Confederación Sindical de Comisiones Obreras | 1 mayo 2024.

La Ley orgánica de FP debe servir para mejorar el derecho a la formación de las personas trabajadoras

    La nueva Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la FP, promovida por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y que se ha publicado este viernes, forma parte de las políticas públicas que deben garantizar la formación y readaptación profesionales de la población activa en desarrollo del artículo 40.2 de la Constitución. Esta es una política compartida, entre otros, con el Ministerio de Trabajo y Economía Social, competente en las políticas activas de empleo y la formación en el marco de la empresa.

    01/04/2022.
    Formación profesional

    Formación profesional

    Esta Ley sustituye a la Ley 5/02 de las Cualificaciones y FP, asumiendo en exclusiva el Ministerio de Educación y FP la competencia en materia de formación acreditada que se regulaba en aquella, modificando determinados aspectos y añadiendo otras cuestiones desarrolladas posteriormente, como es la formación dual.

    En la cualificación y recualificación de las personas en el trabajo tenemos también una responsabilidad las organizaciones sindicales y empresariales.

    La formación profesional no se agota en el marco establecido por esta nueva Ley, que ordena la oferta en el ámbito educativo, y en la medida en que mejore en cantidad, calidad y equidad debe ser una oportunidad para mejorar el ejercicio del derecho a la formación, que sigue siendo una responsabilidad compartida y que sin duda tiene en nuestro país importantes carencias.

    Necesitamos cambiar el enfoque sobre la oferta y demanda de cualificación, más aún en el contexto de las políticas europeas y el Plan de Recuperación, Transición y Resiliencia con el que se pretende impulsar la transición digital y ecológica bajo el principio de inclusión. Es hora de dar respuesta a las necesidades de formación atendiendo a los déficits de los sistemas de formación para garantizar el acceso a la educación, la cualificación y la recualificación.

    Tenemos un serio problema de garantía de estos derechos, que se ha agudizado desde el 2008 y que se refleja en indicadores como el abandono educativo, la baja participación de personas adultas en la formación (11%), la baja cobertura en la formación de personas en desempleo (entre el 5 y el 6%), el escaso compromiso con la formación de sus trabajadores por parte de muchas empresas (continuo descenso de la inversión desde el 2014) o la dificultad de acceder a permisos de formación y su escasa difusión, entre otros.

    La nueva Ley, que establece una ordenación flexible de la oferta, debe afrontar el reto (junto al sistema de formación en el trabajo competencia del Ministerio de Trabajo y Economía Social y pendiente de reforma a su vez) de garantizar el derecho a la formación a lo largo de la vida, que no es otra cosa que la generación de oportunidades en los distintos sistemas para atender las necesidades en diferentes situaciones. No es lo mismo la formación de los y las jóvenes que la atención a personas en desempleo o la actualización profesional en las empresas, donde estas tienen una gran responsabilidad en facilitar diagnósticos, recursos y tiempo a las personas trabajadoras, y donde la negociación colectiva es una herramienta fundamental para evitar la discriminación.

    Entre las cuestiones que más se han destacado de la nueva Ley se encuentra la regulación de la formación dual. La reciente reforma laboral, que debe acompañar el cambio de modelo productivo, es una oportunidad para que la formación no se convierta en otra vía de precarización de la inserción, ya no de la población más joven, sino de toda la población activa. El periodo transitorio establecido en la Ley para aplicar el contrato formativo en alternancia a la formación dual, que se ha fijado en el 2028, no es una buena noticia y parece mostrar poca confianza en la capacidad del tejido productivo para asimilar el sentido de la reforma de la formación profesional, claramente volcada a adaptarse a los requerimientos de las empresas.

    Desde CCOO reivindicamos el fortalecimiento de los centros públicos y su papel activo en la transformación del entorno productivo, el empleo y la demanda de cualificación, mejorando recursos y servicios como son la orientación profesional, la acreditación de la experiencia, etc., vinculando la oferta, entre otros, a afrontar los retos del cambio climático y la desigualdad social.

    Hay cuestiones compartidas por el sistema educativo y labora que habrá que trabajar conjuntamente, entre ellas la participación de las organizaciones sindicales y empresariales en la gobernanza, el análisis de la evolución del sistema productivo y los requerimientos de cualificación, la planificación y programación de la oferta de las distintas administraciones para evitar el solapamiento de destinatarios, colectivos, etc., y sin duda la evaluación de las políticas de formación.

    La Ley de Ordenación e Integración recién publicada, que confiamos permita mejorar el acceso a la formación, abre en todo caso un largo periodo para su desarrollo normativo, en el que CCOO vamos a insistir en su necesaria articulación con el sistema de formación en el trabajo para garantizar, también en el marco de la negociación colectiva, el acceso de trabajadores y trabajadoras a una formación de calidad.

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