida por el alza de los precios de la energía.

    NEGOCACIONES DEL AENC

    Para CCOO, medidas de este tipo hubiesen facilitado alcanzar un acuerdo salarial en el marco de las negociaciones del AENC, que ahora aparece sumamente complicado. Las personas con salarios en el entorno del SMI no pueden apretarse el cinturón en esta coyuntura de precios altos, y alcanzar un acuerdo sobre salarios requiere garantizar el poder adquisitivo a través de las cláusulas de revisión salarial, y transferencias públicas para hacer frente a los incrementos de gastos en los hogares. El sindicato seguirá reclamando al ejecutivo medidas más ambiciosas en este sentido.

    Por último, CCOO insta al Gobierno a no ceder ante la pretensión de los partidos de la derecha y extrema derecha para proceder a una bajada significativa de impuestos. Esta trampa anti-impuestos pondría en poco tiempo a nuestro país en una situación de vulnerabilidad extrema, y sería el acto previo a una intensa política de recortes sociales.

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